Nunca, dicen en Antofagasta, ha dado una entrevista. Pero su opinión contra la corrupción y el crimen organizado es tajante, con un foco claro en empatizar con las víctimas, que pueden ser los mejores aliados para aclarar los delitos, según Cristián Aguilar, el fiscal detrás del Caso Convenios. Y así lo dejó claro cuando compitió, sin suerte, para estar en la terna para fiscal regional de Antofagasta el 5 de agosto.
Quién es. Cristián Aguilar “por sobre cualquier cosa, es una persona hermética”, lo define Timeline, el mismo medio que destapó el Caso de Democracia Viva, en el que están formalizados Daniel Andrade (ex director de Democracia Viva) y Carlos Contreras (ex Seremi de Vivienda), por delitos de fraude al Fisco. Y que ha salpicado a Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso, Giorgio Jackson, ex mano derecha del Presidente Gabriel Boric y Javiera Martínez (Dipres), a quienes el fiscal tomará declaración desde el jueves.
No es la primera vez que Aguilar maneja un caso de alta connotación pública en Antofagasta. Estuvo detrás de la condena de los tres autores del homicidio calificado de Byron Cortés, un joven camionero lanzado desde un puente en la autopista de Antofagasta.
Otro caso bullado fue el de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, a quien condenó a 5 años y 1 día de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco. Quienes lo conocen lo describen como un tipo sagaz y gran investigador.
Desde julio pasado, Aguilar es fiscal preferente para el Caso Convenios, que se dio a conocer con una publicación de Timeline, sobre tres convenios suscritos por el Minvu con la fundación Democracia Viva.
Su propuesta. Aguilar rehúye los medios, pero su punto de vista se puede conocer revisando sus declaraciones cuando fue candidato a la terna para el Fiscal Regional. En esa instancia propuso “una Fiscalía de Alta Complejidad destinada a la investigación de delitos de corrupción y delitos complejos en los que importaría tener en consideración como parámetros el número de personas afectadas. Me refiero al número de víctimas, el número de delitos, forma de comisión, clase de delitos, que sin duda permitirían realizar una investigación que pudiera tener éxito”.
De modales austeros, sin aspavientos, la corbata un poco suelta, también planteó reforzar “la Fiscalía SACFI de Focos y Análisis Investigativos con una persecución penal eficiente en delitos priorizados, entre los cuales por mayor impacto en nuestra comunidad se encuentra el crimen organizado y los homicidios en el contexto de bandas criminales”.
Su historia. Nacido en Santiago en 1971, Cristián Aguilar Aranela egresó en 1989 del liceo José Victorino Lastarria de Providencia, tras lo cual estudió derecho en la Universidad Diego Portales. Se tituló en 1996. Además es Magister en Derecho Procesal Penal y Comunicación Forense de la Universidad Central de Chile.
Su carrera se ha desarrollado en Antofagasta. Desde el año 2001 hasta el año 2004, se desempeñó como Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Taltal. Posteriormente, desde el año 2004 al año 2007, fue Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Antofagasta, particularmente en la especialidad de Delitos Sexuales. A partir de octubre del 2007 y hasta 2015, se desenvolvió como Fiscal Regional de la ciudad de Antofagasta.
Entre 2015 al 2016 trabajó como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Antofagasta y finalmente desde el año 2016 en adelante, ha sido fiscal adjunto como Jefe de la Fiscalía Local de la misma ciudad. Asimismo, ha realizado funciones como docente en universidades de la ciudad de Santiago y de Antofagasta; al igual que en la Academia Judicial de Chile. Ha publicado muchos libros en el área tanto de Derecho Penal como de Derecho Procesal Penal.
El caso. Reconocido como metódico y perfeccionista, es probable que los 6 meses que inicialmente dio el tribunal para la investigación del caso Democracia Viva, terminen extendiéndose aunque es difícil que se acerquen a los 2 años que permite como máximo la ley, considerando la formalización de Daniel Andrade (ex director de Democracia Viva) y Carlos Contreras (ex Seremi de Vivienda), por delitos de fraude al Fisco. El fiscal investiga si se ha pactado un convenio entre personas vinculadas, destinando los recursos al pago de sueldos. Además, Democracia Viva no cumpliría con los requisitos para adjudicarse el programa involucrado.
“El señor Contreras excedió en sus facultades sin fundamento alguno, justificación o razón, e instruyó el día 12 de julio de 2022 a Alfonso Legunda Zatas, jefe del Departamento de Planes de la Seremi (de Vivienda) de Antofagasta, que contactara a Daniel Andrade Swarze, representante legal de la Fundación Democracia Viva, para que fuera receptora de los fondos públicos de los convenios, proporcionándoles sus contactos”, dijo Aguilar.
Las sospechas. De acuerdo al Ministerio Público se produjeron al menos tres delitos: haber pactado el convenio entre personas relacionadas; haber gastado los fondos en honorarios que superaron lo fijado en una resolución exenta; y haber omitido que la fundación no cumplía con la totalidad de los requisitos para adjudicarse los $426 millones que le fueron asignados por el seremi Contreras.
Algo nervioso pero muy seguro de sus palabras, el 5 de agosto, cuando intentó sin éxito quedar en la terna para fiscal regional, Aguilar señaló: “Me preocuparé de priorizar la investigación y persecución penal de los delitos de homicidio, femicidio, violación, abuso sexual, corrupción de menores, robo con intimidación y violencia, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, corrupción, crimen organizado y receptación de vehículos motorizados”. Su discurso tal vez fue menos histriónico que el de otros candidatos.
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Las dudas sobre la versión de Crispi en el caso Democracia Viva
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