El juez, quien integra la Sala Civil, dijo que el régimen de emergencia -cuya renovación se vota este miércoles en el Congreso- debe mantenerse “hasta que se deponga cualquier atisbo de violencia”. No es primera vez que habla -de manera “estrictamente personal”, como remarca- sobre la situación. En 2021 elaboró un informe crítico sobre la seguridad de los tribunales de Cañete que determinó que la Suprema dictara medidas.
Qué observar El ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, quien en julio de 2021 elaboró un crítico informe sobre la seguridad de los tribunales en Cañete, dijo el lunes 27 a El Mercurio sobre la Macrozona Sur que es “partidario de mantener el régimen de emergencia en la zona hasta que se deponga cualquier atisbo de violencia, alteración o anormalidad y se establezca una pacífica y sana convivencia cualquiera sea el objetivo que se pretenda alcanzar”.
- Consultado por Ex-Ante, el ministro, quien es visitador de los tribunales de la Región del Biobío, señaló que “en mi opinión estrictamente personal, la violencia descontrolada en esta zona del Biobío ha resurgido como símbolo de lucha colectiva de reivindicación de algunos grupos estratégicamente organizados. Debemos por tanto tratar de abrir un espacio, como sociedad civil, que ponga atajo a estos estragos, dejando de lado el camino de la violencia, superando las diferencias y regenerando las confianzas a través del diálogo mesurado y, desde luego, la razón y la concordia cualesquiera sean los grupos que intervienen”.
- “Por este motivo y por la atenta observación de la realidad, soy partidario del mantener el régimen de excepción constitucional hasta que se adopten los compromisos de deponer cualquier amenaza o hecho violento permitiendo restablecer una convivencia pacífica en esta zona”, agregó.
- No es primera vez que Prado, quien es ministro de la Primera Sala Civil, se refiere en forma personal a la situación de violencia rural de la zona. En octubre de 2021, dijo que “necesitamos que se refuerce el orden público, necesitamos que se ejerza la autoridad. Y la manera de ejercer esa autoridad es de quien tiene el monopolio de la fuerza pública. Esto es como la regla de tres: no hay otra”.
Informe a la Suprema. Arturo Prado es ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Concepción y, en ese contexto, en julio de 2021 elaboró un informe que derivó en que la Corte Suprema tomara medidas de resguardo de jueces y funcionarios de los tribunales de Cañete.
- Para ese informe Prado recogió testimonios de funcionarios judiciales de Cañete y en el documento dijo que “la palabra que reiteradamente se repetía y utilizaba era ‘miedo'”.
- “Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aún cuando permanezcan con trabajo a domicilio”, señaló en el documento.
- El informe, a su vez, fue unos de los factores determinantes para que la administración de Sebastián Piñera decretara el estado de excepción, el 12 de octubre de 2021, en las provincias de Arauco y Biobío (Región del Biobío) y en Malleco y Cautín (La Araucanía). Una medida que el gobierno del Presidente Gabriel Boric también tomó, pero de forma “acotada”, y cuya renovación se vota el 29 de junio en el Congreso.
Quién es. Arturo Prado Puga es ministro de la Corte Suprema desde agosto de 2017. Su nombre fue propuesto por la ex presidenta Michelle Bachelet y su cupo corresponde a los asientos de abogados y abogadas externas al Poder Judicial. El Senado lo ratificó por 25 votos a favor, uno en contra y una abstención.
- Durante 2022, Prado formó parte de la Comisión Constitucional de la Corte Suprema que entregó tanto insumos como dudas sobre algunas normas aprobadas por la Convención respecto de los cambios al Poder Judicial, que en el borrador del nuevo texto pasó a llamarse Sistema Nacional de Justicia. El grupo estaba integrado, además, por la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco y los ministros Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, Diego Simpertigue y Manuel Antonio Valderrama.
- Es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Y, desde 1988, es profesor de derecho comercial de la U. de Chile.
- Antes de convertirse en juez, trabajó durante 40 años en el BCI. Cuando renunció era gerente del área judicial.
- En la quina que elaboró entonces el Pleno de la Suprema, fue quien sacó más votos: 11. Luego lo escogió la ex presidenta Bachelet y su nombre lo visó el Senado.
- Fue también hasta 2012 abogado integrante de la Primera Sala Civil de la Corte de Apelaciones.
- Entre 2017 y 2019, fue juez de la Tercera Sala Constitucional de la Suprema. Allí formó parte de los votos de mayoría que comenzaron a asentar un criterio respecto de los fraudes informáticos respecto que era el banco el responsable y no el cliente.
- En 2019 el juez fue parte del voto de mayoría de la Suprema en un fallo que se pronunció, por primera vez, por sobre el uso de aplicación Airbnb, cuando se le dio la razón a la administración de un edificio en Las Condes que pedía las prohibición de los arriendos por esa vía.
- Sin embargo, en La Tercera Sala Constitucional, Prado fue voto de minoría en las causas sobre derecho a la salud, cuando se ordenó al Estado pagar costosos tratamientos invocando el derecho a la vida. Su argumento fue que Fonasa carece de presupuesto.
Qué piensa sobre la Macrozona Sur. El 13 de octubre de 2021, Arturo Prado Puga escribió una carta a El Mercurio que se tituló “Primavera en Cañete”.
- En ese texto, dijo que “los hechos de inusitada violencia que últimamente se han venido repitiendo, con tomas, desalojos, emboscadas y enfrentamientos, muestran la sombra de un problema que recrea pobreza, subdesarrollo, expectativas frustradas, y angustias mal atendidas”.
- “Un ambiente de vecindad que deja adivinar la inquietud por la seguridad de sus lugareños y de aquellos que se transportan hacia ella, que se eleva incansablemente por encima de los cielos encapotados de las permanentes nubes que se funden e iluminan el paisaje”, agregó.
- Once días después, el 23 de octubre de 2021, volvió a enviar una carta al diario, titulada “Por quién doblan las campañas”, en la que se refirió al homicidio Cristian Pincheira Pedraza (34), quien el 16 de octubre de ese año fue asesinado por cuatro encapuchados, en su casa en un sector rural de Cañete, tras intimidarlo y robarle $2 millones.
- “Llegó el momento de decir con voz fuerte y clara que no queremos continuar con estas luchas; que queremos hacer nuestro el dolor de todas estas comunidades que sufren, y que no queremos seguir mirando el espejo de la violencia, del terror y la provocación”.
- También, en una entrevista que concedió a Pauta, en octubre del año pasado, dijo que “mantener el orden público es cada vez más difícil, pero esa no es una tarea nuestra. (…) Todos los días existen ataques a empresas forestales, a personas que viven por los caminos. Y a pesar de que hay formalizaciones, hay usurpaciones de tierra; hay homicidios frustrados, otros consumados; hay lesiones más o menos graves, y hay amenazas. Es decir, esto se repite y se repite y se repite”.
- Otra de sus frases fue: “Es evidente que esta situación tiene que ser ordenada. Tiene que de alguna manera prosperar y propiciar el diálogo; hay que hacerlo. Hay que sentarse y buscar una salida a este problema y la forma de hacerlo es de una manera tranquila, sosegada, donde no esté la amenaza latente de que todo se va a consumar en un hecho violento”.
Las cifras de Cañete. El ministro Prado señala a Ex-Ante que la jurisdicción de la comuna de Cañete es la que presenta una mayor concentración de casos relacionados con violencia rural, y que en 2021 en el Tribunal Oral en lo Penal se dictaron cinco sentencias definitivas, mientras que dos en 2022.
- “Durante los años 2018 a 2022, en el Tribunal de Garantía de Cañete se procesaron 198 causas que se han podido identificar; 82 se encuentran en tramitación, 92 fueron concluidas, y 24 fueron suspendidas, en referencia a alguna identificación de ‘violencia rural’”.
- “Otro antecedente se refiere al inicio de las acciones penales por querellas. Desde el año 2007 a la fecha un 27,67% es correspondiente a (empresas) forestales; 9,71% por querellante particular; 27,18% por la Intendencia; 32,53% por la Gobernación; 0,97% por la Municipalidad de Cañete; un 1,46% por Instituto de Derechos Humanos; y un 0,49% por entidades gremiales”.
- Y agrega que en el Juzgado de Garantía de Arauco se mantienen en tramitación, entre 2020 y 2021 cuatro causas por usurpación de tierras no violenta, y una, en lo que ha transcurrido de 2022, correspondiente a usurpación violenta.
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