Primeras votaciones en el pleno zanjan nudos políticos que han enfrentado a los bloques desde el inicio del proceso constitucional

Durante la primera semana de trabajo en el pleno del Consejo Constitucional se resolvieron algunos de los conflictos que han enfrentado al oficialismo y la oposición desde el inicio del trabajo de la Comisión Experta. La propiedad e inexpropiabilidad de los ahorros previsionales, la libertad de elección en el sistema de salud y el derecho a la vida de quien está por nacer, entre otras materias, fueron aprobadas con votos de la oposición, mientras que en el oficialismo levantan alertas y acusan que estas medidas imposibilitan la concreción de un Estado social y democrático, una de sus líneas rojas.

Las claves constitucionales de la semana

Luego del rechazo, el pasado viernes 15 de septiembre, de la enmienda de la oposición que establecía que “todo ser humano es persona” a causa de la abstención de cuatro consejeros de Chile Vamos, el miércoles 20 se retomaron las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional. En esta oportunidad, se despachó el capítulo sobre los derechos y libertades fundamentales del borrador de Constitución, refrendándose en la mayoría de los casos las normas aprobadas en las comisiones.

Lo anterior calmó los ánimos de los conglomerados de oposición, que vieron dañadas sus confianzas incluso entre los miembros de un mismo partido la semana pasada. La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) acusó falta de “convicción y principios” del resto de los consejeros, sobre todo en el cumplimiento de los compromisos, pues la enmienda que los consejeros de su bancada -Germán Becker (RN), Lorena Gallardo (RN) y Gloria Hutt (Evópoli)- no apoyaron, era una indicación de unidad de propósito, con firmas de Chile Vamos y Republicanos.

Tensión se traslada entre el oficialismo y oposición. Esta semana los principales conflictos se vieron entre el oficialismo y la oposición. La consagración de la protección de la vida de quien está por nacer, a diferencia del texto vigente que protege la vida del que está por nacer -con 33 votos a favor y 17 en contra- trajo aparejada una fuerte discusión.

• Los representantes del oficialismo estiman que se podría perjudicar la regulación del aborto en 3 causales. Sin embargo, en la oposición señalan que no se afectará después del rechazo de la norma que establecía que todo ser humano es persona.
• En el oficialismo, Verónica Undurraga (PPD) argumentó que la palabra “quien” y el artículo que define niño a todo menor de 18 años permitiría impugnar el aborto en 3 causales. La consejera Marcela Araya (PS) manifestó que las mujeres estaban en alerta, porque sus derechos sexuales y reproductivos están en peligro. Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (IND-PS), destacó que 4 consejeros de Chile Vamos permitieron la caída de la norma “todo ser humano es persona”, no obstante, advirtió que la palabra “quien” reitera dicho principio.
• Por la oposición, Natalia González (UDI) afirmó que el foco se había puesto en una supuesta prohibición de la interrupción del embarazo, lo que desde su punto de vista jurídico y político no es tal. Luis Silva, delegado republicano, señaló que la norma prácticamente replica el texto de la Constitución vigente y la consejera Pilar Cuevas (RN/Evópoli) aseguró que en su bancada nadie está por el aborto libre.

Qué dejaron las primeras votaciones

Objeción de conciencia institucional. Si bien la jornada del miércoles recompuso los ánimos en la oposición, también tuvo descuelgues de sus integrantes en dos votaciones de normas conflictivas para el oficialismo. Una de ellas es la objeción de conciencia institucional, que la elevó a un derecho fundamental, dejando de tener carácter excepcional.

• Si bien existen reparos en Chile Vamos, optaron por revisarla en la etapa de los expertos. Fue aprobada por 31 votos y 19 en contra, dentro de los cuales estuvo Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN).
• Esta regulación se incorpora en el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y fue una materia muy controvertida. Ivonne Mangelsdorff (RN) la considera de vital importancia para proteger a las personas en su actuar ciudadano
• En cambio, Aldo Valle (Indep.- PS) manifestó su preocupación por la amenaza potencial para el Estado de Derecho.

Cumplimiento de penas en el hogar. Hutt y Gallardo también marcaron diferencias con su sector al abstenerse y rechazar, respectivamente, la regulación que permite a los enfermos terminales cumplir su condena en sus casas, cuando no represente un peligro actual para la sociedad. El oficialismo acusa que es un perdonazo a los reos de Punta Peuco, ante lo que Karen Araya (PC) emplazó a los republicanos a cumplir el compromiso de eliminarla.

Derecho a vivir en un entorno seguro. Este derecho, propuesto por la bancada republicana, indica que es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada.

Consagración de la libertad de expresión. Otro de los artículos visados es el que consagra la libertad de expresión, información y opinión sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades por los delitos o abusos en su ejercicio. Asimismo, prohíbe que el Estado establezca verdades oficiales señalando que no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de expresión, que en ningún caso podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales.

Expulsión de extranjeros que ingresen de forma clandestina. En cuanto al derecho a la libertad personal y seguridad individual, se aprobó que los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible, por 34 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

• Al respecto, la consejera María Claudia Jorquera (UDI) indicó que el desorden migratorio de las últimas décadas ha resentido la convivencia y que no se trata de una política de puertas cerradas, sino que de buscar soluciones.
• Por su parte, el consejero Fernando Viveros (PC) precisó es un fenómeno complejo, que es necesario ordenarlo, pero también dotarlo de humanidad.

¿Libertad de elección vs. Estado social? El jueves fue una jornada con importantes definiciones en intransable de los bloques políticos y que han marcado tanto las discusiones de la Comisión Experta como la del Consejo Constitucional. El debate se centró en la libertad de elección y la materialización del Estado social y democrático de derecho, donde las materias visadas estuvieron la propiedad de los ahorros previsionales, la libertad de enseñanza y la limitación de la huelga a la negociación colectiva. El oficialismo es detractor de la mayoría de estas normas, pues estiman que atentan contra el corazón del Estado social. Se aprobó la libertad de elección de la aseguradora en salud y en pensiones, lo que para la izquierda implica constitucionalizar el modelo de las isapres y las AFP, pues no se podrían implementar sus ideas de avanzar hacia seguros únicos administrados por el Estado.

• Sobre salud, se aprobó que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas. Que podrá imponer cotizaciones obligatorias y que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que acogerse, sea estatal o privado.
• En esta materia, también se aprobó -por 32 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención- que la ley establecerá un plan de salud básico universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, que será ofrecido por instituciones privadas y estatales. Se trata de una idea promovida en la Comisión Experta por el comisionado Teodoro Ribera (RN), y que en el consejo fue defendida por Germán Becker (RN) y Pilar Cuevas (RN).
• En materia de seguridad social, además del derecho a elegir la administradora de fondos y de la propiedad de las cotizaciones, se aprobó por unanimidad el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales.
• En aspectos laborales, se aprobó por unanimidad el derecho al trabajo decente, que la ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en su ejercicio y la proscripción de la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres.
• La libertad sindical tuvo enmiendas renovadas, aprobándose por 33 votos a favor y 17 en contra, que ésta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva.
• También se aprobó la enmienda de la oposición que no permite declararse en huelga a los funcionarios públicos o quienes laboren en corporaciones o empresas que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o seguridad del país.
• En educación, se logró avanzar -con 33 votos a favor y 17 en contra- en el derecho preferente de los padres o tutores legales a elegir el tipo de educación y establecimiento para sus hijos y que la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante para asegurar el acceso. Además, se aprobó que el Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo y que la enseñanza estatal y la reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. También se avanzó en el derecho a la educación de personas con necesidades especiales, para lo cual el Estado deberá garantizar su financiamiento, medida que contó con un apoyo de 40 votos a favor y 10 abstenciones en el pleno.

Vivienda adecuada y exención de pago de contribuciones. Por otra parte, se consagró el derecho a la vivienda adecuada, que señala que el Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia.

• En esta línea, con el objeto de asegurar este derecho social, la oposición también aprobó la exención del pago de contribuciones a los propietarios de inmuebles destinados a la vivienda principal.

Nacionalidad y ciudadanía. El viernes se votaron normas sobre estos temas, donde se aprobaron, entre otras disposiciones, que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, y el derecho a sufragio desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales.

• En cuanto a las causales para perder la calidad de ciudadano se establece la pérdida de la nacionalidad chilena y la condena de pena aflictiva. Además, se incorporó la condena por delito terrorista, de tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas, así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.
• Esto se aprobó por 36 votos (33 de la oposición y 3 del oficialismo), 13 en contra y una abstención del consejero José González (RD).

Lea también. El zapato chino de la izquierda. Por Jorge Schaulsohn (ex-ante.cl)

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