Junio 14, 2022

Primer nombramiento de Boric para la Suprema: el test de la ministra de Justicia, Marcela Ríos

Ana María Sanhueza
Ministra de Justicia, Marcela Ríos

Con una agenda concentrada sobre todo en temas de derechos humanos – y tras protagonizar una polémica en la que tuvo que corregirse por rehusarse a calificar si un condenado por el asesinato de los Luchsinger era un preso político- la ministra se encargará a de llevar las negociaciones para el que será el primer nombramiento de Boric en el máximo tribunal a partir de una quina. El conocimiento del Poder Judicial, y el diálogo con el Senado son clave.


Qué observar. A tres meses de su llegada al Ministerio de Justicia, la socióloga Marcela Ríos dará su primer test político ante el Senado, hasta donde el gobierno debe hacer llegar el nombre del que será el primer nombramiento de Presidente Gabriel Boric en la Corte Suprema para llenar el cupo que dejó la jueza Rosa Egnem. El conocimiento del Poder Judicial, y la capacidad de negociación en el Parlamento, son clave para el éxito de su misión, que requiere de un quórum dos tercios de los parlamentarios.

  • Hasta ahora, el despliegue de la agenda de Marcela Ríos – la primera ministra de Justicia desde 1990 que no es abogada- ha concentrado en temas de derechos humanos. Primero con el indulto a los presos del estallido social y, tras el anuncio del Presidente Boric en su cuenta pública, con el plan de búsqueda de 1.162 desaparecidos de la dictadura militar.
  • Su nombramiento en Justicia, el 1 de febrero, causó sorpresa en la Corte Suprema debido a su profesión: es socióloga de la Universidad de York en Canadá y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos.
  • Trabajó 14 años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue vicepresidenta del directorio de Comunidad Mujer.
  • Es militante de Convergencia Social, el mismo partido de Boric.
  • En la estructura del Ministerio, la subsecretaría de Justicia está a cargo del abogado constitucionalista y militante del PC, Jaime Gajardo. Mientras que el subsecretaría de Derechos Humanos, la profesora de Educación Básica y ex directora de la Corporación de Familiares de Ex-Prisioneros Políticos Fallecidos, Haydee Oberreuter.

Los vínculos con el Poder Judicial. En la División Judicial del Ministerio de Justicia está el abogado Pablo Fuenzalida, quien trabajó más de 15 años con el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto. Se trata de un cargo estratégico -que en la anterior administración lo ocupaba Héctor Mery- y que ve los nombramientos judiciales y notariales, entre otros.

  •  Marcela Ríos se ha acercado al Poder Judicial en tres ocasiones. La primera fue una visita protocolar, antes que asumiera en Justicia, al presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes. Luego tuvo una reunión, también con Fuentes, pero acompañada con sus dos subsecretarios, Gajardo y Oberreuter. El tercer encuentro fue una exposición ante el Pleno de la Corte Suprema.
  • Ríos también encabeza la  Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, una instancia creada por ley, de carácter permanente y consultivo, de las que son parte las autoridades relacionadas con la reforma del proceso penal.
  • En esa comisión participan el subsecretario de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional, el presidente del Colegio de Abogados y los directores de Carabineros y la PDI.
  • Entre los proyectos principales que tiene en su agenda, además de la agenda de derechos humanos, está el reimpulso de la Ley Sayén -un proyecto de 2019 de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana-para  modificar el Código Procesal Penal sobre la prisión preventiva y suspensión de ejecución de la sentencia de mujeres y personas gestantes que tengan hijos o hijas menores de tres años.
  • La Ley Sayén fue impulsada tras el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue condenada a cinco años de cárcel por robo cuando tenía cuatro meses de embarazo. Parió engrillada en presencia de un gendarme. La Corte Suprema acogió un recurso de amparo a su favor y el fallo es considerado el primero con perspectiva de género.
  • Ríos también se ha enfocado en el  Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplaza al Sename.

Una quina contra el tiempo. Los últimos nombramientos en la Corte Suprema los realizó el ex presidente Sebastián Piñera, y fueron ratificados en enero por el Senado: de María Cristina Gajardo, quien es abogada externa, y Diego Simpértegui, un juez de carrera.

  • La designación por parte del gobierno de quien reemplace a Rosa Egnem corre contra el tiempo. Esto, porque de ganar el Apruebo, sería el último nombramiento con el actual sistema en el que interviene el Senado. En el Senado la ministra debe consensuar un nombre y ya se iniciaron las primeras conversaciones entre Ríos y algunos senadores, señala un parlamentario.
  • Simpértegui fue promovido por la centroizquierda, por lo que en el próximo nombramiento para la vacante de Rosa Egnem, la derecha tendrá un papel clave. Precisamente, es el que debe impulsar la ministra de Justicia con el trabajo de jefe de la división judicial, Pablo Fuenzalida.
  • El Pleno de la Corte Suprema entregó a mediados de mayo la quina con sus propuestas para integrar el máximo tribunal. En esa quina, la Suprema volvió a enviar una señalar al incluir a dos ministras de la cortes de apelaciones de Santiago a quienes ha puesto en sus listas desde 2020: Jéssica González y Soledad Melo. También sumó al juez de la Corte de San Miguel-cuyo nombre también se reitera- Roberto Conteras.
  • El Pleno también agregó un nuevo nombre: la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcia del Carmen Undurraga, quien postula por primera vez a la Suprema. El quinto nombre es el de Sergio Mora, quien integra la lista por derecho propio al ser el más antiguo de la categoría.

Su complejo debut. El 13 de abril, cuando la ministra Marcela Ríos presentó su agenda legislativa ante la Comisión de Constitución en el Senado, tuvo un primer traspié. Fue Alfonso de Urresti (PS) le preguntó por qué en el paquete no venía la propuesta de indulto a los presos del estadillo social. Y le recordó que se enteraron por otra senadora que el gobierno le podría urgencia.

  • La Comisión de Constitución del Senado, que presidente el DC Matías Walker, es precisamente la instancia donde se produce el primer filtro de los candidatos el gobierno a la Corte Suprema. También es la comisión que analiza el proyecto de indulto a los presos del estallido social.
  • Actualmente, es la comisión en la comisión a la que Ríos va usualmente y donde ha establecido una buena relación con algunos parlamentarios.
  • El 8 de mayo, cuando llevaba dos meses en el ministerio, en una entrevista a El Mercurio, Marcela Ríos dijo que “el indulto a los presos de la revuelta es un compromiso, una prioridad”. Y agregó que “también sabemos que no contamos con todo el apoyo que necesitamos en el Senado para que nos apruebe en sala”.
  • Luego que su cuenta pública el presidente Boric no mencionara el indulto, Ríos dijo que “vamos a seguir trabajando para sanar esas heridas. Vamos a presentar una propuesta cuando tengamos el acuerdo de los comités de los senadores y senadoras”.
  • Uno de los mayores traspiés de Ríos ocurrió cuando, en esa misma entrevista en El Mercurio del 8 de mayo, le preguntaron si Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio  Luchsinger Mackay, era un preso político o un homicida. Respondió que “no me compete pronunciarme”.
  • Al día siguiente, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, debió aclarar los dichos de Ríos: “Con total claridad y firmeza, Celestino Córdova es un preso común que ha sido condenado por un incendio con resultado de muerte. Un delito sumamente grave”
  • Ríos también debió corregir sus dichos: “Quisiera aclarar respecto del caso de Celestino Córdova, tanto para este ministerio como para esta ministra, se trata de un preso común, condenado por un homicidio. Ante una pregunta en que se me preguntaba sobre una falsa dicotomía, la respuesta iba en línea con plantear el respeto a los fallos judiciales, pero en ningún caso en desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio”.

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