La discusión de la Ley de Presupuestos 2024 ha estado cruzada por el caso Convenios, que estalló con los traspasos de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD). Ayer, la víctima de turno fue la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez (militante RD), a quien se le negó la entrada a la Sala de la Cámara de Diputados, para la sesión donde se debía votar en general el erario 2024. Más allá del castigo político aplicado por la oposición -con la consecuente molestia de Mario Marcel- lo relevante en este caso es identificar si la Ley de Presupuestos se hace cargo del problema de fondo.
Antes de entrar al análisis, es importante recordar que abordar las causas de la “debilidad institucional” de nuestro Estado, no puede ser excusa para no perseguir con fuerza las responsabilidades penales, administrativas y políticas de los actos de corrupción a los que nos enfrentamos. Aquí, se equivoca rotundamente la ministra Vallejo cuando, luego de conocer el informe de Contraloría sobre traspasos de municipios y GORES, afirmó que esto no tiene que ver con un “modus operandi”, sino con “una debilidad institucional que lo permite”. Si, como deja entrever la ministra, la “oportunidad hizo al ladrón”, hay que preocuparse tanto de minimizar esa oportunidad como de perseguir y castigar al ladrón. Son dos objetivos independientes e igualmente importantes.
Volviendo a la Ley de Presupuesto 2024, ¿se hace cargo de las debilidades institucionales en materia de transferencias a terceros? La respuesta corta es que si bien las nuevas disposiciones incluidas por el Ejecutivo apuntan en la dirección correcta (muchas de ellas responden a las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada), todavía no son suficientes para mejorar el marco de transferencias de largo plazo.
En sus artículos 23 al 28, la Ley de Presupuestos incorpora una serie de nuevas exigencias para las transferencias a organismos públicos y privados. Se establece la concursabilidad como norma general, tanto para transferencias corrientes como de capital; que la institución ejecutora tenga al menos dos años de antigüedad y que su objeto social guarde relación con el convenio; se entregue boletas de garantía por un mínimo del 5% de los recursos; y que las rendiciones deban hacerse a través del sistema electrónico de Contraloría (SISREC). También se establecen una serie de normas para regular conflictos de intereses para el servicio público que otorga los fondos y obligaciones de transparencia activa para las entidades receptoras.
Uno de los riesgos que se corre con incluir nuevas exigencias es rigidizar el presupuesto y coartar en extremo la actuación de los organismos de la sociedad civil en el ámbito de lo público. En este sentido, hay algunas disposiciones que podrían modificarse. Por ejemplo, la ley debería permitir casos de trato directo en caso de emergencia o urgencias, como también permitir la subcontratación por parte de la institución ejecutora (Ley 19.886, arts. 8 y 15). Es de esperar que indicaciones de este tipo puedan incorporarse en trámites posteriores de la discusión de la ley.
Si bien estas nuevas exigencias permitirían un mejor control de las transferencias para el próximo año, por si solas no van a solucionar el problema de fondo. Recordemos que la Ley de Presupuestos es de carácter anual, por lo que nada garantiza que estas se mantengan en el futuro.
En el largo plazo, se requieren cambios estructurales. Primero, una ley marco de transferencias que apunte a mejorar la eficiencia y transparencia de todas las transferencias de recursos públicos. Segundo, una reforma profunda al empleo público que termine con los regímenes actuales de planta, contrata y honorarios (todos permeables al ciclo político) y establezca una única carrera funcionaria, de carácter técnica y meritocrática. Tercero, avanzar con gradualidad y responsabilidad en el proceso de descentralización administrativa. Más recursos a gobiernos regionales y municipios deben venir acompañados de más capacidades y mejores herramientas de control y transparencia.
Con el tiempo, el portazo que recibió ayer la directora de Presupuestos se olvidará. Lo que no podemos olvidar es la responsabilidad que hoy tenemos de fortalecer el control y transparencia de nuestro Estado en el largo plazo, para que casos de corrupción como este, no vuelvan a ocurrir.
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