El Colegio de Profesores ha presentado acciones judiciales en regiones, pero no lo ha hecho en Santiago, donde la violencia en los liceos emblemáticos llegó hace pocos días a que la rectora del INBA fuera rociada con bencina por encapuchados, amenazando con quemarla viva. Existen dos versiones sobre esta situación. Una, de la presidenta comunal del Colegio de Profesores, Ilonka Leiva, quien apunta a que “no hemos presentado querellas porque desconocemos la identidad de los responsables”. La otra, del presidente nacional del gremio, Carlos Díaz. “Las querellas se apoyan donde los docentes están disponibles para querellarse”, dice.
Qué observar. En la página web del Colegio de Profesores aparece que el gremio ha impulsado una serie de medidas para proteger a los docentes de agresiones estudiantiles, como un teléfono de emergencia para recibir asistencia jurídica y una encuesta sobre la violencia en los espacios educativos, con el fin de resguardar a los profesores frente a eventuales represalias luego de efectuar denuncias.
- En regiones, donde los casos son más aislados, el Colegio de Profesores ha entablado acciones judiciales contra quienes resulten responsables por casos de agresiones o amenazas a los profesores. Ejemplos hay varios.
- Una de las querellas impulsadas tuvo lugar en Valparaíso, donde la ex profesora del Centro Educativo Florida, Andrea Romero, quedó semi inconsciente tras ser atacada por dos mujeres. Esto sucedió tras recibir amenazas de muerte desde el año 2020, luego de denunciar el maltrato recibido por un estudiante en su casa y quedarse con la custodia del menor.
- Otro caso sucedió en Chimbarongo el pasado 10 de septiembre, cuando Luis Torrealba, un profesor de 66 años, recibió un golpe con una silla por parte de un apoderado. Junto con patrocinar la querella, en la cual se solicitó una pena de tres años de presidio menor en su grado medio para el acusado, el Colegio de Profesores también presentó una queja formal ante la Asociación Chilena de Seguridad, donde se atendió al docente, luego de que no se le otorgara una licencia médica.
- En Santiago, donde la violencia extrema en los liceos emblemáticos llevó hace algunos días a que un estudiante fuera apuñalado en el Instituto Nacional y que la rectora del INBA María Alejandra Benavides fuera rociada con bencina por encapuchados, amenazando con quemarla viva, el Colegio de Profesores no ha presentado querellas ni acción judicial alguna en 2022. Ni contra los destrozos, el uso de bombas molotov por parte de overoles blancos o las amenazas a los docentes.
- “El joven que está encapuchado y que había salido tenía una botella de bencina en la mano; la saca, la abre y nos lanza bencina en los pies, a la altura de los pies y piernas, a todos los adultos que estábamos ahí presentes: (…) el inspector general, yo y (2) funcionarias), además de (…) la inspectora general del patio verde. Fuimos rociados en las piernas y efectivamente este joven nos gritó que nos iban a quemar”, declaró la rectora días después en la querella presentada por el municipio.
- En el gremio existen dos versiones respecto a las razones por las cuales no ha interpuesto querellas en Santiago, el epicentro de la violencia en los liceos emblemáticos. Una, de la presidenta comunal del Colegio de Profesores, Ilonka Leiva. La otra, de su presidente nacional, Carlos Díaz.
Un hecho, dos versiones. Durante este año académico, la Municipalidad de Santiago -encabezada por la edil Irací Hassler- ha impulsado un total de 8 querellas por delitos cometidos en el contexto de violencia escolar contra quienes resulten responsables. Estos delitos abarcan desde incendio hasta asociación ilícita, pero el Colegio de Profesores no se ha sumado a las acciones judiciales.
- Consultada al respecto, Ilonka Leiva, señaló: “En los hechos de violencia en movilizaciones estudiantiles no hemos presentado querellas porque desconocemos la identidad de los responsables. Creemos que la policía y la fiscalía deben hacer su trabajo y una vez que eso se lleve a cabo debemos hacer el análisis necesario para ver que se hace.
- Pero Carlos Díaz, sin embargo, respondió lo siguiente: “Las querellas se apoyan donde los docentes están disponibles para querellarse y se entrega el apoyo jurídico que corresponde. Aquellas solicitudes que han llegado son las que se han cursado”.
- “Los problemas que aparecen se ven en cada comuna y de acuerdo a ello se informa la situación. Hay constante comunicación en cada una de las filiales a lo largo del país”, añadió.
Ley aula segura. El presidente del Colegio de Profesores ha vuelto a marcar en los últimos días su rotundo rechazo a la ley Aula Seguro, que, según señaló en CNN “fracasó y prueba de ello es que aún tenemos la violencia que iba a resolver”. En su argumentación ha dicho, entre otras cosas, que buena parte de los estudiantes a los que se le aplicó la ley terminaron desertando del sistema escolar.
- La Ley Aula Segura fue publicada el 27 de diciembre de 2018 como una vía para que los directores de liceos y colegios subvencionados pudieran sacar de las salas a los estudiantes presuntamente responsables de hechos de violencia, mientras se investigaban con celeridad esos casos. Si eran expulsados, el Ministerio de Educación debía velar porque fuera reubicados en otros colegios.
- El rechazo de Carlos Díaz a Aula Segura está en línea con los de la alcaldesa Hassler y la ministra Carolina Tohá. El ex rector del INBA Gonzalo Saavedra dijo hace algunos días que desde el municipio se les impedía aplicar la ley, lo que algunos recordó una frase que Hassler dijo a Radio Nuevo Mundo apenas asumió el cargo: “Nuestro compromiso es que no se va a aplicar Aula Segura. No la podemos derogar porque es facultad del Congreso, aunque presentemos una propuesta de derogación, pero no la vamos a aplicar”.
- La alcaldesa es partidaria de resolver los episodios de violencia a través de Protocolos de Convivencia Escolar (RICE), aunque ha salido a desmentir a Saavedra. Y Tohá afirmó que esa ley produjo “los peores períodos de violencia en los colegios”, ante lo cual la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, salió a decir que “las leyes se tienen que aplicar”.
- Como sea, Carlos Díaz también se refirió la semana pasada a la decisión del gremio de oponerse al regreso a clases a partir de la pandemia, una bandera que levantaron durante la administración Piñera, lo que generó amplias críticas. “Uno mira hacia atrás y sabemos el impacto que significó en los estudiantes no haber estudiado dos años presencialmente, pero también la realidad nos ha demostrado que las condiciones del retorno y en particular en los establecimientos educacionales es muy dispar a nivel nacional”, señaló.
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