“Cuando esa legislación se ocupó, tuvimos los peores períodos de violencia en los colegios, los peores. La época más crítica de violencia se vio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación”, dijo la vicepresidenta en respaldo a la alcaldesa de Santiago, criticada por los directores de colegios por no aplicar esa ley. Las estadísticas de expulsiones y matrículas canceladas por disciplina, consideradas indicadores de violencia en los planteles, cuestionaron esa afirmación. Interior respondió por los dichos.
Qué observar. Este martes, la vicepresidenta Carolina Tohá escaló el debate sobre la ley Aula Segura iniciado en medio de las crisis de violencia que afecta a los denominados liceos emblemáticos de Santiago.
- “Cuando esa legislación se ocupó, tuvimos los peores períodos de violencia en los colegios, los peores. La época más crítica de violencia se vio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación”, dijo a Radio Universo Tohá, quien fue alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016.
- “Las leyes en esta materia son instrumentos que hay que ocupar en la medida que funcionen. Uno tiene distintas maneras de tratar los temas y hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirven”, dijo.
- La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmó tras conocerse estos dichos que “las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no”.
- Tohá hizo estas declaraciones —que llevaron el debate por Aula Segura a La Moneda— en medio de los cuestionamientos a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
- El 14 de noviembre, diputados de RN presentaron un requerimiento a Contraloría en contra de la edil pidiendo constatar si estaba o no aplicando una ley que Hassler ha criticado públicamente.
- El 8 de noviembre, el exrector del INBA, Gonzalo Saavedra, aseguró en Vía X que la alcaldesa le ordenó no aplicarla. La directora del Liceo Bicentenario Teresa Prats, Denise Berenguela, sostuvo que “nos hemos visto inhibidos de aplicar la ley Aula Segura ante los casos de violencia, porque la Municipalidad de Santiago no apoya los procesos sancionatorios”.
- La Municipalidad de Santiago respondió a las acusaciones de Saavedra que “jamás ha habido una instrucción desde el municipio que solicite contravenir el marco legal vigente”. El municipio ha privilegiado aplicar el uso de los reglamentos de convivencia escolar (RICE) de los liceos. También ha presentado querellas contra quienes resulten responsables por delitos como homicidio frustrado e incendio.
Qué es Aula Segura. La Ley Aula Segura fue publicada el 27 de diciembre de 2018 como una vía para que los directores de liceos y colegios subvencionados pudieran sacar de las salas a los estudiantes presuntamente responsables de hechos de violencia, mientras se investigaban con celeridad esos casos. Si eran expulsados, el Ministerio de Educación debía velar porque fuera reubicados en otros colegios.
- “El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar”, dice la norma.
- “En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso”.
Las sanciones con y sin Aula Segura. La Superintendencia de Educación informó el viernes por la tarde que en 2018, sin Aula Segura, ingresaron 787 expedientes de expulsión más cancelación de matrícula enviados por los directores de establecimientos educaciones que aplicaron sanciones a sus estudiantes, los que bajaron a 697 en 2019, una vez aplicada la ley. Si se aceptan las sumas de estas sanciones como indicadores de violencia en los planteles, la baja en las cifras contradice lo sostenido por la vicepresidenta.
- Estas cifras se desagregaron del siguiente modo: las cancelaciones de matrícula bajaron de 536 en 2018 a 407 en 2019, mientras que las expulsiones subieron de 251 a 290 en el mismo período.
Base de datos de la Superintendencia. Por otra parte, una revisión de la base de datos de la Superintendencia de Educación disponible en su sitio web, en la categoría estadísticas resueltas por materia, mostró que antes de que comenzara a regir la ley Aula Segura, las denuncias resueltas de expulsados y estudiantes a los que cancelaron sus matrículas por faltas disciplinarias era mayor que cuando empezó a aplicarse esta norma.
- En 2017, sin Aula Segura, arrojó 98 expulsiones y 550 matrículas canceladas o no renovación de matrícula (334 de las cuales fueron por disciplina) en liceos y colegios subvencionados del país.
- Estas expulsiones se mantuvieron casi sin variación al año siguiente. En 2018 mostró 96 expulsados y 423 estudiantes a los que se canceló la matrícula (236 de los cuales fueron por motivos disciplinarios).
- En 2019, con Aula Segura, estas cifras bajaron. Hubo 71 expulsados y 288 estudiantes a los que se canceló o no renovó la matrícula (147 por motivos disciplinarios).
- Esta baja se mantuvo al analizar los 3 primeros trimestres de 2019 con igual período de los años anteriores, de manera de excluir las interrupciones de clases por el 18-O.
- En 2017 hubo 79 expulsados y 294 cancelaciones de matrícula hasta septiembre (179 por disciplina). En 2018 hubo 67 expulsados y 226 cancelaciones de matrícula hasta septiembre (124 por motivos disciplinarios).
- En 2019, con Aula Segura, hubo 53 expulsados y 166 cancelaciones de matrícula hasta septiembre (86 por motivos disciplinarios).
- Estas cifras continuaron bajando en 2020, pero en un escenario no comparable dado el cambio a clases telemáticas por la pandemia (ver infografía).
Violencia escolar: sanciones 2016-2021
Qué dicen las autoridades de la época. El abogado Raúl Figueroa era subsecretario de Educación cuando comenzó a regir Aula Segura. En 2020, con la salida de Marcela Cubillos de la cartera, asumió como ministro hasta el 11 de marzo.
- “La relación entre Aula Segura y un supuesto incremento de la violencia no tiene ningún sustento. No existen antecedentes concretos que permitan avalar esa declaración y, de hecho, la información disponible respecto, por ejemplo, de sanciones que se hayan aplicado por parte de los establecimientos educacionales, tampoco avalarían esa afirmación, considerando que las expulsiones por razones disciplinarias se han mantenido prácticamente igual antes o después de la dictación de la ley”.
- “Yo supongo que la ministra no pretende atribuirle a Aula Segura la violencia de octubre de 2019. Efectivamente 2019 fue un año extremadamente violento a partir de octubre y eso no tiene nada que ver con la dictación de una ley como ésta”.
Violencia escolar Santiago: sanciones
Las cifras de violencia de 2022. Estadísticas de Carabineros contabilizaron 396 hechos de violencia durante 2022 en 11 establecimientos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia, al 11 de noviembre.
- En estos se detuvo a 108 personas por desórdenes (83), maltrato de obra a Carabineros (10), usar molotov (6), perpetrar atentados (6), realizar barricadas (3), entre otros delitos.
- Los hechos de violencia se concentraron en el Instituto Nacional (con 89 casos), el INBA (88) y el Liceo de Aplicación (68), los 3 de la comuna de Santiago.
- El mes más violento a la fecha fue septiembre, con 66 eventos. El 1 de ese mes encapuchados rociaron con combustible a una inspectora del Instituto Nacional que intentó que salieran del colegio. “Te vamos a quemar”, le gritaron mientras uno prendía un encendedor frente a ella. Un estudiante intervino, tomó el encendedor y lo tiró lejos, consignó la querella que la municipalidad presentó por homicidio frustrado.
La respuesta del Ministerio del Interior. “Tras la promulgación de la Ley Aula Segura se generaron fuertes movilizaciones contrarias a la misma. Parte importante de las expulsiones efectuadas bajo su amparo se produjeron a partir de hechos asociados a movilizaciones estudiantiles, tomas de establecimientos, barricadas e incluso uso de artefactos incendiarios. Además, hubo expulsiones que fueron revocadas por la Corte Suprema”, consignó la respuesta enviada por el Ministerio del Interior.
- Detallaron que “como muestra un Informe de la Defensoría de la Niñez, en 2019 y 2020 se abrieron 1.135 procesos por Aula Segura, concentrados en 2019, con un 68% de los estudiantes involucrados sin continuar en los establecimientos educacionales respectivos. Por otra parte, el 50% de dichos procesos se llevó contra estudiantes de enseñanza básica”.
- Esas cifras enviadas por Interior no contemplaron lo ocurrido en 2018, por lo que no comparan la situación de violencia con y sin Aula Segura.
- Desde la cartera también sostuvieron que “como muestran datos del Observatorio de Conflictos del COES, el 2019 fue el año con más protestas estudiantiles desde el movimiento de 2011-2012, informe Anual Observatorio de Conflictos COES 2022, lo que es indicativo del nivel de conflictividad de la época en que comenzó a aplicarse la Ley Aula Segura”.
- El informe del COES citado por Interior centró su análisis de 2019 en el 18-O. “El estallido social de 2019 superó con creces los parámetros de conflictividad observados con anterioridad en Chile, con un tremendo impacto político, social y económico, teniendo consecuencias que perduran hasta el día de hoy”, consignó en otro párrafo el documento original.
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