-¿Cuánto está afectando el caso Democracia Viva a la fe pública?
-Lo que está pasando hoy día con Democracia Viva es una gran afrenta y un daño a la fe pública y a la confianza en las organizaciones de la sociedad civil.
-¿Cómo nacen estas organizaciones en Chile?
-Las organizaciones de la sociedad civil son parte de nuestra historia. En Chile están presentes desde el siglo XIX, desde que empieza la independencia y han sido parte de la construcción de lo que es Chile. Se han adelantado las políticas públicas y han sido quienes han ido impulsando gran parte de ellas, sobre todo en materia social. Son quienes han movilizado el interés público y han puesto temas en la agenda. Por dar algunos ejemplos, bomberos surge de una asociación de ciudadanos; las primeras instituciones para hacerse cargo de los desvalidos en Chile, como fue la Protectora de la Infancia; en temas de pobreza surge el Hogar de Cristo, y tantas otras, que han ido empujando las políticas públicas.
-¿Qué fue lo que falló en el caso de Democracia Viva?
-El rol de fiscalizar y entregar las herramientas para transparentar esta actividad es un deber del Estado y se debe fortalecer. Es la sociedad civil finalmente la garante de nuestra democracia. El Estado fortalece a la sociedad civil a través de la transferencia de recursos, vía incentivos tributarios a las donaciones, transferencias directas o fondos concursales, licitaciones o subvenciones. Además, la fortalece con capacitaciones, con el espacio para ejecutar políticas públicas y para operar en distintos ámbitos.
-¿Qué falló en este caso?
-Los mecanismos. Existen en Chile del orden de 20 registros públicos de organizaciones de la sociedad civil. Esos registros no están con una lógica de modernización del Estado ya que no interoperan entre ellos, no están articulados, no se conectan los datos, entonces es muy difícil tener una mayor fiscalización. Lo que se requiere es entregar buenos mecanismos para fortalecer a la sociedad civil, pero con una fiscalización bien clara y con una sanción fuerte cuando alguien falla.
Entonces es en el registro colaboradores del Estado, en el que tienen que estar todas las organizaciones que reciben fondos públicos, claramente fallaron los mecanismos (respecto a Democracia Viva) tanto por la antigüedad que tiene esa organización como por la pertinencia y además fallaron los mecanismos que permiten justificar un trato directo.
-¿Qué se necesita?
-Un registro donde uno puede entrar y que esté el propósito de esa organización, el año de fundación, dónde está trabajando, cuál es su directorio, quiénes están detrás de esa fundación, qué programas ha hecho, en qué lugares, qué fondos públicos reciben, qué fondos recibió, para qué se utilizaron y los fondos que recibe del Estado en qué se utilizaron y cuáles fueron los resultados, fue asignación directa o un fondo concursables, entre otros aspectos. Lo más importante es que todo esté integrado de manera que, por ejemplo, todos los ciudadanos que somos los que queremos garantizar la fe pública de estas organizaciones ingresamos a ese registro, mirar, ver y decir esta fundación ha recibido de 5 ministerios y estos cinco son programas coherentes con resultados.
-¿En este aspecto es una oportunidad para mejorar los controles como ocurrió en el caso Caval y en los sobresueldos del caso MOP Gate?
-En el caso de Democracia Viva, a diferencia de los otros casos que son sólo políticos, es más delicado en el sentido que está poniendo en jaque el rol de la sociedad civil, el de todos los ciudadanos que se involucran en temas públicos. A 25.000 fundaciones, a más de 319.000 organizaciones de la sociedad civil que hoy existen en Chile y están trabajando por un propósito, por una causa que creen y que la están empujando. Ese uso político de un mecanismo que existe y que entrega nuestra legislación para que los ciudadanos se puedan involucrar en asuntos públicos es más delicado que cualquiera los casos que mencionas. Aquí se está poniendo en jaque a la fe pública de todo un sector que está trabajando por una causa, que está movilizando un montón de temáticas.
-En varias de las fundaciones funciona una complementariedad entre aporte público y privado...
-La colaboración público-privada es relevante porque efectivamente logra llenar un espacio que no lo puede llenar ni el Estado ni el mercado y, además la sociedad civil no solo se adelanta a las causas, no solo moviliza el interés público, sino que moviliza recursos económicos y humanos.
Las personas que trabajan en la sociedad civil en los países de alto ingreso son de un 7,6% de la fuerza laboral, en Chile es un 3,6%, o sea, los datos y los números dicen que tenemos para crecer y necesitamos más sociedad civil, se necesita un contrapeso al Estado, que todos los ciudadanos se involucren en las causas públicas. No puede ser que por un mal uso político y porque los mecanismos del Estado fallaron castiguemos a todo un sector que lo único que hace es aportar al país.
-No hacer una cacería de brujas
-Hay que evitar una cacería de brujas. Tenemos una sociedad civil fuerte que hace un aporte al país enorme. No podemos matar a un sector por un par de vivos, pillos, por malas prácticas o malos mecanismos de gestión.
No olvidemos de la sociedad civil que un garante de nuestra democracia y están haciendo un trabajo invaluable.
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