En el último tiempo, hemos sido testigos de significativos cambios en la legislación laboral de Chile, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer los derechos de los empleados.
Entre las reformas más destacadas se encuentran la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la promulgación de la ley que sanciona el acoso laboral y la violencia en el trabajo, así como medidas destinadas a favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral (recién publicada) y el aumento del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), que en julio de 2024 llegará a $500,000.
Aun cuando estas normativas buscan fortalecer los derechos de los trabajadores e incrementar su bienestar, también significan mayores cargas financieras y administrativas para los empleadores (tanto de PYMEs como para las grandes empresas) lo que podría tener un impacto significativo en las decisiones de contratación si no son implementadas cuidadosamente.
Hoy, el escenario económico en Chile presenta desafíos considerables, y la tasa de desocupación del 8,7% durante el trimestre septiembre-noviembre de 2023, que entregó recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es un claro reflejo de la complejidad de la situación laboral que vivimos como país.
Si bien estamos avanzando a pasos agigantados en legislaciones que buscan mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, debemos ser conscientes de los desafíos que enfrentarán las empresas, especialmente las más pequeñas, al asumir estas nuevas obligaciones en un contexto de desaceleración económica. Si además consideramos que se está discutiendo la reforma previsional, que probablemente agregará un 6% de cotización obligatoria de cargo del empleador, podemos estar fomentando una tendencia a futuro de reemplazar con automatización aquellos trabajos menos calificados.
En este escenario, creo que es fundamental explorar soluciones que no solo protejan los derechos de los trabajadores, sino que también mitiguen las cargas para los empleadores y fomenten la contratación, aspecto fundamental de una buena legislación laboral. Una opción para evaluar podría ser la implementación de subsidios específicos.
Por ejemplo, la posibilidad de otorgar incentivos tributarios a la contratación de jóvenes o mujeres en diferentes industrias podría incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, aliviando así ciertas presiones financieras y, al mismo tiempo, contribuyendo a la generación del empleo y la reactivación económica.
Mirando hacia el futuro, la colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil, será muy importante a la hora de encontrar un equilibrio que fortalezca las condiciones laborales sin sacrificar la estabilidad económica que tanto buscamos. La clave estará en implementar una estrategia integral que promueva el empleo, la equidad y el crecimiento sostenible.
Publicaciones relacionadas
El Bitcoin alcanzó un máximo histórico al superar los US$100.000, impulsado por factores regulatorios, institucionales y tecnológicos. Este activo intangible se ha consolidado en los mercados financieros globales. En Chile, su adquisición se hace a través de plataformas públicas y requiere cumplir con el pago de impuestos.
La fiscalización del comercio informal en Lo Barnechea no es exceso de celo, sino una medida necesaria para evitar una pendiente resbaladiza que normalice conductas indebidas.
El IPSA avanzó un 0,43%, cerrando en 6.660 puntos, con un volumen transado muy por encima del promedio reciente. Mallplaza destacó tras concluir la OPA en Perú, mientras el dólar bajó a $970 y el cobre retrocedió un 0,3%.
El IPSA cerró con un leve alza del 0,02%, ubicándose en 6.631 puntos, impulsado por Latam. El dólar subió a $975, mientras el precio del cobre se mantuvo plano. En tanto, las ventas del Black Friday 2024 superaron los US$550 millones, destacando el crecimiento del comercio electrónico.
Hasta la fecha, se estima que han salido del país más de US$8 mil millones en divisas. Esta fuga de capitales no solo debilita la economía interna, sino que también reduce la capacidad del Estado para financiar proyectos esenciales y mantener la estabilidad económica.
