Líneas de droga Tussy sobre el féretro de un adolescente, rodeado de un grupo de niños cantando música urbana, mientras contemplan una automática y sus balas generosamente dispersas, representan una escena que relata el abandono de vidas desechables, que contemplan el inexorable destino de la violencia naturalizada. Son ellos los que caen primero, los que se fueron de la casa tempranamente, los que dejaron la escuela, los que encontraron en la droga el sustituto de sus afectos.
Las cifras son elocuentes. Cada año se procesan alrededor de 21 mil denuncias por ilícitos de niños y adolescentes, 17% explica el 50% del total de las causas, son los multi reincidentes. Este porcentaje refractario inicia trayectorias en hurto simple y progresivamente avanza en delitos de mayor connotación, llegando incluso al homicidio. Así también, cerca del 40% de los niños multi reincidentes han tenido un papá, una mamá o un cuidador que está preso. Por otra parte, el consumo problemático de drogas es causante del 30% de todos los delitos y en el 50% está presente.
En este itinerario la oferta pública no ha sido capaz de interrumpir la reiteración de las conductas antisociales que se suceden una y otra vez, y que incluso, en materia de reinserción juvenil, recibe una evaluación deficiente año tras año.
Si bien es cierto la delincuencia Juvenil ha estado presente incluso en niveles superiores a los actuales, lo que estamos observando es una presencia más activa en delitos violentos, el narcotráfico ha mutado en su estrategia y con ello el conjunto de organizaciones criminales relacionadas a él.
El ingreso de carteles internacionales ha ido sustituyendo la operación local; las restricciones logísticas que existieron durante la pandemia catalizaron la acción violenta en los territorios para disputar los espacios de producción y de comercialización. Asimismo, la aparición de nuevas rutas ha traído drogas de mayor poder adictivo y, lo que no es menor, se ha desarrollado el mercado de armas de mayor poder de fuego. Con todo esto, el narcotráfico y sus negocios asociados han visto que involucrar a los niños en sus delitos es una estrategia eficaz para someter y cooptar a las comunidades en cualquier espacio de colaboración con las autoridades. Es un hijo, un sobrino, un nieto, el que está secuestrado por estas organizaciones, las que –además- ven la oportunidad de trasladar el costo punitivo hacia la infancia.
La evidencia establece que 2 de cada 3 niños que están en trayectorias delictivas desisten de ella en la medida que vuelven al colegio o vuelven a vivir con una familia con modelos prosociales. De allí que es relevante que la autoridad proponga una agenda de prevención social sustentada en estas variables, que impulse oferta con evidencia a nivel local para la retención escolar y la inclusión educativa, para el apoyo a la crianza de padres y cuidadores, y dispositivos de salud mental con programas eficaces e integrales.
Es prioritario abordar los factores de riesgo que están en torno a la niñez y así dejar de llegar tarde, fortaleciendo espacios protectores. Esto es lo que se espera de la Subsecretaría de la Niñez, en el marco de la ley de Protección Integral, a través de la implementación de las oficinas locales de infancia, donde se requieren modelos probados y capacidad de ejercer la potestad administrativa, necesaria para la articulación del Estado en la provisión de las necesidades que dice garantizar. No podemos abandonar a todos esos niños, pensar la seguridad requiere estar presente donde hoy nuestra ausencia es sinónimo de muerte y dolor.
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