Una tensa sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados se realizó este jueves, luego de que el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), se excusara por segunda vez de no asistir. La decisión del militante de RD no solo generó la molestia de la oposición, sino que también en parte del oficialismo, y se zanjó enviar los antecedentes a la Contraloría para que definan si se debe aplicar alguna sanción. A continuación la trama de lo ocurrido.
Un precedente peligroso. Esta semana, el Ministerio Público notificó a los diputados republicanos Cristian Araya y Juan Irarrázaval que había accedido a la solicitud de citar a declarar en calidad de imputados al ex ministro Giorgio Jackson, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, y el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, todos militantes de RD.
- Desde este miércoles, la oposición endureció la presión a La Moneda. Por un lado anunció que no dejarán que la directora de la Dipres ingrese a la sala de la Cámara de Diputados mientras se discuta el Presupuesto de 2024. Y por otro, este jueves, Chile Vamos determinó oficiar a Contraloría por la ausencia de Crispi -un hombre muy cercano del Presidente Boric- en la comisión investigadora del Caso Convenios, quien se excusó por segunda vez de concurrir al Parlamento. El propósito del escrito es “iniciar un procedimiento administrativo sancionador”.
- En los alrededores de la comisión investigadora, donde el clima fue muy tenso durante esta jornada ante la ausencia del Jefe del Segundo Piso, algunos parlamentarios oficialistas hacían un comentario obligado en los pasillos del Congreso. Jackson cayó hace meses por presiones en la oposición y dejar caer a Martínez y Crispi podría marcar un precedente peligroso a más de 2 años que concluya la administración Boric.
La defensa de Cordero. Que Jackson, Martínez y Crispi declaren en calidad de imputados fue uno de los puntos centrales de la defensa que realizó el ministro Luis Cordero de ellos.
- “La condición de imputado se da para que esa persona tenga garantías en el sistema de enjuiciamiento criminal, es decir, tenga derecho a asistencia de abogado, tiene ciertos derechos procesales al momento de declarar”, afirmó Cordero.
- Desde julio que el ministro tomó el control de la crisis que desató el caso Democracia Viva, luego de los dichos de Boric respecto a cómo y cuándo se había enterado del escándalo. Antes lo había hecho con los indultos, cuya intervención fue bien evaluada en el Segundo Piso de La Moneda, pese a que ni él ni el Presidente se hicieron cargo de la gravedad de los informes de Gendarmería desfavorables -no vinculantes- para buena parte de los indultados del 18-O.
- En su defensa a Crispi, un hombre muy cercano del Presidente, el Ministerio de Cordero primero levantó la tesis jurídica de que no estaba obligado por ley a concurrir a la comisión -dado que es un funcionario a honorario- y este jueves profundizó en otro eje de defensa: “No corresponde es utilizar las herramientas del derecho para fines políticos”.
- El sociólogo de RD siguió guardando silencio, tal como lo ha hecho desde que estalló el caso de Democracia Viva, el 16 de junio. El miércoles mandó una carta de 6 páginas en que abordó uno de los temas por el cual se le cuestiona en el caso Convenio, cual es validar -en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional- un convenio entre el gobierno regional de Antofagasta y la cuestionada fundación ProCultura para el pintado de fachadas por $630 millones (su valor fue de $260 mil por metro cuadrado).
- Los partidarios de Crispi dicen que él no validó el convenio, sino que a propuesta de la gobernación, chequeó a ProCultura como ejecutor en función de su experiencia. Y que los $260 mil por metro cuadrado de pared incluye un programa con talleres, capacitación a la comunidad y empleo local.
- Como sea, el punto para la oposición es que sus diputados no solo querían que explicara su rol en ese convenio en la comisión investigadora, sino que, además, el papel que desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional en el nombramiento de los distintos seremi y la fecha en que se enteró del escándalo de Democracia Viva.
- En julio, el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, descartó haberle entregado información a Carlos Montes y Giorgio Jackson antes que estallara el caso, pero pasaron horas para que respondiera -a través de una declaración escrita- que tampoco le había comentado lo ocurrido a Crispi.
Una tensa comisión. La sesión de la comisión fue muy tensa. No solo porque el correo que envió Crispi excusándose de asistir provenía de Presidencia, lo que suponía precisamente que, al ser un funcionario público, estaba obligado a concurrir al Parlamento. Ese factor generó molestia en el oficialismo.
- Como sea, la sala estaba llena e incluso participaron, por primera vez, los diputados Gonzalo Winter (Convergencia Social) y Jaime Sáez (RD)
- Winter, probablemente el parlamentario más cercano a Boric, pidió la palabra y apuntó directamente en contra de la oposición: “La comisión también tiene que entender la situación que estamos viviendo. Que es una situación de enlodamiento de la honra de funcionarios del gobierno sistemática desde hace un tiempo”.
- Prosiguió: “Recordemos que aquí hay una bancada que de manera injuriosa escribió una carta semanas atrás diciendo que el ministro Jackson estaba empleado en un complot para asaltar de noche un edificio público sin entregar ninguna prueba antecedente hasta el día de hoy. A eso es a lo que se están sometiendo los ministros de Estado y los funcionarios del gobierno. Y lo que se está haciendo hoy día con el señor Crispi es exactamente lo mismo”.
- El diputado Raúl Soto (PPD) también intervino y tuvo un tenso intercambio de palabras con Winter. “Que se diga que se está acusando a un funcionario público porque se le citó, no veo que el argumento tenga pies ni cabezas. Lo único que están haciendo es un disparo en los pies y un daño al gobierno”, planteó Soto.
- Después fue el turno de Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien al ser interrumpido por el diputado Winter, lo interpeló y le planteó que “se estaba haciendo el choro”.
- “Me da pena ver lo patético que nos vemos discutiendo la asistencia o no asistencia de un funcionario público”, terminó señalando el socialista Marcos Ilabaca.
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