Los economistas lo han dicho una y otra vez. Los países de mayor prosperidad y desarrollo económico dependen, en cuanto a su recaudación tributaria, primariamente de impuestos directos; en tanto los países en vías de desarrollo dependen fundamentalmente de impuestos al consumo como fuente de recaudación. El IVA representa en promedio el 20,2% de la recaudación en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en Chile la cifra se empina al 41,1%, según el Consumption Tax Trends de la OCDE (2022).
Históricamente, Chile ha pertenecido a este segundo grupo: desde que hay registros (1993), el IVA en general ha oscilado entre un 42 y un 52% del total de recaudación; mientras que el impuesto a la renta ha ido progresando de un 23,4% (1993) hasta alrededor de un 40% en la última década; y sólo en 2022, dicho impuesto se impuso con un 48,8% del total (vs. un 44,1% del IVA), de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Hay razones evidentes de justicia política que nos invitan a perseguir un ratio como el de los países desarrollados. Mientras que el impuesto a la renta es de carácter progresivo, el IVA grava a todos por igual sin distinguir entre pobres y ricos. Es por eso que el IVA es considerado regresivo, ya que porcentualmente quienes tienen menos dedican una mayor porción de sus ingresos al consumo y, por ende, a pagar el gravamen.
¿Subir el impuesto a la renta, en todos los tramos, y bajar el IVA entonces?
Lamentablemente no es tan sencillo, por cuanto trasladar base de IVA a base de Renta no generaría la misma recaudación, tanto por las particularidades de diseño de ambos impuestos (tase, base imponible, etc.), como por las diferentes tasas de evasión existentes en uno y otro (de lo cual, por desgracia, no tenemos demasiada información).
¿Podríamos, entonces, pensar en un mecanismo que permita no sólo medir, sino que modular de manera eficiente la interacción entre el impuesto a la renta y el IVA en los ingresos de las personas?
Algunos han sugerido establecer un IVA diferenciado para ciertos productos de primera necesidad. No es una buena idea: dado que los productores de dichos productos pagan IVA por sus insumos, el impuesto (o buena parte de éste) de todos modos se trasladaría al consumidor. Pero sí podría pensarse en un mecanismo de devolución de IVA para las personas o grupos familiares que cumplan con ciertas condiciones: por cierto, el nivel de ingresos, pero también otras de carácter cualitativo, como la existencia de cargas familiares, labores de cuidado no remuneradas, etc.
Parece justo. Pero ¿cómo compensar la menor recaudación?
El primer impulso sería subir el impuesto a los tramos de mayores ingresos. Me temo, sin embargo, que ello implicaría un alza desproporcionada a tasas que ya son altas; pero, por otro lado, parece políticamente imposible subir impuestos a los tramos inferiores.
Salvo, claro está, que se haga inteligentemente.
Hoy las personas casi no pueden deducir gastos de su base de renta. En la práctica, ello se traduce que una familia, con un solo jefe o jefa de hogar que trabaja y gana $2 millones al mes, con tres hijos y al cuidado de un adulto mayor sin ingresos, tributa lo mismo que un profesional joven que aún vive con sus padres y gana los mismos $2 millones. No parece demasiado justo.
Si subiéramos la tasa al tramo que incluye $2 millones, pero permitiéramos deducir gastos, reales o presuntos, vinculados a salud, educación, vivienda y cuidado (por nombrar los ejemplos obvios), la familia con tres hijos podría terminar tributando lo mismo que hoy, pero el profesional que vive con sus padres terminaría pagando más por no tener derecho a deducciones.
Y, sorpresa, los requisitos y condiciones para dichas deducciones podrían estar vinculadas analíticamente a aquellas que permiten optar o no a la devolución de IVA (y en una base de datos única que haga “conversar”, por así decirlo, al IVA con el impuesto a la renta).
Ello permitiría modular de manera medible (y, esperaríamos, eficiente) la transición de la tributación personal y familiar del IVA al impuesto a la renta, concentrando la mayor recaudación (en sede de renta) en personas que no deben afrontar gastos familiares, de salud, educación y cuidado de la misma magnitud que familias más numerosas o vulnerables, más allá del tramo en que se encuentren.
El desafío sería mayúsculo, pero quizás nos permitiría salir de la discusión de trinchera en la que las últimas reformas se han quedado entrampadas, y que han privado de toda estabilidad al sistema tributario, sin resolver su problema subyacente de justicia.
Publicaciones relacionadas
En un nuevo podcast After Office Investing, Catalina Edwards conversa con la gerenta de Sostenibilidad de Banco Santander, Soledad Ramírez, sobre la segunda versión de los fondos concursables impulsados por la entidad, que buscan fortalecer el bienestar social y la educación financiera. A continuación lo que implica la nueva edición de esta iniciativa.
El desafío es dejar de pensar en la ética como una cuestión de carácter individual y empezar a tratarla como lo que realmente es: un problema de diseño organizacional. De un asunto de reglas y disuasión, a uno de cultura corporativa.
Si los chilenos, aún con un diagnóstico pesimista de la realidad actual, confían y depositan sus esperanzas en nuestra economía basada en recursos naturales. ¿No será tiempo de empezar a hacer las cosas bien para no seguir ahuyentando inversiones que tanto necesitamos?
Hay un abanico amplio de mecanismos tributarios que apuntan a beneficiar a las familias. No se trata de inventar la rueda. Se trata de entender que si queremos fomentar la natalidad, una medida importante es avanzar hacia un sistema tributario que no penalice —en la práctica— a quienes deciden tener hijos.
“Hay una nobleza en el deber de cuidar la creación a través de pequeñas acciones cotidianas.” nos recordaba el Papa Francisco. Así, en cada gesto consciente y humilde, se encarna la esperanza de una nueva economía reconciliada con la tierra y con la vida.
