Hace unas semanas atrás, el Consejo para la Transparencia recibió respuesta del MINSAL al oficio en que solicitaba entregar información relacionada a la gestión de las listas de espera y medidas adoptadas en el Hospital Sótero del Río, después de que un informe de auditoría de la Contraloría detectara que se realizaron cirugías a funcionarios y sus familiares saltándose las listas de espera. En dicha respuesta, se señaló que el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente instruyó un sumario administrativo para perseguir a los responsables. Ante eso, cabe hacerse la pregunta ¿Conocemos realmente cuántos sumarios se instruyen en el Estado y sus resultados? ¿Aquello está disponible de forma agregada y de fácil acceso, de manera que se pueda evaluar la efectividad de esta herramienta legal para perseguir responsabilidades?
La respuesta es negativa, ya que la información se tendría que pedir individualmente a cada órgano de la Administración. De ahí que la política de datos abiertos, cuyo día mundial se celebró esta semana, es tan relevante. Pero ella no sirve por sí sola, debe ir acompañada de una institucionalidad que analice los datos y saque lecciones de política pública, como la agencia nacional de evaluación de políticas públicas que todavía estamos esperando.
Chile tiene un bajo rendimiento en disponibilidad, accesibilidad y promoción de utilización y reutilización de datos, ocupando los últimos lugares del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) 2023, que mide a los países de la OCDE.
Esta evidencia contrasta con los esfuerzos que ha hecho nuestro país para abrir los datos buscando fomentar la investigación, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Una revisión de las principales bases de datos en el país basta para darse cuenta de que se han hecho avances. El Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) dispone de más de 400 variables sobre distintas dimensiones de gestión y caracterización para 345 comunas entre 2001-2022; el Portal de Datos Abiertos del gobierno (data.gob) cuenta con 3.817 conjuntos de datos, 23 categorías, 536 instituciones y más de 800.000.000 visitas; la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional muestra múltiples dimensiones socioeconómicas entre 1990-2022; y así muchas más.
Pero ¿tener datos abiertos implica necesariamente una mejora en la toma de decisiones? La respuesta nuevamente es negativa. Aunque Chile tiene buenas bases de datos abiertas, interpretar y utilizar estos antecedentes en la toma de decisiones sigue siendo una práctica limitada.
Los datos abiertos no solo deben servir como una fotografía del momento, sino también como una “luz” que ilumine el camino hacia futuras mejoras. La falta de iniciativas para analizar de forma proactiva estos datos y reutilizarlos, consolidándolos y dándoles un sentido diferente a su propósito inicial, es crucial para generar conocimientos que guíen políticas públicas y estrategias de desarrollo. No hacerlo es ineficiente, porque perdemos la oportunidad de utilizar la capacidad real de los datos: por ejemplo, para generar sistemas preventivos de integridad basados en modelos predictivos, que nos permitan anticiparnos y prevenir actos de corrupción.
Debemos fomentar una cultura de análisis crítico y uso de datos entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Esto implica invertir en educación y formación en alfabetización de datos, desarrollar herramientas accesibles para el análisis de datos y promover la reutilización de estos. En definitiva, una cultura de transparencia y rendición de cuentas que se traduzca en acciones concretas.
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