El 23 de enero de este año se efectuó en Fuerte Tiuna, Caracas, un acto destinado a degradar y expulsar de las filas a 33 militares a los que se acusó de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la lista figuraba el teniente Ronald Ojeda Moreno, secuestrado en Santiago el miércoles 21 de febrero, y que vivía en nuestro país desde 2017. El comunicado con el que se informó de la degradación y expulsión estaba firmado por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y terminaba con la consigna ¡Cero tolerancia a los traidores!
“No tengo duda de que el gobierno venezolano está involucrado en el secuestro” dijo el exjefe policial venezolano Iván Simonovis a El Mercurio. Estuvo preso 15 años por su oposición al chavismo y se fugó en 2019. Hoy vive en Washington, y sostiene que la operación del secuestro habría sido liderada por Alexander Granko Arteaga, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Otros analistas han interpretado el modo de actuar de los secuestradores, los recursos empleados y hasta el hecho de haber usado uniformes de la PDI, como propios de una operación militar.
El régimen de Maduro conoce bien las flaquezas del Estado chileno en materia de seguridad, en primer lugar, la porosidad de las fronteras. Y no cabe duda de que cuenta con una red de colaboradores en nuestro país, algunos de los cuales forman parte de la legión de delincuentes que introdujo en los últimos años. Varios opositores venezolanos que residen en Chile han relatado que, frecuentemente, son vigilados y hostigados por los colaboradores del régimen.
Hace tiempo que la dictadura venezolana cuenta con amigos incondicionales en Chile. “Si Maduro me llama a ser su soldado, yo voy”, decía Alejandro Navarro el 12 de agosto de 2017. Fue senador de la República, llegó incluso a ser vicepresidente del Senado, ¡y estaba listo para convertirse en soldado de Maduro! Y no olvidemos que fue precisamente Navarro quien organizó el homenaje a los “combatientes” de la Primera Línea, en 2019, en las propias dependencias del Congreso, en Santiago. Es sabido que Hugo Chávez repartió plata a diversos grupos de izquierda en Chile, y son sobradamente conocidos los estrechos vínculos del PC con la dictadura.
El 18 de enero, el gobierno chileno firmó un acuerdo de “colaboración policial” con el régimen venezolano en una ceremonia en Caracas a la que asistieron el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. ¿Cuánto vale, realmente, un acuerdo como ese? ¿Harán bromas los representantes de la dictadura respecto del legalismo de los chilenos, y de lo sencillo que resulta engañarlos? No sería extraño. Se trata de alumnos aventajados de la escuela castrista del cinismo.
El reforzamiento de la seguridad nacional es un asunto absolutamente prioritario. Se requiere, como ha propuesto el general (R) John Griffiths, una nueva arquitectura de inteligencia, moderna, con la tecnología más avanzada y capacidad operativa. Corresponde avanzar en tal dirección, pero no hay que ponerse a esperar la creación de los nuevos instrumentos. Lo que se requiere es actuar ahora mismo, con las capacidades actuales. Hay que poner en tensión todas las fuerzas del Estado.
Las FF.AA. están legalmente autorizadas para neutralizar a cualquier agente extranjero que sea detectado en territorio nacional. Se trata de que cumplan con su deber. Chile no puede retroceder en la defensa de su soberanía. Tiene que usar todos los recursos disponibles y disponerse a actuar en todos los terrenos que sea necesario.
La Moneda debe hacerse cargo de las graves implicancias políticas de lo ocurrido, y eso significa ponerse en todos los escenarios posibles. Sería desastroso que diera muestras de debilidad, o creyera que la diplomacia puede obrar milagros. El propio Boric debe entender que los chilenos juzgarán la forma en que él defienda la soberanía nacional en esta coyuntura. Si le preocupa la eventual reacción del PC, debe pensar en la República de Chile.
En este cuadro, ¿cómo no recordar todo lo ocurrido en octubre de 2019? La barbarie de entonces tuvo metodología militar, y contó con inmensos recursos para pagar la mano de obra aportada por el lumpen. Entonces, la camarilla de Maduro buscó castigar al gobierno de Piñera por haber apoyado a los demócratas venezolanos en la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Venezuela y Colombia, en febrero de 2019. Maduro hasta grabó videos en los que alentaba la revuelta.
En aquellos días, la Dirección de Inteligencia del Ejército informó al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, que había detectado la entrada de agentes venezolanos al territorio nacional, cuya pista finalmente se perdió. En el momento de aquel ataque por la espalda al país, vimos actuar a los golpistas de izquierda de un modo que solo cabe calificar como propio de quintacolumnistas. Quedó al descubierto su deslealtad hacia Chile. Se trata de una lección definitiva.
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