En su primera cuenta pública, en junio de 2022, Boric anunció un aumento de las pensiones de gracia con motivo del estallido social. Así ocurrió, con decretos firmados por Tohá y Marcel, lo que incluyó a personas con condenas previas. El subsecretario Monsalve se ha convertido en el principal blanco de la oposición: de su repartición depende el Departamento de Acción Social, encargado de tramitar las solicitudes de beneficios. Al mando de esa oficina se instaló a Daniel Jana, un ex concejal PS de Cañete sin experiencia en el tema. Aquí la trama de un caso que complica a La Moneda, cuyos inicios se remontan a una iniciativa del senador Daniel Núñez (PC) bajo la administración Piñera.
Las intervenciones del Presidente. En su primera cuenta pública, el 1 de junio de 2022, anunció que se aumentaría el monto de las pensiones de gracia, lo que efectivamente ocurrió, incluyendo a personas con condenas previas.
- El 23 de septiembre de ese año, la directora del INDH, Consuelo Contreras, envió un oficio a Boric señalando que el INDH no podía seguir acreditando las afectaciones de los postulantes a pensiones, ya que eso estaba fuera de sus atribuciones.
- Los beneficios continuaron entregándose.
- Este viernes, el subsecretario Monsalve fue consultado si Boric leyó el informe de Contraloría cuando fue despachado a Interior, el 19 de diciembre. “Debo decirle que los Presidentes no leen todos los informes de la Contraloría”, respondió.
- Para algunos se trataba de un escenario inverosímil, dado que el documento de Contraloría advierte graves delitos, como producción de material pornográfico infantil.
- El 16 de enero, cuando el informe de Contraloría ya había llegado a Interior, pero no era público, Boric indicó: “Cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves tales como homicidio y violación, porte de arma o narcotráfico, yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.
- Lo explicitado por el Presidente dejaría fuera los casos conocidos de condenados del 18-O que reciben el beneficio, como agresores de carabineros.
Monsalve, el rostro de la crisis. El subsecretario ha sido el principal rostro de la crisis y a quien hoy apunta la oposición como responsable político. De su repartición depende el Departamento de Acción Social DAS, encargado de tramitar las solicitudes de pensiones de gracia. Al mando de esa oficina se instaló a Daniel Jana Torres, ex concejal PS de Cañete sin experiencia en el tema. Estuvo en el cargo hasta abril de 2023.
- Jana presidía además la Comisión Asesora presidencial en materia de pensiones de gracia, donde 6 de los 10 integrantes son funcionarios de la subsecretaría.
- Monsalve ha apuntado las responsabilidades al INDH, señalando que las pensiones se otorgaron porque los postulantes tenían un certificado del instituto.
- El 13 de septiembre, cuando fue a exponer a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entregó datos y cifras incorrectas respecto a los beneficiados.
- Tras revelarse el informe de Contraloría, Monsalve declaró que la entrega del beneficio fue un error.
- Sin embargo, entró en una nueva controversia al afirmar que no se requería tener a la vista certificados médicos para dar el beneficio, lo quedó en entredicho con una resolución exenta del 4 de enero de 2022 que señala que las postulaciones ante el DAS deben contener antecedentes médicos.
La firma de Marcel. Los decretos que otorgan el beneficio llevan su firma, así como los que aumentan el monto de las pensiones.
- Marcel designó una representante en la comisión asesora presidencial. Se trata de María del Pilar Cruz Novoa, economista, ex asesora de Marcel desde sus tiempos de director del Banco Central e integrante del Registro de Expertos del Comité Consultivo del PIB Tendencial, en el cupo de Hacienda.
- Contraloría cuestionó el rol desempeñado en estos casos por la Tesorería General de República, organismo dependiente de Hacienda. Según el informe de auditoría, “el proceso de pago de las pensiones de gracia se encuentra a cargo de la Tesorería General de la República, TGR, sin que exista un mecanismo de verificación de autenticidad de tales actos administrativos por parte de la TGR y, sin que conste que se hayan realizado coordinaciones al respecto entre esa tesorería y el DAS, con el consiguiente riesgo de que puedan presentarse a cobro documentos adulterados y se paguen pensiones a personas a las cuales no se le ha otorgado el beneficio”.
Los vaivenes de Tohá. El 4 de octubre, Tohá señaló que una de las condiciones de las pensiones de gracia “es que no se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron”. Tres semanas antes Monsalve había manifestado una tesis diferente.
- Fuentes de La Moneda señalan que, ante la escalada del debate público respecto a este tema, se le habría consultado al ministro de Justicia Luis Cordero su opinión.
- Desde entonces, señalan los mismos personeros, Tohá se plegó a la idea de que no se podía revocar el beneficio.
- Esta idea se impuso en La Moneda durante 4 meses.
- El 20 de diciembre, luego de que se publicara que un pensionado se encontraba prófugo de la justicia había cobrado más de $5 millones, Tohá anunció el ingreso de indicaciones a proyectos de ley de la Cámara de Diputados.
- El 15 de enero, tras un informe del abogado PS Francisco Zúñiga, el gobierno anunció que Boric haría uso de su facultad de revocar pensiones de gracia.
- Tohá firmó los decretos de varias entregas de pensiones de gracia, así como el incremento de estas.
- Esta semana, conocido el informe de Contraloría, apuntó hacia la administración Piñera, señalando que en ese gobierno también se otorgaron beneficios a personas con condenas.
Consuelo Contreras, la directora del INDH. El jueves, a través de un comunicado, el organismo señaló que “el otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, estaba radicado en el Ministerio del Interior y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso”.
- Este viernes se dio a conocer un oficio enviado el 23 de septiembre de 2022 por Contreras a Boric donde le informa que el INDH no podía seguir acreditando las afectaciones de los postulantes a pensiones, ya que eso estaba fuera de sus atribuciones.
- Los expedientes del INDH fueron cuestionados por Contraloría por incompletos o ilegibles, ante lo cual el organismo ya ha debido complementar antecedentes en 9 de 19 casos.
El rol de Piñera. En noviembre de 2020, durante la discusión de la ley re presupuesto, se aprobó una indicación del entonces diputado Daniel Núñez -hoy senador- para establecer pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los DDHH del 18-O, que estuvieran acreditadas por el INDH como personas que sufrieran menoscabo de su capacidad de trabajo.
- Para entonces, la administración Piñera consideró que otorgar una pensión de gracia en esas condiciones era reconocer tácitamente que existían víctimas de violaciones de los derechos humanos, un asunto que complicaba al ex Presidente y que terminó en denuncias contra él en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
- Bajo presión, Piñera inició una conversación con el INDH. Su administración pidió a la institución que fijara un procedimiento para recopilar antecedentes antes de entregar los beneficios. Se pidió, entre otras cosas, “antecedentes médicos del solicitante, tales como: datos de atención de urgencia, información del servicio médico, u otros que permitan acreditar la calidad del afectado”.
- La resolución de la administración Piñera, de todas formas, no impedía el otorgar pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales previos.
- Bajo su gobierno, indicó este viernes Monsalve, se entregaron 21 pensiones de gracia con antecedentes penales, uno de ellos por abuso sexual a un menor. En el caso de Boric se han otorgado 40, también con condenas previas.
Publicaciones relacionadas
