En septiembre el subsecretario del Interior señaló en la Cámara de Diputados que 40 personas con pensiones de gracia por el 18/O registraban antecedentes penales. “En general son delitos menores y causas antiguas”, dijo. Pero los casos ya suman 69 y Contraloría detectó condenados por abusos sexuales, homicidios y producción de pornografía infantil. Además una resolución de enero de 2022 del gobierno de Piñera, echó por tierra la versión de Monsalve de que no se requería presentar antecedentes médicos para postular al beneficio. Los escogidos para recibir la pensión fueron seleccionados por una comisión nombrada por el gobierno de Boric. Por último, la ministra Tohá dijo que Boric había ordenado revocar la semana pasada casos como el productor de pornografía, lo que no había hecho hasta entonces pese a haber recibido el informe de Contraloría a mediados de diciembre.
Cifras que no cuadran. Luego que se revelará el informe de Contraloría del 13 de diciembre que detectó graves fallas en la validación de los antecedentes para la entrega de pensiones de gracia, que realiza el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, el subsecretario Manuel Monsalve (PS) dio un giro en el discurso de La Moneda y señaló que “nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Es un hecho grave”.
- El subsecretario corrigió, una vez más, la cifra de beneficiados con pensiones de gracia en el marco del estallido social, que registran antecedentes penales, estableciendo el número en 69 casos.
- “Quiero volver a la prolijidad de los procedimientos. Aquí se ha hablado de 41 (casos), se ha hablado de 58, la verdad es que la única forma de saber fehacientemente y rigurosamente quienes tienes antecedentes penales, es solicitar los extractos de filiación al Registro Civil, todo el resto son informaciones parciales”.
- Sin embargo, quien había dado la cifra errada de personas condenadas fue el propio Monsalve, el 13 de septiembre citado a la comisión investigadora del Cámara de Diputados que indagó la entrega de pensiones de gracia. En esa ocasión, el subsecretario dijo que eran 40 los beneficiados que estaban condenados por la justicia.
- Días después corrigió que se trataba de 41 casos. El 16 de enero, Boric habló de 50 casos. El informe de Contraloría menciona 58.
Falta de antecedentes médicos. El informe de Contraloría detectó que en 19 casos no había informes médicos que acreditaran las lesiones de los postulantes para comprobar su calidad de víctimas de abusos del Estado que pudiera justificar la entrega de la pensión. En 10 casos los documentos al respecto eran ilegibles.
- Además de falta de diagnóstico, en algunos casos los antecedentes eran contradictorios respecto del daño o tenían una fecha anterior a octubre de 2019.
- El Departamento de Acción Social DAS y la Comisión Especial Asesora no efectuaron gestiones para su validación, a pesar de la falta de antecedentes respecto del grado de lesiones y menoscabo laboral de los postulantes a las pensiones de gracia, indica Contraloría.
- Entre los casos detallados por Contraloría está, por ejemplo, un pensionado “sin antecedentes médicos. Solo tiene un informe de la psicóloga de la Cisterna, el cual señala que el menor mejoró significativamente su sintomatología”.
- Otro caso “sin antecedentes médicos, solo hay una fotografía que no permite concluir la pérdida de visión”.
- “Los informes del Hospital Luis Tisné son de una cirugía de 2016 y el único dato de atención de urgencia legible no permite corroborar el resumen del caso registrado en el expediente”.
- “El encabezado del expediente señala que el afectado tiene pérdida de visión causada por trauma ocular irreversible, sin embargo, según informe de Servicio Médico Legal, SML, la lesión fue leve, mejoró y la visión es normal”.
- Sobre la falta de antecedentes médicos, Monsalve señaló este jueves en una rueda de prensa que la glosa presupuestaria que establecía la entrega de pensiones de gracia sólo menciona que “con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019″.
- “Quiero reiterar que ni en la ley, Glosa 12, ni en el reglamento, se estableció pedir antecedentes médicos, se pidió tener un informe del INDH que determinara que esa persona haya sido afectada”, dijo Monsalve.
- Sin embargo en la resolución exenta N°16 del 4 de enero de 2022, firmada por el exsubsecertario del Interior, Juan Francisco Galli, (y que el mismo Monsalve citó ante la Comisión Investigadora) se señala expresamente que para postular al beneficio se requiere antecedentes médicos.
- Según dice el documento se pedirá “antecedentes médicos del solicitantes tales como: datos de atención de urgencia, informes del Servicio Médico Legal, u otros que permitan acreditar la calidad de afectado”.
Gravedad de los delitos. En su presentación a la Cámara de septiembre Monsalve detalló que si bien hay condenados “en general son delitos menores y causas antiguas”.
- Sin embargo, el informe de Contraloría señala que “se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
- Tras esto, Monsalve ha intentado apuntar las responsabilidades en el anterior gobierno, señalando que la resolución del 4 de enero de 2022 que fijaba el procedimiento para la entrega de pensiones de gracia, no contemplaba revisar antecedentes penales de los postulantes. Afirma que eso fue un error.
Pornografía infantil: La sorprendente declaración de Tohá. Este jueves, la ministra del Interior indicó que “el Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones. La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido y de hecho firmada”, que el caso de “la persona con antecedentes de pornografía infantil, inmediatamente se debía revocar. No era uno de los casos con este daño permanente, digamos, y grave, como es la pérdida del globo ocular”.
- Sin embargo, la frase de Tohá tiene un dato crucial inexacto: el Presidente no ordenó revocar los delitos graves “apenas lo conoció”, ya que el informe de Contraloría llegó a La Moneda a mediados de diciembre y solo ordenó revocar algunos casos la semana pasada.
- Así, el gobierno transparentó públicamente por primera vez que conocía desde hace días la situación de una persona que recibía pensión de gracia y tenía a la vez antecedentes por producción de material pornográfico infantil (no por almacenamiento ni visitas a sitios pornográficos de menores).
- Contraloría entregó su informe al gobierno el 13 de diciembre, vale decir, hace más de un mes.
- El caso Pensiones de Gracia entró en la agenda el 13 de septiembre, a partir de un artículo publicado en Ex-Ante que señalaba que un prófugo de la justicia por el delito de estafa el gobierno le había otorgado el beneficio.
Descargos del INDH. Contraloría señaló que la Subsecretaría del Interior y la Comisión de Pensiones de Gracia se limitó a revisar los informes del INDH y no a verificar los antecedentes de los beneficiados. La propia DAS de la subsecretaría del Interior ha informado que todos los casos están validados por los certificados de ese organismo autónomo.
- Durante la tarde de hoy el INDH, a través de un comunicado declaró que aunque la legislación encomendó al organismo que acreditara la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos “el otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso”.
- El instituto agrega que todas las pensiones fueron entregadas a través de la Glosa 12 de Prespuestos, sobre personas afectadas en las manifestaciones que no está relacionada con el INDH. No se otorgaron a través de la Glosa 15, que es la que determina como beneficiaras a víctimas de violaciones a los DD.HH certificadas por el INDH con lesiones que les generen menoscabo laboral.
- Mientras en RN, Diego Schalper y Arturo Longton han apuntado a la responsabilidad política del Monsalve y pidieron que Boric evalúe su continuidad en el gabinete, en la UDI y el Partido Repúblicano han apuntado también a la labor del INDH.
Lea también. La nombrada por Irina Karamanos y los otros miembros de la comisión que aprobó las pensiones de gracia
Publicaciones relacionadas
