“No se trata de un problema de percepción de la ciudadanía el aumento de la delincuencia”, dijo el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en el contexto de la comisión especial investigadora sobre criminalidad. La autoridad expuso que en 2021 hubo 176 mil denuncias ingresadas, mientras que en 2022 fueron casi 200 mil. También explicitó que “nos encontramos con homicidios con un mayor nivel de planificación”. El problema, sin embargo, es que según denunció, tienen falta de personal en la Macrozona Norte y que si un fiscal tiene un carga entre 1.000 y 1.200 causas, el fiscal de Tamarugal recibe “5 mil denuncias y 150 juicios al año”. Por su parte, la ministra Tohá reconoció que “bajamos cuatro veces nuestra formación de Carabineros” y que hay problemas de incentivos para que las policías vayan a las regiones del norte del país.
Qué observar. Por seis meses sesionó la “Comisión especial investigadora de los actos del gobierno ejecutados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y especialmente en denominada Macrozona Norte del país”.
- En la instancia expuso la ministra Carolina Tohá, el subsecretario Manuel Monsalve, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Migración. También se realizaron 6 sesiones secretas con Cancillería, Gendarmería, la Directemar, la Asociación Nacional de Funcionarios Especializados en Seguridad Aeroportuaria de la DGAC, y Carabineros.
- Dentro de las principales conclusiones que evacuaron de manera unánime de la comisión —cuyo informe se publicó esta semana— fue que el sistema de trabajo implementado para Carabineros y la PDI en las fronteras “se ubica al límite de constituirse en una vulneración de derechos fundamentales”.
- En la instancia, la ministra Tohá reconoció en la sesión del 13 de marzo que “tenemos una necesidad de mejorar nuestra disposición de dotaciones a nivel nacional”.
- Pero también se concluye que “con la irrupción en nuestro país de organizaciones criminales transnacionales” la situación penitenciaria es compleja porque la planificación de dichas organizaciones “consta precisamente, el propósito de controlar los recintos penitenciarios, donde por medio de la extorsión y diversas formas de coacción, cooptan a reos nacionales y sus familias, con miras a que sirvan a los propósitos de esas organizaciones”, por lo que dicen, “se desprende la apremiante necesidad, de construir establecimientos penitenciarios”.
- A la situación en las cárceles, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sumó otro factor: La falta de funcionarios del Ministerio Público.
Valencia: “Desvestimos un santo para vestir otro”. El Fiscal Nacional expuso el 3 de abril y planteó que se requiere “reforzar la dotación para la fiscalía de Alto Hospicio y Tamarugal”, por lo que “considerando una situación extraordinaria y excepcionalísima en que se declararon dos cargos vacantes en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente”, se dispuso que esas dos dotaciones se proveyeran en la Fiscalía Regional de Tarapacá”. Y dijo abiertamente: “desvestimos un santo para vestir a otro”.
- Después detalló las cifras que de dicha fiscalía: “Se estima que, más o menos, cada fiscal debería tener una carga entre 1.000 y 1.200 causas”, pero “no es discutible ni es razonable que el fiscal de Tamarugal reciba 5.000 denuncias
y 150 juicios al año. Uno podrá discutir si son 1.000 o 1.200, pero no 5.000”.
- Añadió que no basta con esos dos fiscales, sino que se necesitan equipos de apoyo, un abogado, un profesional para Unidad de Víctimas y un administrativo en la fiscalía local de Alto Hospicio. Lo mismo para la Fiscalía Local Tamarugal.
- Para la Macrozona Norte planteó que para 2021 tenían el siguiente diagnóstico: “Se estaba presentado un alza en la criminalidad violenta, había un alza en los homicidios y, además, había signos evidentes de que se estaba introduciendo el crimen organizado transnacional en la Macrozona Norte”.
- Señaló que “nos encontramos con homicidios con un mayor nivel de planificación” y que “tenemos menos disposición de los testigos a colaborar”. Además, dijo, en 2021 “ha habido un aumento de homicidios en los que participan dos o más personas, es decir, grupos concertados para la comisión del delito. Nos encontramos con homicidios cuya raíz o motivación es servir de mecanismo de gestión de la violencia de bandas organizadas en los territorios y, qué duda cabe, de homicidios que se convierten en una herramienta de control territorial”.
Las cifras de Valencia. El fiscal nacional dijo que “existe un contexto de criminalidad que ha evolucionado significativamente en los últimos años” y que en 2022 “pasamos de las 176.000 denuncias ingresadas en 2021, a 198.665 denuncias, cifra mayor a la de 2018, 2017 y 2016”.
- Por lo tanto, dijo que “no se trata de un problema de percepción de la ciudadanía el aumento de la delincuencia” y que “se cometen más delitos y tenemos menos información respecto de quienes los cometen”.
- También precisó que hubo un aumento de aproximadamente un 50% en el uso de armas de fuego en los homicidios y que hay un aumento “muy significativo” en los homicidios entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo.
- Por último, planteó que durante 2023 hay “grandes avances en 14 de los 19 casos de homicidios”.
Tohá: “La sesión que tenemos es que faltan muchos Carabineros”. La ministra del Interior relató que “duplicamos el tiempo de formación de los carabineros (…). A eso sumemos que por la pandemia bajamos a la mitad los aforos de la Escuela de Carabineros (…). Por lo tanto, bajamos cuatro veces nuestra formación de Carabineros”.
- También dijo que deben cerrar la brecha de incentivos a las policías en términos de asignaciones de riesgo “porque hoy en la zona norte solo es de 10%, en circunstancias que en otras zonas es de 30%”.
Las cifras de migración. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, señaló el 6 de marzo 2023 en la comisión que entre enero y febrero se detectaron 3.376 ingresos irregulares, de las cuales 2.932 son adultos y 444 son niños.
- También dijo que el 72% de los ingresos irregulares detectados fueron en Colchane y el 28% por la frontera con Perú, “con Chacalluta, y una mínima parte por el paso de Ollagüe”.
- Sobre las expulsiones, planteó que en 2022 se realizaron 1.070, de las cuales 1.039 fueron judiciales y 31 administrativas. En 2021, señaló, “se materializaron 903 expulsiones”.
- Respecto a las reconducciones, dijo que entre enero y febrero “el 63% de las reconducciones fueron exitosas”, pero que se están teniendo las conversaciones con Bolivia a través de la Cancillería.
- Y añadió que “las personas que ingresan irregularmente deben ser reconducidas o expulsadas del país (…). Creemos que tipificar o penalizar el ingreso irregular va a traer más dificultades que facilidades para implementar un procedimiento de expulsión administrativa”.
- “Tenemos registro de que en la última década, desde 2013 a la fecha, se han promulgado más de 20.000 decretos de expulsión administrativa no materializados”.
- Y sentenció que “mi opinión es que el problema de la inmigración irregular no se va a resolver solo con expulsiones”.
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