La Cámara de Diputados despachó este martes a ley el proyecto que sanciona el porte de combustibles en el contexto de manifestaciones. El gobierno no esperaba una derrota tan contundente. Su idea era aplicar multas, pero el Senado cambió la infracción a una pena de presidio menor en su grado mínimo. Tohá había hecho reserva de constitucionalidad durante la tramitación del proyecto, pero, en medio del veto presidencial por la Ley de Usurpaciones y una agenda de seguridad adversa para la ministra, el gobierno optó por promulgar la ley y no ir al TC. Parte de la izquierda dijo que se estaba “criminalizando” las movilizaciones sociales.
Qué observar. Este martes el Congreso despachó a ley el proyecto 16 de un total de 31 que el gobierno con el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados se comprometieron a legislar desde el semestre pasado.
- Se trata del proyecto de ley, que fue un mensaje del Presidente Gabriel Boric, para sancionar el porte de combustibles en el contexto de manifestaciones sociales.
- El problema para el gobierno y el oficialismo en su conjunto fue que en la tramitación el proyecto tuvo modificaciones realizadas por la oposición y a ojos del Ejecutivo la iniciativa se desnaturalizó.
- Por eso en la sesión de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados el mensaje del gobierno a los parlamentarios oficialistas fue claro: Rechazar las modificaciones que había realizado el Senado a lo ya aprobado por la Cámara Baja para que así el proyecto se tuviera que discutir en comisión mixta.
- La ministra Carolina Tohá fue explícita: “Este proyecto se origina en un mensaje del Presidente de la Repúblcia cuyo objetivo es proteger la manifestación y aislar a las personas que cometen actos violentos. La opinión del Ejecutivo es que dado que el combustible no es un material que tenga circulación restringida, no es como las armas, nos parece que lo prudente es sancionar esto transformándolo en una falta penal”.
- Añadió que en el debate legislativo cambió, que “se fue extremando” y quedó como un delito en que la única posible pena es la cárcel.
Los argumentos. Pese a los intentos del gobierno por buscar modificar el proyecto despachado por el Congreso, no se logró y la iniciativa se aprobó con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones.
- En concreto, la idea del gobierno era sancionar el porte de combustible con multa de 10 a 20 UTM (entre $630 mil y $1.260.000) y se despachó a ley que se sancionará con presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días).
- “Las multas prescriben en 6 meses y no tienen ningún elemento disuasivo”, planteó el presidente de la comisión de Seguridad, el diputado Andrés Longton (RN), en su intervención en la sala.
- Por eso en Chile Vamos y el Partido Republicano aprobaron. También lo hicieron los llamados partidos bisagra (la DC y el CDU).
¿Un error de cálculo? La votación opositora sorprendió a La Moneda, cuyos cálculos apuntaban que el proyecto fuera rechazado en la sala a partir del descuelgue de parlamentarios de derecha, lo que no ocurrió.
- En el oficialismo estuvieron casi alineados: Casi todos rechazaron la iniciativa, menos los liberales Luis Malla, Sebastián Videla y Alejandro Bernales, además del PPD Raúl Soto, el independiente PPD Héctor Ulloa, y los radicales Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado.
Los distintos argumentos para aprobar. En el resto del oficialismo hicieron propias las palabras de Tohá en la sala y también argumentaron en la misma línea.
- Lorena Fries, militante de Convergencia Social e integrante de la comisión de Seguridad, fue la primera en hablar en el hemiciclo.
- Fries dijo que la redacción del proyecto “sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo sin considerar los múltiples escenarios que se pueden dar cuando una persona transita en lugares cercanos a una manifestación y porta combustibles”.
- La diputada apuntó a un argumento que repitió la izquierda durante la sesión, relacionado con su mirada del derecho a manifestación. “No apoyaremos el uso desproporcionado de la ley penal para inhibir un derecho que es clave en toda la democracia”.
- Jaime Araya, subjefe de bancada independiente PPD, planteó otro argumento, distinto al de su par de Convergencia Social.
- “Estamos todos de acuerdo en que la persona que lleva combustible en una manifestación tiene que ser sancionada, pero el problema radica en que hay un desbalance entre la ley de control de armas y esta que acaba de despachar el Congreso”, indicó.
Las penas actuales. Lo planteado por el diputado Araya es lo que motivó a gran parte del Socialismo Democrático a seguir la línea del gobierno.
- Actualmente el porte y lanzamiento de bombas molotov está sancionado en la ley de control de armas.
- El porte de las molotov tiene una sanción de presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo, es decir, entre 3 años y 1 día y 10 años de cárcel.
- La fabricación tiene una sanción de presidio menor en su grado máximo (de 3 años y 1 día a 5 años), al igual que el lanzamiento de bombas molotov en “lugares sensibles”, mientras que en lugares “menos sensibles” va entre 541 días y 3 años de cárcel.
- Por eso en el Ejecutivo planteaban que “sólo el porte de combustible” debía ser sancionado con multa y que la cárcel era “desproporcionado”.
Telón de fondo. La idea de sancionar el porte de combustible en el contexto de manifestaciones sociales es algo que se viene discutiendo desde al menos diciembre del año pasado en el contexto de la mesa de seguridad en la que estaba trabajando La Moneda con la oposición.
- Para Apruebo Dignidad, legislar esta iniciativa siempre fue una mala idea, toda vez que planteaban que se podría criminalizar la protesta social.
- A comienzos de agosto, la ministra Tohá hizo reserva de constitucionalidad mientras el proyecto se discutía en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- El problema es que el despacho de este proyecto por parte del Congreso llegó justo cuando el Ejecutivo ingresó el veto a la ley de usurpaciones.
- Tener dos proyectos de seguridad que ya fueron despachados por el Congreso, paralizados para su promulgación por iniciativa de La Moneda, podría ser complejo explicitan en el gobierno, por lo que finalmente optaron por no interponer una reserva de constitucionalidad.
- Pero, quizás más importante aún, el golpe a la ministra Tohá llega en momentos que ha recibido críticas por defender las “usurpaciones pacíficas” -concepto que debió cambiar por “usurpaciones no violentas”, tras fuertes críticas de la oposición- y el enredado trámite de la agenda de seguridad, un flanco sensible para la administración Boric y prioritario para los chilenos, de acuerdo a las encuestas.
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