El Partido Comunista siempre ha bregado para que las “usurpaciones no violentas” sean sancionadas solo con multas y no con penas de cárcel, como se despachó desde el Congreso en agosto. La Moneda, tironeada desde su flanco izquierdo y derecho, encontró una fórmula intermedia, que deja a discrecionalidad del juez la opción de aplicar una multa de 6 a 10 UTM y presidio menor en su grado mínimo. Las últimas señales del PC en el oficialismo.
Qué observar. “Estamos haciendo un análisis serio de los detalles del veto y las implicancias”, afirmó este lunes la subjefa de bancada del PC e integrante de la comisión de Seguridad, la diputada Alejandra Placencia.
- Se trataba de la misma parlamentaria, que en conjunto con el jefe de bancada de PC, Luis Cuello, le plantearon hace dos semanas al gobierno en una reunión en La Moneda que el veto a la Ley de usurpaciones tenía que contemplar observaciones a las sanciones de “tomas no violentes”.
- En concreto, le solicitaron al Ejecutivo establecer multas en vez de presidio en su grado mínimo a medio (entre 61 días y 3 años y 1 día).
- Lo planteado por el PC de a poco fue sumando apoyos, incluyendo a parlamentarios de RD, y el gobierno cedió, planteando una opción intermedia entre lo aprobado por el Congreso en agosto y la presión desde la derecha y la izquierda: dejar a criterio del juez el tipo de sanción para las “usurpaciones no violentas”.
- Por eso, en el veto presidencial que ingresó el viernes pasado el gobierno dejó a criterio de los jueces el establecer multas que van de 6 a 10 UTM o penas de cárcel, en este caso presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 351 días).
Las señales del PC. El diseño planteado por el Ejecutivo no convenció a nadie más que al Socialismo Democrático y a sectores del Frente Amplio.
- En el comité del PC (integrado por comunistas, la FRVS y Acción Humanista), la idea de aprobar un artículo que entregue la posibilidad de sancionar con cárcel a quienes realicen usurpaciones no violentas los tiene complicados (muchos en privado han marcado derechamente distancia de esa idea).
- De ahí que Placencia explicitó al medio día de este lunes lo siguiente: “Me parece que una de las cosas que aquí está en riesgo es que la desproporcionalidad de las penas efectivamente pueda generar situaciones que no sean aceptables”.
- La parlamentaria sostuvo que están trabajando con el sectores del oficialismo para tomar una definición respecto a esa observación presidencial, abriendo una interrogante de qué es lo que ocurrirá con los comunistas.
- Este punto fue abordado en la reunión que tuvieron parlamentarios del oficialismo con integrantes del gabinete del Presidente Gabriel Boric el pasado jueves. La cita, que diversos sectores catalogan como especialmente tensa, no sirvió para alinear al oficialismo en apoyar al Ejecutivo en todas las observaciones planteadas por La Moneda.
- En la reunión se abordó derechamente el discolaje de Apruebo Dignidad en la tramitación al proyecto. “No tienen derecho a pataleo”, habría comentado un personero del Ejecutivo.
- Una alta fuente oficialista lo describe así: “Si sectores del gobierno se llegan a descolgar de lo que está solicitando La Moneda aprobar, el problema podría ser mayor, ya que no alinear a todo el oficialismo en un tipo de votación que es de exclusiva potestad presidencial, podría ser visto como señal de debilidad”.
- A eso se suma, dicen desde el Socialismo Democrático, que en caso de que el PC no se cuadre se puede abrir “la temporada de objeción de consciencia” y que cada parlamentario del oficialismo vote cada proyecto como quiera en vez de alinearse con lo que pide el gobierno.
- ¿Quién pagará el costo político de aquello? Todo apunta a la ministra Carolina Tohá, quien ha llevado adelante la agenda de seguridad, prioritaria para los chilenos en todas las encuestas.
Las dudas en la oposición. La situación en Chile Vamos es igualmente confusa respecto a cómo enfrentar las votaciones que se realizarán por el veto ingresado.
- Si bien ha existido una arremetida para plantear que el gobierno “cruzó una línea” y que esto marca un antes y un después, lo cierto es que reconocen la habilidad política del gobierno respecto de los tiempos para votar la observación sobre usurpación no violentas.
- En el Congreso deberán votar primero la eliminación del inciso que plantea que “el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio”.
- En caso de rechazarse, Chile Vamos podrá insistir para que esa redacción se mantenga, pero no tienen los 2/3 necesarios en ninguna de las dos Cámaras.
- En caso de aprobarse la observación presidencial, se elimina la redacción propuesta por el Congreso.
- En segundo lugar, los parlamentarios deberán votar añadir un nuevo inciso: El que deja a discrecionalidad del juez si aplicar una multa o presidio.
- El punto es que si se elimina lo despachado por el Congreso y la oposición no concurre con su voto para aprobar la propuesta del gobierno, corren el riesgo de que se mantenga la redacción que hasta ahora existe en el Código Penal, es decir, que las usurpaciones no violentas se sancionen solo con multa.
Ojo con. El veto fue ingresado el viernes por el Senado y mañana se dará cuenta en la sala de la Cámara Alta. Pero el presidente de la Corporación, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) tomó una decisión clave: Que la comisión de Seguridad del Senado revise el proyecto antes que el hemiciclo y que sea dicha instancia liderada por el Evópoli Felipe Kast, la que plantee si se debe reinterprete el carácter del veto.
- Los asesores de los senadores de la oposición se encuentran por estos días trabajando para ver cuál es la mejor fórmula para realizar modificaciones a la forma en que se deberán votar las 14 observaciones presidenciales.
- A eso se suma un acuerdo que deberán zanjar: Si rechazan todas las observaciones del gobierno a sabiendas de que no tienen los 2/3 para insistir en el proyecto original, y que así quede una ley “completamente vacía”.
- Con eso, explicitan, ingresarían un nuevo proyecto para ser discutido en el Congreso, pero es algo que aún no definen en la oposición.
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