Qué observar. La reunión semanal que realiza el gobierno con parlamentarios de gobierno por la agenda de seguridad fue particularmente tensa este jueves. Sobre todo cuando se abordó por segunda vez los aspectos centrales del veto presidencial que ingresará este viernes el Ejecutivo a partir de la Ley de Usurpaciones, aprobada y despachada por el Congreso el 30 de agosto.
Las dos almas. Lo que en un comienzo fue una exigencia del PC, con los días fue sumando apoyos en parlamentarios del Frente Amplio e incluso del Socialismo Democrático. En el Ejecutivo incluso hizo sentido que en caso de una usurpación no violenta quedara a discrecionalidad del juez si se sanciona con multa o presidio.
El gobierno bajo fuego cruzado. Todo apunta a que si La Moneda presenta ante el Senado un veto que contemple cambios en las sanciones en el caso de las usurpaciones no violentas, ya aprobadas por el Congreso, se les abrirá un escenario tan incierto como riesgoso en un flanco sensible, como es la seguridad pública (la prioridad de los chilenos en todas las encuestas).
La alerta del presidente del Senado. El problema de que el Ejecutivo realice algún tipo de cambio a la sanción para las usurpaciones no violentas no son solo los descuelgues en la izquierda (o el sufrir una derrota).
Telón de fondo. El que el PC y sectores del Frente Amplio voten desalineados con el gobierno ya ha ocurrido en el caso de la Ley de Usurpaciones (y otras tramitaciones legislativas). El problema, dicen fuentes del oficialismo, es que en este caso el costo podría ser mayor.
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