El jueves o viernes de esta semana el Ejecutivo ingresará al Senado el veto a la ley de usurpaciones despachada por el Congreso el 30 de agosto. Durante la última semana, se han realizado diversas conversaciones con la oposición y las fuerzas propias para llegar a un acuerdo, que incluiría eliminar la legítima defensa privilegiada. El problema es que el PC pidió al gobierno que las usurpaciones no violentas no tengan penas de cárcel y solo multas.
Qué observar. El miércoles de la semana pasada se realizó la primera reunión entre el gobierno y parlamentarios por el veto a la ley de usurpaciones, despachada por el Congreso el 30 de agosto. En el encuentro participaron diputados de Convergencia Social, RD, el PS, el PPD y el PC.
- Los comunistas plantearon al Ejecutivo eliminar la sanción de cárcel a quienes realicen usurpaciones no violentas y en su reemplazo dejar una sanción de multa.
- El proyecto que despachó el Congreso establece presidio menor en su grado medio, es decir, entre 540 y 3 años y 1 día de cárcel.
- Este punto para la oposición es relevante: En la actualidad, las usurpaciones no son un delito, sino una falta, y son sancionadas con multa. Por eso, en Chile Vamos y el Partido Republicano consideran que cualquier tipo de toma de inmueble debe ser sancionada con cárcel, pero modificando la pena dependiendo de si la usurpación es o no violenta.
- De esto último en el gobierno y el Socialismo Democrático están conscientes y saben que acceder a la petición de los comunistas podría poner en riesgo el veto en su totalidad. Pero con los días, personeros del Ejecutivo cedieron a la idea y la defendieron en las negociaciones con la derecha.
El gran nudo. La propuesta que está trabajando el Ejecutivo está consensuada en prácticamente todo, menos en las sanciones respecto de usurpaciones no violentas. Este punto es la gran piedra de tope para que el gobierno ingrese un veto que cuente con el apoyo de los distintos sectores parlamentarios.
- En una reunión realizada en el Congreso este miércoles en la que participaron asesores de Chile Vamos y el Partido Republicano, los asesores del gobierno le explicitaron cómo viene el veto en este tema.
- Según asistentes al encuentro se trataría de un veto sustitutivo en el que ya no se hablaría de usurpaciones con violencia en las personas o las cosas, sino que se establecerían tres categorías: Tomas de inmuebles con intimidación en las personas, con daño en las cosas y un tercer rango para las usurpaciones que no son con intimidación ni daño.
- En esto último el Ejecutivo busca establecer el juez determine entre una sanción de multa y el presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días.
- El problema es que la propuesta no agrada en la derecha porque, como ya le han explicitado al gobierno, les parece intolerable que a través de un veto modifiquen penas que fueron establecidas por los legisladores.
- Desde el PC, en tanto, tampoco es del agrado el cambio, ya que consideran que se debe eliminar por completo la pena de cárcel en las usurpaciones no violentas y no dejarlo a discrecionalidad de un juez.
- El veto sustitutivo ocurre cuando se modifica por observaciones del Presidente una o varias parte de una ley aprobada por el Congreso.
En alerta. Que las usurpaciones sean un delito y no una falta es algo en lo que están de acuerdo desde un comienzo en parte del oficialismo y la oposición. También lo están respecto a que debe ser un delito de flagrancia permanente (como los secuestros), es decir, que la flagrancia dure todo el tiempo en que un inmueble esté usurpado y no solo 12 horas.
- De todas formas el Ejecutivo buscará modificar este punto a través del veto porque creen necesario precisar que sólo las policías pueden actuar mientras haya una usurpación. El cambio a la ley se realizará a través de una modificación al artículo 138 del Código Procesal Penal.
- En este punto, en Chile Vamos están en alerta respecto de la redacción que tendrá la propuesta del Ejecutivo.
- Consideran que el cambio es innecesario, pero que si queda bien explicitado que el delito tiene flagrancia permanente, no tendrán dificultades en aprobarlo.
Puntos en común. El gobierno también le explicitó a la oposición que buscarán suprimir la expresión de usurpaciones transitorias.
- La idea es que existan sólo tomas de inmuebles permanentes, ya que “se debe precisar que hay ánimo de la apropiación”, explican desde el gobierno. En el oficialismo entienden que con la redacción actual del proyecto de ley se podría interpretar que las tomas por manifestaciones también podrían caber dentro de las sanciones.
- En la oposición, explicitan, ya cedieron este punto, al igual que la legítima defensa privilegiada.
- Pero el último punto tuvo mayor resistencia. Durante toda la discusión del proyecto en el Congreso, desde Chile Vamos y el Partido Republicano defendieron la idea de que una persona pudiera ingresar con terceros a restituir su inmueble usurpado.
- El gobierno, en tanto, fue enfático en explicitar que la existencia de la legítima defensa privilegiada, en conjunto con la flagrancia permanente, podía generar un “retroceso civilizatorio” al facultar a los dueños de inmuebles a recuperarlo tiempo después de que haya sido usurpado.
- Durante las negociaciones, desde la oposición buscaron dejar la legítima defensa sólo para los propietarios de los inmuebles y no para terceros, lo que no fue aceptado por el Ejecutivo, por lo que finalmente cedieron y todo indica que podrían aprobar la supresión de la legítima defensa privilegiada.
Las negociaciones. En la reunión que se realizó la semana pasada en La Moneda, los personeros del Ejecutivo le habrían señalado a los diputados oficialistas que ingresarían un veto sustitutivo global, es decir, un nuevo proyecto que modifica por completo el despachado por el Congreso.
- Pero luego de las conversaciones con la oposición, y al darse cuenta que esa estrategia les podía propinar una gran derrota en el Congreso al ser rechazado el veto, el gobierno está buscando la mejor fórmula para resolver este dolor de cabeza que tienen desde hace meses.
- El veto será ingresado por el Senado durante el jueves o viernes de esta semana, en el último plazo que tiene el Ejecutivo para hacerlo.
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