Qué observar. La comisión de Sistemas de Justicia aprobó este lunes en general la creación de un Consejo Supremo de Justicia, integrado por 21 miembros, que se encargará del gobierno y la administración de todo el sistema judicial en el país, incluyendo el nombramiento de supremos -cuyas propuestas tienen actualmente su origen en el máximo tribunal-, el Fiscal Nacional, el Defensor Público y los notarios, entre otros. La propuesta, que deberá ser votada ahora en particular en la comisión y más tarde en el pleno, se encargará de gestionar los recursos y tiene facultades disciplinarias y sancionatorias, lo que supone quitar poder al máximo tribunal y rediseñar el sistema judicial en Chile.
El apoyo del FA-PC al polémico artículo 136. Además, la comisión aprobó la norma 319, impulsada por el convencional Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente) y que contó con el respaldo de sus pares del Frente Amplio (Daniel Stingo y Cristián Viera) y el PC (Hugo Gutiérrez), de Apruebo Dignidad, la coalición del Presidente electo, Gabriel Boric.
La declaración de la Suprema. El pleno de la Suprema emitió este martes un pronunciamiento sobre lo dispuesto en la Convención, el que fue leído por la ministra Ángela Vivanco. El texto, que apunta principalmente al polémico artículo 136, parte así: “Se acordó expresar lo siguiente respecto de la independencia judicial de las juezas y los jueces, que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos”.
La otra señal de los jueces. En su declaración, los supremos entregan antecedentes sobre la forma en que ha operado las designaciones en el máximo tribunal a partir de 1998. Antes, sin embargo, sostienen que su opinión es “sin perjuicio de la determinación de la Convención Constitucional respecto de la edad máxima y años de permanencia de las ministros y los ministros de la Corte Suprema en sus cargos, en torno a lo cual no se emite ningún juicio”.
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