Lo que hay detrás de la batalla por el reglamento de la Ley Uber

El Ministerio de Transportes debe presentar los ajustes al reglamento antes del 19 de enero de 2024. Mientras, en el Gobierno, no quieren extender el plazo para definir dicho reglamento, las aplicaciones de transporte de pasajeros han doblado la apuesta para intentar incidir en aspectos que consideran cruciales para la industria.

Qué observar. Tras largos cuatro años de tramitación legislativa, el Congreso Nacional aprobó durante el primer semestre de 2023 la ley 21.552 que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. Sin embargo, la gran batalla en torno a la nueva legislación está situada en el reglamento de esta ley, el que define ámbitos específicos de la misma, tanto en el plano de los requisitos técnicos como operativos para las aplicaciones de movilidad.

Entre los aspectos más controvertidos del borrador de reglamento, se encuentran las exigencias de:

• Cilindrada mínima de 1,4 litros para los vehículos de motor de combustión interna.
• Durante los seis primeros meses de la entrada en vigencia del reglamento, solo podrán ser inscritos vehículos con una antigüedad máxima de 7 años.
• Posterior a los seis primeros meses de la implementación del reglamento, solo podrán ser inscritos vehículos nuevos.

El Ministerio de Transportes debe presentar los ajustes al reglamento antes del 19 de enero de 2024. Mientras, en el Gobierno, no quieren extender el plazo para definir dicho reglamento, las aplicaciones de transporte de pasajeros han doblado la apuesta para intentar incidir en aspectos que consideran cruciales para la industria.

Cifras de la industria. En la industria de las aplicaciones de movilidad miran con preocupación el enfoque del reglamento, señalando que genera un severo impacto tanto en la oferta de transporte de movilidad como en la demanda, planteando que:

• El 89,2% de los actuales conductores de aplicaciones de transporte no podrían seguir trabajando en ellas, conforme a los requisitos exigidos por el reglamento. De los cuales, el 45% serían de la Región Metropolitana. Traduciéndose lo anterior en una pérdida potencial de más de 100.000 empleos.
• Por otro lado, ante la exigencia de poseer una licencia clase A, compañías como Uber plantean que el 81,5% de los conductores no cumplen actualmente con este requerimiento.
• En la aplicación internacional de transporte de pasajeros indican que el reglamento pondría bajo amenaza 9 de cada 10 viajes que se hacen hoy.

El rol de Marcela Sabat. La agrupación que reúne a las aplicaciones de transporte de pasajeros y de delivery denominada Alianza In es liderada por la ex senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat. La misión de Sabat como directora Ejecutiva fue precisamente encabezar el área de asuntos públicos de las compañías de cara al desafío de modificar los aspectos críticos del reglamento de la ley.

Dimensión política. Quienes dieron seguimiento al proyecto de ley, señalan que tanto en la izquierda como en la derecha hubo fuertes resistencias a regular las aplicaciones de transporte, por el efecto político de eventualmente perjudicar a un gremio poderoso, como es el de los taxistas de “techo amarillo” y colectiveros, quienes siempre han visto una amenaza en las aplicaciones de transportes.

Asimismo, particularmente en la oposición, ven que la temática Uber puede ser una ventana de oportunidad para, en caso de ser aprobado el reglamento, conectar con un electorado amplio de trabajadores de la aplicación que ven en estas plataformas una oportunidad de complementar ingresos o trabajar de manera independiente. En este segmento, el discurso de raigambre más libertaria, contrario a regulaciones estrictas que dificultan el desarrollo de una actividad económica, podría florecer.

En sectores de la derecha, plantean que no es casualidad que en Argentina un segmento importante de los primeros adherentes que tuvo el presidente electo Javier Milei, hayan sido trabajadores de aplicaciones de delivery, quienes veían en éstas una oportunidad de obtener ingresos sin depender del Estado, siendo ellos, sus propios jefes.