Hace un mes que el Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley que sanciona los delitos económicos y medioambientales, una iniciativa que ha generado un amplio debate tanto en el ámbito político como en el empresariado respecto de las interpretaciones que podría tener la ley y su implementación. Sin embargo, existe una arista que es sumamente relevante y hasta el momento ha sido poco abordada en la discusión pública: el aumento de responsabilidades en el ámbito laboral que tendrán los cargos ejecutivos y gerenciales de las compañías.
Si bien anteriormente ya existían penas que sancionaban la apropiación indebida de las cotizaciones previsionales, hoy se amplía el alcance al incluir conductas como el pago de una renta imponible inferior a la real para disminuir el monto de las cotizaciones que deben retenerse y pagarse. Estos errores, que en algunos casos incluso podrían deberse a falta de conocimiento acerca del tratamiento imponible y tributable de ciertos pagos, o ser considerados como no sujetos a imposiciones, con la nueva ley en vigor pasan a ser catalogados como delitos laborales imputables al empleador, pese a que podría no existir un consenso claro al respecto.
Adicionalmente, las empresas también pueden ser objeto de sanciones por cuasidelito en aquellos accidentes laborales que terminan en lesiones graves o incluso en el fallecimiento de un trabajador debido a la falta de medidas preventivas, o por omisiones o violaciones de los deberes de cuidado, tales como, la falta de mantención de máquinas o el no garantizar el correcto uso de los elementos de protección personal de los colaboradores.
Dicho lo anterior, tiene sentido preguntarse si con estas penas privativas de libertad o multas gravosas, habrá quienes quieran seguir tomando estas responsabilidades al interior de las empresas, considerando que muchas veces errores imponderables o desconocimientos en ciertas materias los podrían llevar tras las rejas.
Es cierto que a priori, en la teoría, esta iniciativa parece tener la intención de resguardar y proteger bienes jurídicos relevantes en el mercado. No obstante, dado el amplio espectro que abarca, su aplicación podría ser compleja. Por el momento, solo nos queda ir evaluando las querellas que se interpongan, y la actitud de los Juzgados de Garantía, la Fiscalía y las policías especializadas al respecto, ya que finalmente serán ellos quienes tendrán la llave para su aplicación.
Para más contenido After Office, clic aquí.
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
Es crucial que cualquier reforma considere incentivos que promuevan la formalización laboral, la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico, evitando cargar de manera desproporcionada a los trabajadores formales y a las empresas. La discusión no puede quedarse en cómo financiar el sistema, sino en cómo garantizar pensiones dignas de manera sostenible para todos los chilenos.
El IPSA sigue marcando máximos históricos, impulsado por optimismo local y sólidas proyecciones en empresas clave como Copec y LATAM. El mercado internacional, en tanto, observa los primeros movimientos de la administración Trump y sus efectos en la política energética global.
El ingreso de indicaciones al proyecto de reforma previsional marca avances en la negociación, con una cotización adicional del 7% y beneficios para 2,8 millones de personas. Sin embargo, el impacto fiscal y la informalidad laboral generan dudas, mientras el Consejo Fiscal Autónomo y Dipres analizan su viabilidad financiera.
El IPSA se mantuvo estable en una jornada marcada por menores volúmenes de transacción y un escenario internacional mixto, con datos positivos desde China y ajustes en el mercado de metales.
Parece especialmente inentendible la disminución al presupuesto destinado al Ministerio Público y al Poder Judicial que acaba de ser anunciada por el gobierno, cuando es ahora precisamente cuando debemos contar con procesos penales que se resuelvan con prontitud.
