Luego de la tensión producida entre el bloque oficialista y la oposición por la presentación de las indicaciones al anteproyecto constitucional de la Comisión Experta, esta semana se produjo un encuentro entre ambos representantes para explorar mecanismos de debate y acuerdos en la materia. Antes de esto, la decisión del Consejo Constitucional de no realizar una consulta indígena reabrió la discusión sobre su procedencia durante este segundo proceso.
Las claves constitucionales de la semana
Debate sobre consulta indígena. El hecho de que el Proceso Constitucional no contemple una consulta indígena ha sido objeto de conflicto desde su inicio. La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, sostuvo que su ausencia era una deficiencia.
- Cuando se suscribió el Acuerdo por Chile, Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, expuso que por falta de acuerdo político la pertinencia de una consulta indígena no había sido incorporada en la reforma constitucional.
- Sin perjuicio de lo anterior, el consejero mapuche Alihuén Antileo, electo por el escaño de los pueblos indígenas, presentó una solicitud de pronunciamiento a principios de junio al Ministerio de Desarrollo Social para que informara si el Consejo Constitucional tiene atribuciones para desarrollar una consulta indígena. Esto, en atención a que Antileo señala de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, debe efectuarse.
- El lunes 14 de julio el gobierno contestó que era procedente que el Consejo Constitucional la realizara respecto de los contenidos susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Por otra parte, la secretaría del proceso concluyó que, en base a un informe en derecho, jurídicamente el Consejo no tiene las atribuciones para desarrollarla.
- Ante la respuesta del gobierno, la mesa abrió un espacio de diálogo con los delegados, donde el asunto terminó siendo votado. De esta forma, el miércoles 26 de julio el Consejo Constitucional resolvió que no está facultado para realizar una consulta indígena.
Las razones del rechazo. Se fundamenta en que estas consultas solo se deben realizar en materias legislativas y no para la elaboración de una nueva Constitución.
- Además, en que el Consejo no es la entidad competente para llevar adelante una consulta indígena pues se trata de un órgano excepcional, de carácter temporal y que tiene por único objeto discutir y aprobar una propuesta de nueva Constitución.
- También se mencionan las dificultades logísticas, como el poco tiempo para implementarla y que no se consideraron recursos para ella.
Reacciones de los bloques. Los consejeros y expertos oficialistas manifestaron su molestia. Antileo señaló que era un portazo a los pueblos originarios y que la consulta se podría haber hecho con voluntad política. Agregó que era un punto de inflexión que marcará las próximas negociaciones. Por su parte, el vicepresidente Aldo Valle (Ind.-PS) reconoció que no compartía la decisión.
- Los representantes oficialistas afirmaron que la consulta se vincula a la legitimidad del proceso y señalaron que buscaron una solución “intermedia”, a través de un procedimiento acotado, lo que no prosperó. Con todo, reconocen que realizarla en menos de tres meses es imposible e irresponsable y señalan se debió resolver en marzo cuando fue solicitado por los comisionados oficialistas, pero no fue considerado.
- Los republicanos ven que el oficio de Antileo tiene por objeto generar un problema de legitimidad de origen y eventualmente reclamar en instancias jurisdiccionales nacionales como internacionales.
- Finalmente, la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (P. Republicano) respondió a través de un oficio a Antileo, que no fue suscrito por el vicepresidente Aldo Valle (Ind.-PS), en el que señala que se disiente de la postura del Gobierno pues el órgano carece de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para realizar una consulta indígena y, por lo tanto, no procede su realización.
- Con todo, los representantes de la oposición dejaron constancia de que esta decisión no implica descartar la participación de los pueblos indígenas, pues se pretende evaluar insumos de consultas en procesos anteriores.
Primer encuentro para acercar enmiendas. El jueves 27 de julio se dio la primera instancia formal entre el oficialismo y la oposición para establecer una forma para debatir y negociar las indicaciones, al que asistieron delegados de las seis bancadas.
- Desde la izquierda propusieron una mesa de negociación que encauce los acuerdos de las comisiones, donde participe un representante de cada partido y el escaño indígena. La derecha se comprometió a entregar una respuesta. Por otra parte, los republicanos solicitaron al oficialismo que definieran cuáles eran sus materias prioritarias para defender.
- En la misma reunión, los delegados oficialistas notificaron a los de oposición que reclamarán ante la Corte Suprema por las enmiendas que proponen crear nuevos capítulos. Esto, porque consideran que es una infracción al procedimiento del proceso, ya que el reglamento señala que el Consejo solo puede ingresar enmiendas que incidan sobre normas específicas señalando el artículo que se modifica.
Trabajo en las Comisiones
Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. El 24 de julio asistió el expresidente Sebastián Piñera, quien expuso sobre el anteproyecto de la Comisión Experta y se refirió a algunas de las enmiendas presentadas por los consejeros. Asimismo, enfatizó la necesidad de lograr acuerdos. Dentro de las materias valoradas por el expresidente están:
- La ratificación por parte de los comisionados del régimen presidencialista, que calificó como la mejor forma de gobierno para Chile.
- El fortalecimiento de la iniciativa exclusiva presidencial, la mejora en los trámites de admisibilidad, la corrección a las falencias de las urgencias legislativas con la incorporación de la agenda prioritaria.
- El umbral del 5%, pero se manifestó dudoso sobre la propuesta de trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial.
- El aumento del quórum para la aprobación de las acusaciones constitucionales y pidió a los consejeros que se especifiquen mejor las causales.
- La regulación sobre los partidos políticos. Apoyó la norma anti díscolos para que los parlamentarios que renuncien a sus colectividades pierdan el escaño, pero se manifestó en contra de aplicar dicha sanción a los casos de expulsión, pues puede usarse como un instrumento para deshacerse de adversarios.
- El aumento el quórum para reformar la Constitución. Sin embargo, manifestó que no le convence la incorporación de normas para reemplazarla porque las cartas magnas deben ser duraderas. No obstante, apreció el mecanismo de reemplazo diseñado por los expertos.
- En relación con las enmiendas, sugirió que los tratados internacionales de DDHH tengan rango constitucional, pero con una ley que fije el listado. Comparte la propuesta de reducir la magnitud de los distritos y los escaños parlamentarios. También defendió la libertad de elección en derechos sociales, señalando que el mejor modelo, a su juicio, es que haya provisión mixta y pidió hacer una mejor definición del Estado social.
- Ante las consultas de los consejeros, Piñera respondió tomando una clara postura a favor de los acuerdos en lo fundamental, llamando a dejar los prejuicios y a hacer un esfuerzo para que el Consejo Constitucional llegue a una propuesta que pase por el test de la ciudadanía.
Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. El 25 de julio, la Secretaría de Participación Ciudadana profundizó en los resultados de la participación de más de doscientos mil ciudadanos. En relación con la consulta ciudadana, Flavio Cortés, responsable de la correspondiente plataforma, indicó que más de 120 mil personas ingresaron a ésta. De los resultados, se desprende que hay un muy alto y generalizado nivel de acuerdo con el anteproyecto, pues en promedio alcanza a un 87%.
- Además, destacó que hay temas considerados relevantes de incorporar o mantener en el proyecto constitucional, tales como el orden y la seguridad pública, la autonomía de los gobiernos regionales, la compensación a las regiones o comunas que sufran daños ambientales, la consagración de derechos sociales, el acceso a la justicia, entre otros.
Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El 25 de julio, la Secretaría de Participación Ciudadana presentó los resultados de los mecanismos implementados entre el 7 de junio y 7 de julio. De las 1.306 iniciativas populares de norma, educación fue el tema con más apoyo de las propuestas. En tanto, en las audiencias públicas y en los diálogos autoconvocados, el tema más abordado fue el medio ambiente.
- Sobre el sistema de AFP expuso el académico de la Universidad Central, Ignacio Schiappacasse, quien se manifestó contrario a que los cotizantes elijan la entidad que administre sus fondos, a la su propiedad individual y a la heredabilidad. La consejera Pilar Cuevas (RN) replicó que la exposición estaba cargada de una ideologización profunda, y aclaró que las enmiendas están lejos de constitucionalizar una industria determinada. Agregó que no defendían a las AFP como institución, sino los fondos de los trabajadores y afiliados al sistema, y la mantención de la libertad de elegir entre un sistema público o privado.
- La comisión también recibió al exdirector de la Dirección Trabajo, Marcelo Albornoz, quien expuso sobre el derecho al trabajo y libertad sindical. Observó que el anteproyecto alude a los procedimientos de la negociación colectiva, señalando que requiere entregar mayor la certeza jurídica para la estabilidad de las relaciones de trabajo.
Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. El 26 de julio se presentó la última iniciativa popular de norma (IPN). La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) pidió que la nueva Constitución garantice que nunca más en Chile se repetirán las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar.
- Para ellos es imperativo que la Constitución asegure a todas las personas el derecho a no ser sometidas a desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, exilio, o relegación.
- Asimismo, debe garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran. En este derecho tiene que existir un deber de perseguir dichas violaciones, asegurando investigaciones oportunas, eficaces y rigurosas.
- Debe haber proporcionalidad de las sanciones a los responsables, sin ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea expresión de impunidad.
Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Distintos académicos concurrieron durante la semana a las sesiones de la comisión para abordar las normas del capítulo del Poder Judicial.
- La integración de la Corte Suprema fue tratada, entre otros especialistas, por el ex ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, quien afirmó que es muy importante referirse a la integración, facultades, nombramiento y duración de los integrantes del máximo tribunal.
- El académico José Manuel Díaz de Valdés expuso sobre la nueva Corte Constitucional, entregando un conjunto de consideraciones. También asistió el profesor y ex integrante del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, quien expuso sobre las normas de integración y atribuciones en el control de legalidad de esta Corte.
- La académica Priscila Machado analizó la propuesta de modernización, nombramientos, creación de órganos autónomos y acceso oportuno a la justicia.
- Javier Wilenmann, director del Centro de Investigación en Derecho y Sociedad (CIDS) de la Universidad Adolfo Ibáñez, se centró en las normas relativas al Ministerio Público.
Lea también. Consejo: reacciones a enmiendas oficialistas y de oposición (ex-ante.cl)
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