La negociación: disfraces, maniobras y tretas de todo tipo. Por Sergio Muñoz Riveros

La idea de un nuevo proceso constituyente es expresión de puro voluntarismo. Fue concebida a la carrera por el gobierno para amortiguar el golpe del Rechazo, pero, como era una maniobra de emergencia, sin que hubiera reflexión sobre sus posibles efectos, terminó convirtiéndose en una trampa para los propios oficialistas.

¿Qué están negociando realmente los partidos oficialistas y opositores? ¿Están preocupados de la estabilidad institucional y la calidad de la democracia? Nada lo indica. Sus representantes solo hablan de asuntos instrumentales, como el número de integrantes del órgano redactor de un proyecto de Constitución, la posibilidad de que sea mixto o 100% electo, con o sin escaños indígenas, elegidos en listas cerradas o no, etc. De lo que no hablan es de los principios que la Constitución debe garantizar, y menos explican por qué es necesario desmontar un orden constitucional que funciona. Solo repiten que la Constitución debe ser nueva. Bueno, la de la Convención era “novísima”, y ya vimos la respuesta de los ciudadanos.

¿Creen los partidos que el país está a la espera de sus decisiones? ¿Están quizás sugestionados por la idea de “hacer historia”, al igual que los convencionales que redactaron el artefacto rechazado? Entre creer eso y hacer el ridículo, la distancia es muy corta. Instalados en un microclima, no alcanzan a percibir que mucha gente, quizás la mayoría, no se interesa en lo que están haciendo, o peor aún, tiende a confirmar la idea de que los políticos viven en una especie de realidad paralela.

La Moneda parece dispuesta a aceptar cualquier acuerdo que le quite trascendencia al Rechazo del 4 de septiembre, y que permita crear la sensación de que hay un proceso constituyente de duración indefinida. Curiosamente, a quien menos le conviene la incertidumbre es a Gabriel Boric, que presionó por el inicio de las conversaciones, pero ahora parece ver que todo se enredó más. Ha ido descubriendo, además, los beneficios de la estabilidad. En la situación desmedrada en que se encuentra, solo le sirve seguir gobernando con las atribuciones que le reconoce la Constitución vigente. Todo lo demás es hipotético y confuso.

Los partidos oficialistas perdieron “la batalla de las batallas”, como decía Teillier, y están obligados a considerar qué beneficio real podrían conseguir en una nueva aventura constituyente. ¿Ganar la batalla simbólica? Y eso, ¿de qué les serviría? Pero, además, ¿con qué ropa ganarían esa batalla? Una elección cercana de nuevos convencionales sería desastrosa para el Frente Amplio, el PC, el PS y el PPD. Y es probable que Boric no resistiera una nueva derrota. De esto, se concluye que los partidos oficialistas están dedicados a la simulación: en realidad, prefieren que las negociaciones fracasen, pero de un modo que les permita culpar a la oposición.

Atrapados en la inercia negociadora, los partidos han dejado de ver al país. Podrían firmar un acuerdo que, finalmente, no logre traducirse en una reforma constitucional en el Congreso. O que desate una corriente de propuestas que complique aún más las cosas (los parlamentarios son creativos, como nos consta con la convención anterior). ¿Qué pasaría si el acuerdo se hunde en la tramitación parlamentaria? ¿Se puede descartar que Republicanos, el Partido de la Gente y quizás el Partido Comunista opten por sabotear el acuerdo? Desde luego que no. Se explica, entonces, que dentro de los partidos de Chile Vamos haya crecido la inquietud frente al riesgo de ser burlados por La Moneda.

La idea de un nuevo proceso constituyente es expresión de puro voluntarismo. Fue concebida a la carrera por el gobierno para amortiguar el golpe del Rechazo, pero, como era una maniobra de emergencia, sin que hubiera reflexión sobre sus posibles efectos, terminó convirtiéndose en una trampa para los propios oficialistas. La iniciativa va a contrapelo de las verdaderas necesidades nacionales. Incluso, podría ocurrir que, habiéndose aprobado la reforma constitucional en el Congreso, el nuevo proceso no les interese a los ciudadanos, ya bastante hastiados del juego politiquero. Podría crecer una corriente de rechazo al proceso, y que ello se manifieste en una alta abstención en la elección de nuevos convencionales.

Lejos nos ha llevado la aventura iniciada en 2019 bajo la presión del fuego y el vandalismo. Y no olvidemos que partió como una batalla contra los 30 años: se trataba de negar que hubiera habido una transición fructífera, para lo cual se llamaba a luchar contra “la Constitución del 80”, cosa que hicieron muchas personas que sabían que la Constitución llevaba la firma del Presidente Lagos y ocuparon todo tipo de cargos en los gobiernos –ilegítimos, al parecer- de esos 30 años.

Ha sido irresponsable convertir el orden constitucional en un campo de batalla por motivos espurios. Es mucha la liviandad que hemos visto en estos años, la que, por desgracia, sigue presente. Hay quienes dicen que no se puede reformar la actual Constitución, y que hay que elaborar una enteramente nueva. ¿Y qué pasa si las disposiciones de la actual merecen ser conservadas, como ocurre en realidad? ¿Deben borrarse de todos modos para que la Constitución sea “nueva”? ¿No es completamente absurdo? ¿Y para darles en el gusto a quiénes? E

El 10 de septiembre, Álvaro Elizalde, presidente del Senado, declaró al diario El País: “La Constitución actual está vigente en Chile, pero se encuentra política y socialmente derogada”. Sería interesante que él explicara tal afirmación. Lo que describe es una situación inmensamente riesgosa para el país, y justificaría que propusiera que el Senado tome cartas en el asunto. No lo ha hecho. Dice que “la Constitución esta política y socialmente derogada”, pero se desempeña como presidente del Senado sin mayor ansiedad. Hoy, se limita a oficiar de vocero de los partidos que están negociando. Y no le costaría tanto ponerse a la altura de las circunstancias mediante el simple recurso de hacer que el Congreso ejerza su potestad constituyente.

Los principales problemas que padece Chile son consecuencia de la mala política. Ya es suficiente.

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