Desde hace algún tiempo el gobierno, por boca de su vocera la ministra Camila Vallejo, venía insinuando que hay que combatir la desinformación. Con ese fin con fecha 12 de mayo de este año se creó una Comisión Asesora de la Desinformación, cuyo objetivo es crear condiciones para promover una ley de medios de comunicación que regule y controle la “calidad” de la información. No se trata de un cuestionamiento puramente teórico e inofensivo. Muy por el contrario, la idea es generar las condiciones para regular a los medios de comunicación e influir en su línea editorial
Este afán de combatir la “desinformación” es fruto del trauma de la derrota sufrida por la izquierda en el plebiscito de salida, cuyos resultados aun no terminan de asimilar y optaron por descalificar como fruto de las fake news y campañas de desinformación orquestadas por la derecha.
También sirve para mantener viva la idea de victimización de sectores de izquierda que culpan de su baja aprobación ciudadana a la prensa, según ellos manejada por la derecha, que desinforma sobre los logros del gobierno y destaca sus desaciertos.
Lo que el gobierno no entiende, es que la desinformación es una consecuencia no deseada de la libertad de expresión y prensa y es el precio que debemos pagar por los valores fundamentales de una sociedad democrática. Cualquier medida restrictiva sería contraproducente. La libertad de expresión y prensa permite a los ciudadanos expresar sus opiniones, criticar al gobierno y participar de debates públicos. Además, facilita la rendición de cuentas, el control del poder y el acceso a la información diversa.
La desinformación es una desventaja inherente que puede surgir en un entorno de libertad de prensa y expresión, ya que las personas pueden utilizar estos derechos para difundir información falsa o engañosa. Sin embargo, esta “desventaja” no justifica la restricción de la libertad de prensa y expresión en su conjunto. La existencia de la desinformación no invalida los beneficios y el valor que la libertad de expresión y prensa aportan a la sociedad.
Cualquier medida restrictiva adoptada para combatir la desinformación, como la censura o regulaciones excesivas pueden ser contraproducentes, socavando la confianza en los medios de comunicación y generando sospechas sobre la imparcialidad del gobierno. Estas medidas se pueden utilizar para silenciar opiniones criticas o disidentes, restringiendo el debate y la diversidad de opiniones. Su implementación puede llevar a un control del gobierno sobre la información y abrir la puerta a los abusos de poder.
En lugar de imponer medidas restrictivas es más efectivo combatir la desinformación a través de la educación y la transparencia, promoviendo la alfabetización mediática y fomentar la capacidad crítica de los ciudadanos para evaluar la información.
Hay que tener presente que la desinformación y las noticias falsas (fake news) son conceptos relacionados, pero no son exactamente lo mismo. El primero se refiere a la difusión de información sin intención maliciosa, incorrecta, ya sea intencional o no. Puede incluir errores involuntarios, malentendidos o interpretaciones de los hechos.
Pero las “fake news” son noticias falsas deliberadamente creadas para engañar o manipular a las personas, que a menudo tienen la apariencia de una noticia real, pero su contenido es falso y su propósito es generar confusión, influir en la opinión pública o promover agendas específicas que pueden tener efectos perniciosos en la sociedad.
También hay que distinguir ente desinformación, fake news y juicios políticamente motivados que se difunden en los medios. Así, por ejemplo, cuando se dice que las AFP les roban el dinero a los afiliados el medio que lo publica esta técnicamente desinformando; porque, más allá de las críticas al sistema de pensiones, es un hecho indubitado que las AFP no le roban un peso a nadie.
A todo lo anterior se suma el surgimiento de medios de comunicación ideológicos, que en una sociedad democrática tienen todo el derecho de existir y que en la era de las redes sociales se multiplican exponencialmente.
En Estados Unidos existió entre 1949 y 1987 una regulación conocida como de “Fairness Doctrine” que obligaba a medios televisivos y radiales a tratar los temas de interés público de una manera justa y equitativa otorgando oportunidades razonables para la exposición de los diversos puntos de vista. En 1987 la FCC presionada por el gobierno de Ronald Reagan la derogó aduciendo que entorpecía el desarrollo de los medios y que ya no era necesaria.
A partir de ese momento se abrieron las compuertas y surgen los medios ideológicos dedicados exclusivamente a promover su agenda política-valórica con exclusión de todos aquellos que piensan distinto. Fox News es el mayor exponente de este fenómeno pero no el único; hay muchos más, incluyendo cientos de miles de radioemisoras conservadoras que tienen el control absoluto del dial AM.
Estos medios ideológicos son la caja de resonancia para la difusión de una realidad alternativa en la cual, por ejemplo, Donald Trump ganó las elecciones del 2020, el FBI incitó el ataque al capitolio y Joe Biden es un pedófilo. Hoy, casi tres años después de la elección, el 80% de los votantes republicanos creen que Trump ganó la elección, pese a que más de 60 reclamos ante la justicia fueron desechados y Fox News condenada por difamación contra Dominion, la empresa que fabricó las máquinas para la votación.
El expresidente Barack Obama en una entrevista reciente decía que éste es el gran obstáculo para que exista un diálogo civilizado en su país. Ya no se trata de contrastar las distintas opiniones legítimas sobre un conjunto de hechos conocidos; ahora los ciudadanos no tienen acuerdo sobre cuál es la realidad. La verdad objetiva no existe más. Habitan universos paralelos, con hechos alternativos.
En Chile estamos lejos de esa perversidad; aún no habitamos universos paralelos, aunque tengamos discrepancias políticas e ideológicas muy pronunciadas y un alto grado de polarización. Comparado con el estado de cosas que reina en Estados Unidos, estamos en un “paraíso” comunicacional donde existe el más amplio pluralismo político en las diversas plataformas y medios de comunicación.
Pero no siempre fue así. Hubo una época, hace no tanto tiempo, en que en nuestro país lo que predominaba eran los medios ideológicos. Casi todos los partidos tenían sus diarios. La Época, cercana a la democracia cristiana; El Clarín, asociado a la izquierda; La Tercera, cercana al Partido Radical; Puro Chile, de la Unidad Popular; La Tribuna, de extrema derecha; El Siglo, del partido comunista; La Nación, manejada por el gobierno de Turno y naturalmente El Mercurio, que siempre representó al mundo empresarial y latifundista.
Podríamos decir que la cancha mediática estaba más o menos nivelada, hasta que vino el golpe que barrió con todos los medios de prensa salvo los adeptos al nuevo régimen.
Con el regreso de la democracia en la concertación se debatió con pasión la necesidad de tener un diario propio para no depender de los medios establecidos proclives a la derecha, el que se financiaría con avisaje de los organismos públicos. La idea fue desechada, pero se concretó cuando la democracia cristiana sacó La Época, un excelente diario que no logró sostenerse financieramente.
Pese a no contar con medios propios (y la desinformación inherente a la libertad de expresión) la centro izquierda gobernó 25 años y hoy Gabriel Boric está en el poder, lo que es un testimonio al pluralismo de los medios, independiente de sus accionistas; medios donde pudieron llevar su mensaje a los electores. La libertad de expresión y prensa en Chile goza de muy buena salud y no requiere de la intervención del gobierno.
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