Jaime Mañalich alerta por insolvencia de tres Isapres tras indicaciones del gobierno a ley corta

La noche de este miércoles el gobierno ingresó las indicaciones a la ley corta de Isapres en un contexto en el que le quedan 45 días para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a pagar una deuda de US$ 1.400 millones a mayo de 2023. “No ha habido ninguna intención del gobierno de disponer ninguna medida que le de una validez a las Isapres para seguir funcionando hacia adelante”, dice Jaime Mañalich.

—El Ejecutivo ingresó sus indicaciones en las que no se considera un mecanismo para rebajar la deuda. ¿Cuál es el escenario actual?

—Creo que aquí hay una línea gruesa que el gobierno no ha perdido el horizonte. El objetivo del gobierno, dicho en el plan de gobierno, en los mensajes del Presidente, en la propuesta de Constitución que fue rechazada en 2022, es básicamente uno: Que todo el financiamiento de salud provenga de un ente público. Ha habido conversaciones que yo creo que son un poco ingenuas porque en ningún momento el gobierno ha abandonado esa perspectiva de terminar con las Isapres y estatizar todo el financiamiento de salud.

—¿Era esperable que las indicaciones del gobierno no contemplaran un mecanismo de reducción de la deuda? 

—A mí no me genera ninguna sorpresa que el gobierno no se haya allanado a ningún mecanismo para bajar la deuda de 1.100 y tantos millones (de dólares) o la cifra que resulte a estas alturas, para darle un alivio a las Isapres, y uno de los únicos elementos que permitirían prolongar un poquito la vida del sistema privado en Chile, de algunas Isapres, no de todas, es este ajuste por una vez que sigue vigente en el proyecto y que en las indicaciones del gobierno se señaló que el tope máximo de ese ajuste es de 10% del precio total del plan (de julio de 2023). No es 10% sobre el precio base, porque eso permitiría multiplicarlo después por la tabla de factores, por lo que es una ayuda bastante modesta si es que la Superintendencia aceptara ese máximo.

—Poniéndonos en el escenario de que el proyecto de ley saliera del Congreso con los elementos aprobados hasta ahora y las indicaciones del Ejecutivo, ¿en qué pie quedan las Isapres? 

—En mi opinión, al mirar los estados financieros de las Isapres de lo que informan a la Superintendencia, hay tres Isapres que quedan en una situación de incumplir los indicadores que debe mantener ante la Superintendencia, y en ese contexto, a menos que estas Isapres hagan una capitalización enorme, no van a cumplir los indicadores y eso gatilla inmediatamente el mecanismo de control y liquidación que está dispuesto en la ley, que es que la Superintendencia nombra un interventor que decreta un corralito para que las personas no entren ni puedan salir de las Isapres, y en definitiva después de saldar las deudas, de pagar a los proveedores, sobre todo las leyes laborales, esa Isapre entra en liquidación.

—¿Cuáles son estas tres Isapres? 

—Me parecería imprudente señalar eso. Yo creo que corresponde al superintendente y esto está en la página web de la Superintendencia, donde se ve claramente que hay tres Isapres que están en una situación límite para no cumplir los indicadores y aprobada la ley corta; o si no se aprueba la ley corta, obligado el superintendente a efectuar el fallo de la Corte Suprema, evidentemente estas tres Isapres entran en insolvencia, insisto, a menos que haya una capitalización por parte de sus controladores, evento que yo creo muy poco probable.

—¿Por qué lo ve poco probable? 

—Las Isapres como ente jurídico propiamente tal tienen un mecanismo de salida estrecha que es decirle a la Superintendencia que no pueden cumplir los indicadores y la ley estipula qué es lo que ocurre a continuación. Hay algunas Isapres que tienen controladores extranjeros que han interpuestos demandas ante CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Sería extremadamente raro que las aseguradoras internacionales que están detrás de estas Isapres y que han activado este mecanismo de solución de controversia, renunciaran de hecho a ese mecanismo capitalizando sus Isapres. Desde el punto de vista formal es absolutamente imposible porque estarían renunciando al mecanismo de resarcirse de lo que ellos estiman es un cambio dramático de las reglas, que les permite reclamar al Estado de Chile miles de millones de dólares.

—¿Hay algún elemento en este debate que no esté a la vista?

—Lo que está ocurriendo ahora simultáneamente es que el gobierno está levantando en su agenda, a través de la alerta sanitaria que se promulgó hace dos días, la idea de que para resolver la ley corta se necesitaría una inversión pública del orden de US$650 millones. Eso no es un accidente, es precisamente para tratar de darle una estabilidad a los prestadores privados que atienden también beneficiarios de Fonasa y que el sistema público prestador no puede hacerse cargo, de manera tal de generar un mecanismo extraordinario de financiamiento estatal. Yo creo que para allá va toda esta puesta en escena de la ley corta y de estos US$650 millones, para lograr que Hacienda se allane a un aumento de los fondos, por una vez para Fonasa. Eso para poder derivar a prestadores privados y en ese contexto, ante la caída de algunas Isapres que financian estos prestadores, poder darle un aire mientras eventualmente se tramita una reforma al sistema que es lo que comprometió el gobierno de ingresar a más tardar en octubre de este año.

—¿Daría lo mismo si es que se cae una Isapre y no le paga la deuda a la clínica porque tendría este aire?

—La ley corta especifica que en el caso de la caída de las Isapres hay un cambio de prelación y lo primero que se debe pagar es la deuda a prestadores, lo que significa de nuevo un aire. Y en segundo lugar está apareciendo en el horizonte la configuración de este salvavidas alternativo que es el aumento del gasto público para listas de espera de beneficiarios públicos, para que se puedan atender en un sistema privado prestador a través de la licitación de listas de espera, que es algo que está ocurriendo en este momento y que la alerta sanitaria permite incluso acelerar.

—¿El gobierno estaría dejando caer a las Isapres?

—Las ayudas que el gobierno ha dispuesto son el ajuste por una vez del precio base a través del ICSA, el aumento hasta un 10% del precio total que está pendiente en la ley corta, y de aquí para adelante, que la cotización mínima de salud en las Isapres, y en Fonasa por supuesto, sea de 7%. Quiero recordar que en la reforma previsional, porque todo esto está vinculado, el tope para esta cotización se eleva de 84 UF a 120 UF. O sea, si se aprobara esa parte de la reforma de pensiones, habría otro gesto a las Isapres para que la gente que tiene mayores ingresos, es decir, sueldos superiores a $3 millones, coticen no por el tope que tienen hoy día.

—Pero son gestos, no soluciones y con esto hay 3 Isapres que pueden caer en insolvencia. 

—Eso es. Y no ha habido ninguna intención del gobierno de disponer ninguna medida que le de una validez a las Isapres para seguir funcionando hacia adelante. Estamos hablando de medidas de rescate que no están orientadas a las Isapres, están orientadas a la mantención de un sistema público-privado de prestación.

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