Además de ser parte de la conversaciones con la oposición por la agenda de “Mínimos Comunes”, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa (RN) tiene otra tarea pesada en la espalda: avanzar a contrarreloj para que todos los servicios y dependencias públicas estén listas para recibir a la Convención Constitucional, que comenzará a sesionar, a más tardar, el 6 de julio. La tarea implica prestar apoyo técnico, financiero y administrativo para la instalación y funcionamiento de la Convención, pero dando garantías de que no es el ánimo del gobierno tratar de influir en las deliberaciones de los constituyentes.
La Constitución mandata al Gobierno a ayudar en la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional ¿Pueden los convencionales decidir cosas distintas a las que ya resolvió el Ejecutivo?
Lo que dice esta reforma es que Presidente debe designar un organismo para coordine este apoyo. El Presidente designó a al Secretaría General de la Presidencia, no por un capricho, siempre ha sido el ministerio coordinador en materias muy variadas, por ejemplo, en la relación con el Congreso. Tenemos este deber que vamos a cumplir y desde luego que la Convención Constitucional puede tomar todas las decisiones que la reforma constitucional le entrega libremente y que son bastante claras: quienes la van a liderar, las asignaciones, entiendo que un comité de ética y, lo más importante, su reglamento, si funciona con comisiones, cuántas, si son temáticas, si algunas son ampliadas. Todo eso queda al arbitrio de la Convención Constitucional.
¿Entonces puede haber decisiones administrativas en esta fase previa, que después sean revertidas?
Lo que pasa es que no hay que ver nuestro apoyo como una intervención. Cuando te digo que vamos prestar un apoyo administrativo y financiero, sería muy raro que quisieran que nos restáramos. Primero porque la Convención no es una persona jurídica. No es como una corporación del Senado o la Cámara, que pueden tener una cuenta corriente. En consecuencia, la Convención necesita de apoyo, porque necesita desde cosas pequeñas, quién compra los pasajes de avión, quién provee de los paneles de votación, quién les puede comprar o licitar los computadores, habilitar las oficinas. O sea, hay muchas cosas prácticas y hay que desdramatizar ese aspecto. Queremos ayudar. No imponer.
Cuando se nombró a Francisco Encina como secretario ejecutivo de la Convención hubo juristas, como Verónica Undurraga y María Jaraquemada, entre otras y otros, que plantearon que la labor del Gobierno debía entenderse como transitoria y que si bien valoraban el nombramiento, debía someterse a lo que decidiera la Convención.
Lo que pasa es que son cosas distintas. Después lo hablé con María Jaraquemada. Cuando se explica que la Convención no tiene personalidad jurídica, se entiende muy bien que tiene que haber otra persona que sí la tiene y que sí es fiscalizable por la Contraloría. Así se nos entregó un presupuesto. No puedes entregarle técnicamente un presupuesto a la Convención. El rol es transitorio para que estén todas las comodidades, como las ampliaciones, las oficinas, los puntos de conexión, la adquisición de aparatos de seguridad, sistemas de televisación. Pero debiésemos acompañar a la Convención durante toda su administración. ¿Por qué alguien podría oponerse a que la Segpres cotice por volumen los pasajes de avión? El Ejecutivo no se va a meter en la deliberación, ni se va a meter en cómo debe ser un reglamento. Esa legítima preocupación de las abogadas que Ud. menciona está cubierta. Dicho eso, esperamos que la Convención aproveche al Estado. Va a haber un convenio con la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene mucho material y grandes profesionales. Que aproveche, en ese sentido, al Congreso. Ojalá aproveche algunas experiencias comparadas. Que aproveche a la sociedad civil y también al Ejecutivo.
Vale decir, el apoyo administrativo y financiero del Gobierno permanecerá durante toda la vigencia de la Convención.
Lo que pasa es que si logramos separar, qué significa el apoyo administrativo y financiero, no va a haber reparos en que acompañemos a la Convención hasta el final. Y no solo este Gobierno, esto va a terminar con otro Gobierno.
Y en materia de reglamento de la Convención, ¿hasta dónde puede colaborar el Gobierno? ¿Todos están de acuerdo en que el debate por el reglamento no puede demorarse lo que se demoró en Bolivia o Colombia?
También paso en la Constitución de 1925…
Por eso tal vez el Gobierno podría convocar a partidos o centros de pensamiento antes de la instalación…
A nosotros no nos corresponde influir en el texto del reglamento. Ni lo pretendemos hacer. Desde luego si la Convención quiere nuestra opinión, la daremos, pero muchos centros de estudio de todas las sensibilidades políticas, entiendo, están pensando alternativas. Lo único que haría es un llamado, pero ya más personal, a no desaprovechar las experiencias. Los reglamentos del Congreso está un poco anticuados, porque se hicieron en los 90, pero tienen una buena lógica. Responden a una forma de legislar que permite una buena deliberación. Entonces los invitaría a mirarlos.
En algún momento dirigentes de izquierda, como el exdiputado Hugo Gutiérrez, cuestionaron que el Presidente Piñera firmara la futura Constitución. Independiente de que ya no aparezca su firma, ¿qué espera que se le reconozca a este gobierno?
Bueno, uno siempre espera reconocimiento, pero no es lo más relevante. Para nosotros, lo que sí sería motivo de orgullo, más allá de que no terminemos el proceso, es que el itinerario constitucional, institucional, que surge del 15 de noviembre, salga bien. Ese será nuestro motivo de orgullo, más allá de la firma. De verdad, creo que había heridas, que no se habían dimensionado, realmente en Chile. Una nueva Constitución, en cierta forma, las va a sanar en la medida que sea una Constitución inclusiva, que sea fruto de acuerdos, no de imposiciones, no rodeada con marchas. Para el Gobierno será muy importante sentir que fue importante para cerrar la transición de verdad. La misma transición que la hemos cerrado tantas veces y no era tan así.
El problema de eso es que desde la oposición, en general, no existe el ánimo de reconocerle logros al Gobierno y en parte de Chile Vamos creen que fue un error haber avanzado en el proceso constituyente.
Creo que nuestro rol va a ser mejor valorado con el paso de los años. Por ejemplo, en materia de pandemia, el rol será más valorado en el corto plazo. En este tema, tal vez van a pasar unos poquitos años más, pero es indudable que si esto sale bien, se nos atribuya, como Gobierno y, en particular, al Presidente Piñera, un gran logro por haber impulsado que hubiera esta reforma constitucional. Haber contribuido a un buen diálogo durante la Convención, sin haber intentado intervenir en ello. Si logras eso, serás recordado como un verdadero garante y un agente imparcial para que Chile tome sus decisiones. No influir, salvo en lo que te comentaba antes, va ser muy bien valorado.
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