En el idioma español se entiende por pacto a un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. En ese sentido, el anuncio del Gobierno del 1 de agosto no constituye un pacto sino una propuesta que debe ser aprobada para convertirse en pacto o un acuerdo.
Lo positivo de estos anuncios es que finalmente se incorpora dentro de los objetivos económicos una agenda pro-crecimiento, combate a la informalidad e incentivos a la formalización y finalmente una agenda de eficiencia del gasto público. Todo lo anterior está en línea con los planteamientos de los gremios y es sin dudas la consecuencia del incansable trabajo de estos que se atrevieron a levantar la voz cuando el Gobierno insistía en un alza de recaudación que implicaba un disparatado crecimiento de esta de 20% y un efecto negativo en el crecimiento.
Es más que necesario retomar la senda de crecimiento económico que abandonamos como país hace una década cuando perdimos la brújula, o mejor dicho cuando la re-orientamos teniendo como norte solamente a la redistribución. Para retomar el camino al crecimiento se debe, entre otras cosas, modernizar al Estado y reducir la permisología, pero también entender la importancia de la inversión y apoyar la misma junto con el ahorro.
Si bien es más que importante el comenzar a instalar el crecimiento económico dentro de la agenda económica (algo que por cierto estuvo completamente ausente en la larga y reciente cuenta púbica), el Gobierno sigue insistiendo en incluir en este Pacto una reforma tributaria para recaudar una cifra cercana al 2,7% del PIB, lo que equivale a US$ 8 mil millones. Y, tal como también lo han mencionado varios gremios, el aumento de impuestos afecta el crecimiento y el ahorro, los que debieran ser un objetivo prioritario. Como ya ha quedado establecido en documentos de trabajo, fue el crecimiento económico el factor que explicó la mayor parte de la recaudación fiscal de los últimos 30 años, y lo que permitió al fisco financiar las necesidades sociales.
Así, la mejor forma de recaudar más es en realidad volver a crecer. Si Chile creciera al 4% por año en los próximos 10 años, en lugar del 1,7% que constituye el PIB tendencial (el país creció 3,7% entre 1998 y 2019), la recaudación tributaria crecería en 4,6% del PIB, más de lo que entregaría cualquier reforma tributaria. Al mismo tiempo, con este crecimiento podríamos pensar en ir corrigiendo los defectos de nuestro sistema tributario en forma gradual y sin mega reformas, las que en realidad tienen una baja probabilidad de ser aprobadas por el Congreso. Hasta ahora, ningún gobierno ha logrado recaudar 4% del PIB con una reforma tributaria y, como ya sabemos, la Presidenta Michelle Bachelet se propuso recaudar 3% y apenas recaudó 1,5% del PIB.
En segundo lugar, para crecer se necesita más inversión y más allá de la idea de estimular la inversión en proyectos con efecto multiplicador faltan detalles tan relevantes en el anuncio reciente. Sin embargo, una buena noticia es que se dejen de lado las ideologías y se haya descartado establecer el impuesto al patrimonio y las utilidades retenidas, así como la confirmación de que no se subirán los impuestos corporativos. Sin embargo, se insiste en no avanzar en la integración algo que debiera en realidad considerarse y queda fuera el aumento de la base de los contribuyentes personas como las tasas en los primeros tramos del impuesto a la renta o de simplificar el sistema.
Finalmente, en materia de evasión y elusión, parece que algunos anuncios forman parte del proyecto ingresado anteriormente el que fue rechazado por la Cámara de Diputados por lo que existen dudas de su constitucionalidad de tratarlos antes de marzo.
El crecimiento luego de una década de ausencia vuelve a estar presente. Sin embargo, en materia económica nada sucede si no están los incentivos correctos y éstos aún no se enuncian o comunican y lo que no se comunica no existe o no se materializa.
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