Qué observar. La incesante ola de atentados y los obstáculos políticos para sacar adelante la creación de estado de excepción intermedio, que incluía un despliegue restringido de las FFAA en las rutas de la Macrozona Sur, había dejado a Boric sin otra posibilidad que enviar un decreto a Contraloría para aplicar un Estado de Emergencia acotado. Pero los atentados de este martes en la Macrozona Sur pusieron en jaque esta estrategia. Ni el homicidio de un trabajador de 66 años Segundo Catril ni el ataque de 40 comuneros a carabineros ocurrió en las vías principales resguardadas por las FFAA, a partir del decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo: “Deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas”.
1) Presión política. Chile Vamos, la DC y parte del PS-PPD han planteado la necesidad de decretar un estado de excepción a secas en la Macrozona Sur.
2) Los primeros mensajes de La Moneda. El ministro Giorgio Jackson sostuvo pocas horas después del asesinato que el estado de excepción no es la solución a la problemática en la Macrozona Sur, pero no descartó ampliar el estado de excepción, sin entregar una señal contundente al respecto. “Cuando llegue el momento habrá novedades”, indicó. Un mensaje similar entregó Izkia Siches este miércoles: “La evolución y evaluación de este Estado de Excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo”.
3) Las críticas no aflojan. Los mensajes de los ministros no lograron aplacar la presión política para establecer medidas más restrictivas en la Macrozona Sur, en el marco de una ola de violencia.
4) Silencio del PC y el FA. Los principales dirigentes del Partido Comunista, además de los del Frente Amplio, han mantenido el silencio en las últimas 24 horas. La coalición de Boric se ha resistido a que los militares ingresen a zonas que no sean solo carreteras.
El subsecretario del Interior entra en escena. Desde el sur, donde se reunió con parlamentarios de la zona, que exigieron un pliego de solicitudes a La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, avanzó esta tarde mucho más allá.
Reunión en La Moneda. Este jueves se convocó a una reunión en Palacio para evaluar la primera semana de funcionamiento del estado de excepción acotado, en la que estarán Siches, Monsalve, la ministra de Defensa Maya Fernández y representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El encuentro, hasta que lo anunció Monsalve, no estaba en el radar del oficialismo.
Retorno al punto cero. Los tiempos de la crisis no son fáciles. El estado de excepción decretado por Boric comenzó a regir el 16 de mayo, por lo que, si lo renueva, como estiman en el oficialismo, debería hacerlo el 1 de junio. Pero el día 15 de mes ya no podrá renovarlo, sino que tendrá que se aprobado por el Congreso.
1) El estado de excepción de Piñera. A mediados de abril, tras la incesante ola de atentados y los obstáculos políticos para sacar adelante el estado de excepción “intermedio” que proponía el gobierno, se abrió la posibilidad de que Boric aplicara un estado de excepción a secas. Se trataba de la misma medida que el FA y el PC rechazaron como oposición bajo la administración Piñera.
2) Carta blanca de la centroizquierda. A partir de un ataque incendiario a ocho maquinarias en una faena forestal de la CMPC y violentas arremetidas a una comisaría de Tirúa, la directiva del PPD y el PS le plantearon al comité político que apoyarían cualquier iniciativa que tomara el Ejecutivo. La DC se inclinaba derechamente por replicar el estado de excepción de Piñera, lo que implica que los militares no solo se desplieguen en rutas, sino en otros lugares críticos de la Macrozona Sur, como la protección de servicios básicos.
3) Presión del PC. El problema fue que el FA y sobre todo el PC, la base de apoyo de Boric, no quisieron apoyar ni un estado intermedio ni menos uno a secas. La Moneda quedó atrapada entre la presión de la izquierda, la arremetida de la derecha para endurecer las medidas en la Macrozona Sur y la necesidad de dar una señal de orden público, un aspecto clave para la gobernabilidad, que ha terminado erosionando a niveles inéditos al Presidente y su gabinete en las encuestas en sus 2 meses en el poder.
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