Qué observar. El Consejo Regional de Arica realizó el 10 de enero su primera sesión ordinaria del año, oportunidad en que se adoptó una decisión presupuestaria en medio de la ola de delitos asociados a bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua.
La investigación al gobierno regional. La fiscalía regional de Arica anunció la semana pasada la apertura de una investigación de oficio a un convenio suscrito por el gobierno regional encabezado por Jorge Díaz.
“Tendría que inhabilitarse en teoría el fiscal nacional”. El fiscal regional de Arica Mario Carrera dijo al teléfono a Ex-Ante que el aporte del gobierno regional fue enviado al nivel central, que solo entonces les dio los recursos, para eliminar la figura de traspaso directo y evitar un conflicto de interés. Sostuvo que esta fórmula se estaba aplicando en otras regiones.
¿Cuál fue la fórmula utilizada? “Lo que hizo el Gobierno Regional fue pedirle al nivel central que rebajara su presupuesto del año, y ese presupuesto del año, que volvió a las arcas a nivel central, se transfirió luego al Ministerio Público a nivel central. Entonces no hay ningún traspaso de dinero directo desde el gobierno regional a la fiscalía regional de Arica y Parinacota como sí lo hay con Carabineros, con la Policía de Investigaciones”, dijo.
¿Hay conflicto de interés? “No, porque el rol de las instituciones, como instituciones, es potenciar la labor del resto de los órganos del Estado para cumplir un fin en particular y en este caso era la lucha contra el crimen organizado”, dijo. “En el caso de la fiscalía, por un tema de transparencia quisimos hacerlo de esa manera, para que fuera el nivel central (quien hiciera el traspaso). O sea, tendría que inhabilitarse en teoría el fiscal nacional, por así decirlo, porque él es en definitiva quien recibe los fondos”.
¿Afectó la apertura de la causa? “Cuando se inició la investigación de oficio en el caso de Arica ni siquiera dudamos si la abríamos o no, había que abrirla, de la misma manera que la Policía de Investigaciones que está cumpliendo las diligencias, las tiene que hacer no más”.
La Contraloría —tras una solicitud por ley de transparencia —detalló que entre los 144 conductores controlados y dejados libres por carabineros había un prófugo por homicidio, dos por abuso sexual de menores de 14 años, ocho por tráfico y microtráfico de drogas, ocho por distintos tipos de robos y 11 por hurto.
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