Fernando Atria por declaración de la Corte Suprema: “Es una manifiesta infracción de sus deberes legales”

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El constitucionalista del Frente Amplio criticó las advertencias de la Corte Suprema sobre uno de los puntos de la norma 136, aprobada el lunes en la Comisión de Sistemas de Justicia. El argumento de la Suprema radica en que limitar los períodos de tiempo en los cargos contradice las normas internacionales y la independencia de los jueces.

Qué observar. La comisión de Sistemas de Justicia aprobó este lunes en general -todavía falta que se voten en particular en la comisión y en el pleno- la creación de un Consejo Supremo de Justicia, integrado por 21 miembros, que se encargará del gobierno y la administración de todo el sistema judicial en el país, incluyendo el nombramiento de supremos -cuyas propuestas tienen actualmente su origen en el máximo tribunal-, el Fiscal Nacional, el Defensor Público y los notarios, entre otros.

¿Cuál fue la causa del rayado de cancha emitido por el órgano jurisdiccional? Una de las propuestas críticas para la institución es la norma que limita a 8 años la duración en sus cargos a los jueces de Tribunales de Justicia, pudiendo ser reelegidos. A diferencia de cómo funciona hoy: es inamovible y dura hasta los 75 años. Para la Corte Suprema limitar los períodos de tiempo en los cargos contradice las normas internacionales y la independencia de los jueces.

La respuesta de Fernando Atria (FA). El convencional y abogado constitucionalista aseguró que “con total independencia sobre la opinión que cada uno tenga respecto de la iniciativa acerca de la duración de los magistrados en sus funciones, (…) esta declaración de la C. Suprema es una manifiesta infracción de sus deberes legales conforme al artículo cuarto del código orgánico de tribunales, ya que tienen prohibido mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos”.

  • “Esta C. Suprema ha tenido a bien, recientemente, pronunciarse sobre el gabinete designado por el presidente electo; tiene a bien pronunciarse sobre una idea que se está discutiendo en la Convención. Todo esto teniendo legalmente prohibido mezclarse en las atribuciones de otros poderes”, agregó.

La protesta de los otros convencionales. Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente), autor de la norma criticada por la Suprema catalogó el actuar del órgano como “uno de los peores ataques a la autonomía que ha recibido la Convención Constitucional desde su instalación”.

  • “Esto no se trata de la opinión de uno o dos jueces. Esta es la opinión institucional de la C. Suprema. Acto seguido, siendo una institución jerárquica, se ordena remitir esta opinión a todas y todos los jueces del país. Obviamente con esto lo que se plantea es la circunstancia de que ninguna persona que integra ese organismo, en la práctica, va a poder emitir una opinión distinta de aquella que oficialmente la C. Suprema ha planteado respecto de este punto”, dijo Daza.
  • “Si esta idea va a prosperar o no dependerá del debate que se de al interior de la Convención. (…) Es un acto de presión respecto al debate que se está dando en la Convención y eso es inaceptable”, concluyó el convencional.
  • Hugo Gutiérrez (PC) de la comisión de Sistemas de Justicia, dijo que la acción de la Corte provocaba intimidación: “Es coartar nuestra libertad para presentar iniciativas convencionales (…) atentan contra la libertad de buscar un poder judicial acorde a las exigencias populares”.
  • Manuel Woldarsky (Coordinadora Plurinacional), también miembro de la comisión se dirigió a los integrantes de la Suprema: “A las ministras y ministros de la C. Suprema…no nos intimidan. Nosotros estamos para proponerle al país un nuevo texto constitucional, no para llevarles el favor, o para estar en acuerdo con ustedes o en contra”.

Entretelones: Cercanos al círculo de Daza, quienes elaboraron y apoyaron esta norma constitucional, critican que “los jueces se niegan a ser sometidos a concursos públicos llevados por un ente autónomo”.

  • Agregan que no se caerá en el populismo ya que la reelección no dependería de los ciudadanos, sino de un equipo “multidisciplinario” donde se considerará “experiencia académica y judicial” y que el Consejo tendría rotación, ya que cambiaría cada seis años.
  • Manuel Woldarsky, aseguró que se reunieron con el vicepresidente para expresarle que la mesa debe “reprochar de manera contundente lo que ha hecho este poder constituido”.

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