Ex fiscal de La Araucanía: “Las participaciones públicas de Llaitul permitirían sustentar una investigación por ley de seguridad del Estado”

Jorge Poblete
El exfiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic. Foto: Agencia Uno.

Francisco Ljubetic encabezó el Ministerio Público en la Araucanía entre 2005 y 2013 y es considerado uno de los mayores entendidos en la crisis en la macrozona sur. El actual vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco defiende que no se allanara el funeral del miembro de la CAM para evitar un enfrentamiento, afirma que debiera indagarse su inhumación ilegal y asegura que las autoridades tienen con Héctor Llaitul un trato preferente: “Su figura y carácter de líder de esta organización generan una especie de reverencia que va más allá de lo que corresponde”.

“El resultado de muerte aglutina a estos grupos violentistas”. Francisco Ljubetic, ex fiscal regional del Ministerio Público en La Araucanía entre 2005 y 2013, y actual vicedecano de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma en Temuco, analiza el ataque incendiario al fundo de Carahue donde murió el viernes 9 el miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Pablo Marchant, y el masivo funeral con guardia armada que lo sucedió y sus consecuencias.

La semana pasada hubo un funeral de un miembro de la CAM con encapuchados armados, una declaración de guerra del grupo radical y entrevistas de su líder, Héctor Llaitul, reivindicando a su combatiente. ¿Ve responsabilidades penales en estos hechos?

Al menos las participaciones públicas del señor Llaitul permitirían sustentar una investigación en relación con eventuales infracciones a la ley de seguridad del Estado o incluso a la ley 18.314 (que regula conductas terroristas) desde el punto de vista de la formación de asociaciones ilícitas, como en alguna oportunidad se indagó a la CAM en la década del 2000.

¿Dificulta la configuración de estos delitos que los comunicados de la CAM no estén firmados?

Las comunicaciones que se envían a nombre de la CAM no tienen firma responsable, porque nunca la van a tener, pero las declaraciones públicas del señor Llaitul sí colaboran a personificar esto y yo creo que esa línea investigativa hay que sacudirla, si esta dormida, y darle la actualidad que corresponda.

¿Hay antecedentes para formalizar cargos en contra de Llaitul por asociación ilícita?

No lo sé, pero ése es el camino útil, viable (…). El suceso donde fallece el señor Marchant era un acto de resistencia armada contra las forestales, entonces él tenía esta información (…): ‘Yo no pertenezco a una ORT (Órgano de Resistencia Territorial)’, dirá Llaitul, sí, pero usted los conoce, los ha visto, ha estado participando con ellos.

Esos juicios contra integrantes de la CAM terminaron en absoluciones o condenas luego revertidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto sucedió en la década del 2000, en los tiempos en que era presidente el señor Lagos (…), e independientemente de que el resultado haya sido absolutorio, porque hubo 2 juicios con resultados divididos desde el punto de vista judicial (…), él dio el respaldo a las policías a través del general director José Alejandro Bernales, y se logró detener a muchas personas vinculadas a esta organización.

Falta de información y jueces de Traiguén

Luego vino el funeral de Pablo Marchant, donde, por una parte, los jueces de Traiguén rechazaron en 2 oportunidades autorizar el allanamiento y, por otra, Carabineros, que puede actuar frente a delitos flagrantes, no lo hizo…

Efectivamente allí habría habido un delito flagrante; el porte de armas y el uso del mismo es suficiente razón para ello (ordenar el allanamiento). Pero, desde el punto de vista estratégico, de la eficiencia de la diligencia, es muy probable que no se haya realizado por el eventual enfrentamiento que hubiera ocasionado. O sea, la posibilidad de un enfrentamiento era evidente, y creo que eso es lo que pesó para la negativa a realizarlo.

¿Fue una decisión correcta dejar que el funeral transcurriera sin presencia policial?

Estoy diciendo que fue acertada desde el punto de vista del momento, pero lo que yo eché de menos es la capacidad para haber obtenido información posterior al término de la actividad, a través de controles perimetrales del sector, que pueden estar a kilómetros incluso, porque en las vías de acceso y la salida podrían haber tenido un control policial, con un apoyo aéreo importante.

¿Debiera investigarse la inhumación de los restos de Pablo Marchant en un cerro?

Sí, por supuesto. La ley sobre este particular es súper clara: no se puede inhumar o exhumar, no se puede sepultar a una persona en un lugar que no está permitido y no se puede tampoco extraer el cuerpo ya sepultado si no hay autorización judicial para realizarlo, entonces estas situaciones generan digamos una disparidad de criterios (…). Que no se indague es permitir que se cometan hechos que presentan características de ilícito.

¿Hay mano blanda con Llaitul por parte de las autoridades?

Su figura y carácter de líder de esta organización generan una especie de reverencia que va más allá de lo que corresponde.

Rol de autoridades: “El tema de fondo es cuánto piso político tienen”

¿Qué se puede esperar de los acercamientos entre grupos radicales de la macrozona sur tras la muerte de Marchant?

El resultado de muerte, que ha existido en otras oportunidades, aglutina a estos grupos violentistas. Estas suertes de guerrillas, de células armadas, de milicias o como le llamemos, si bien pueden actuar separadas, o como Llaitul ha reconocido, que no necesariamente responden a un mismo liderazgo, un hecho como el ocurrido motiva su unión. Eso genera esta solidaridad y también la cantidad de réplicas, de violencia que ha habido.

¿Contribuirá al resultado de las investigaciones el rol de coordinación a nivel de la macrozona sur que asumió el ex fiscal de La Araucanía, Cristián Paredes?

Sí, sobre todo si se trata de personas que han estado vinculadas con la zona y conocen in situ la situación que se produce. Pero aquí yo creo que lo relevante no es sólo que existan las coordinaciones correspondientes en el Ministerio Público, el tema de fondo es cuánto piso tienen quienes ejercen esas coordinaciones, y me refiero al piso político, no al jurídico que lo tenemos todos claro.


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