Julio 31, 2023

El sumario de Contraloría que puso a Vallespín (ex DC) al centro de las investigaciones por irregularidades administrativas por convenios

Ex-Ante
Patricio Vallespín el 29 de noviembre de 2020 en Puerto Montt. (Felipe Constanzo / Agencia Uno)

La Contraloría confirmó este lunes que el viernes notificaron al Gobierno Regional de Los Lagos de la apertura de una investigación administrativa por la entrega de recursos a la corporación El Canelo de Nos, pese al congelamiento de la toma de razón anunciado en junio por el organismo. La situación complica al gobernador Patricio Vallespín (ex DC), cuyos convenios ya eran indagados desde junio por la fiscalía. “Ese tema no estaba inicialmente en las observaciones (de Contraloría), a pesar de que en uno de sus artículos decía expresamente que se procedía al traspaso como se había hecho en otras ocasiones”, dijo el gobernador a T13.


Qué observar. El viernes 28 de julio ingresó a la oficina de partes del Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos la notificación de Contraloría de la apertura de un sumario a esa repartición por la entrega de recursos a la corporación El Canelo de Nos, pese a que se trataba de uno de los convenios congelados en junio por el contralor Jorge Bermúdez, en medio de la revisión que efectuaba tras el escándalo de traspasos a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD).

  • El Gore, encabezado por Patricio Vallespín (ex DC), publicó el fin de semana una declaración de 13 puntos asegurando, en el punto 9, que “no es efectivo que se haya declarado ilegal un convenio suscrito con la Corporación El Canelo ni que se haya instruido un sumario al respecto, toda vez que tal convenio no tiene una situación distinta de los demás señalados”.
  • Desde el organismo fiscalizador afirmaron este lunes, en cambio, que “la Contraloría confirma que se ha abierto un sumario para perseguir las responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el Gobierno Regional de Los Lagos y que será ejecutada por la sede regional del organismo de control, lo que fue notificado el pasado viernes 28 de julio”.
  • La indagación pone a Vallespín al centro de las indagaciones administrativas iniciadas tras el caso de Democracia Viva (que corren paralelamente a las causas penales), ya que —según dio a conocer este sábado La Tercera— de los 34 convenios revisados por Contraloría, 29 arrojaron “reparos”, de los cuales 22 correspondían al gobierno regional de Los Lagos.
  • El Canelo realizó inicio de actividades en enero de 1993, es decir tiene 30 años de existencia. Su único giro es de “actividades de otras asociaciones”. Su directorio está presidido desde mayo de 2022 por el abogado Francisco Vio Grossi. De acuerdo con La Tercera, el convenio ascendió a $647 millones.

Las explicaciones de Vallespín. El gobernador Vallespín explicó este lunes a T13 Radio los motivos que tuvo para entregar los recursos a la corporación El Canelo de Nos, pese a que no había toma de razón de Contraloría.

  • En un contacto telefónico desde Bogotá, Colombia, dijo que “es inexacto decir que se los declara ilegales (los convenios). Estamos en el proceso de toma de razón, de los cuales ya 6 del total nuestro, que eran casi 30 convenios, tiene la toma de razón”.
  • Consultado sobre si se entregaron recursos a la Corporación El Canelo, dijo que “sin duda, y (éste) ejecutó correctamente la actividad completa a plena, yo diría, tranquilidad y satisfacción de las comunidades indígenas, ya que por primera vez se hace un programa de mecanización agrícola”.
  • Acerca de los motivos para realizar traspasos sin toma de razón de Contraloría, dijo que “eso es lo que estamos justamente precisando y aclarando con Contraloría regional, porque ese tema no estaba inicialmente en las observaciones, a pesar de que en uno de sus artículos decía expresamente que se procedía al traspaso como se había hecho en otras ocasiones”.

La arista penal. La fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer detalló el 29 de junio el alcance la investigación de oficio abierta esa semana por los convenios suscritos por la gobernación liderada por el ex DC Patricio Vallespín. El delito base indagado es fraude al fisco.

  • “Estamos investigando los dineros entregados a estas 3 fundaciones, pero obviamente existen otros fondos entregados a otras fundaciones por el doble del monto, aproximadamente. Entonces eso también lo vamos a investigar, porque nos puede dar cuenta de otras situaciones irregulares”, dijo la fiscal en la gobernación marítima.
  • Los 3 primeros casos son los siguientes: los $1.200 millones traspasados a la fundación Participa, para un programa de saneamiento de títulos de dominio. Su representante legal es Daniel Ibáñez, quien fue candidato a diputado por el PRO en 2021.
  • Los $1.200 millones entregados a la corporación Kimün para realizar un saneamiento de propiedades en Los Lagos. El representante legal de la corporación, con sede en Temuco, es el ex consejero de Conadi y rector del Instituto Profesional Los Lagos de Osorno, Jaime Huincahue. Según indicó Meganoticias, entre sus trabajadores está el ex precandidato presidencial de La Lista del Pueblo Diego Ancalao, cuya candidatura fue rechazada por presentar firmas supuestamente validadas ante un notario, que había muerto.
  • Y los más de $2.500 millones traspasados a la fundación Chinquihue durante la gestión de Vallespín, con la diferencia de que estos también se habían realizado en administraciones previas, ya que cuenta con un directorio mixto (público y privado) para ejecutar proyectos de gobierno. Fue fundada en 1989 y actualmente es presidida por Vallespín.
  • “Desde ya nos ponemos plenamente a disposición de la investigación del Ministerio Público”, respondió entonces el gobernador Vallespín, quien corrió como DC, asumió el 14 de julio de 2021 y anunció su renuncia a la Democracia Cristiana en octubre de 2022.

Por qué importa. Vallespín es una figura histórica de la ex Concertación: fue intendente de esa misma región entre 2002 y 2004 y diputado entre 2006 y 2018.

  • Las investigaciones de la fiscalía y Contraloría suman así a reconocido un personero de la ex Concertación a la indagación ya abierta por los contratos por $426 millones suscritos en 2022 entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que golpearon al Frente Amplio.
  • El caso derivó en la renuncia de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD).
  • La firma de convenios con su ex empleador (la corporación de Desarrollo de la Municipalidad de Santiago) derivaron el viernes en la salida de la ex subsecretaria de Cultura Andrea Gutiérrez (independiente cercana al Frente Amplio).

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