El golpe final de la Contraloría contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba: objeta $4.500 millones en dos años

El ente fiscalizador, encabezado por Jorge Bermúdez, acreditó en su Informe Final “gastos improcedentes” a corporaciones Vita y el uso de cuentas corrientes de funcionarios para gastos municipales entre 2020 y 2021. Del total objetado, se advierte un total de $638.551.017 por gastos improcedentes rendidos y aprobados en 2020 que no se ajustaron al objeto de la subvención. Entre ellos destacan boletas de honorarios médicos no pagadas con la subvención municipal; servicios que no fueron prestados; y duplicidad de subvenciones por gastos en arriendos. Por esta razón, la Contraloría formulará otro reparo y, además, derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. A continuación las 7 claves del informe de 221 páginas a la Municipalidad de Vitacura durante el período del exalcalde Raúl Torrealba. Lea el documento completo.

El objetivo de la auditoría: “Efectuar una auditoría a las transferencias efectuadas por la Municipalidad de Vitacura con cargo al subtítulo 24, ítems 01 y 03, transferencias corrientes al sector privado y a otras entidades públicas, respectivamente, ambas del presupuesto municipal, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2020 y 2021, agregando, revisiones a las rendiciones de cuentas presentadas por las entidades y aprobadas por el municipio”.

Las claves del informe: Gastos mal rendidos y no acreditados.

Vitacura no acreditó gastos por $1.414.488.629. En subvenciones a Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y Consejo Local de Deportes del municipio en 2020. Es decir, las rendiciones de cuentas que entregó el municipio no tenían el respaldo de los desembolsos ni la ejecución de los servicios. El monto objetado será parte de un reparo, con el cual se buscará recuperar el total de los dineros.

Otros gastos improcedentes. Se advirtió un total de $638.551.017 por gastos improcedentes rendidos y aprobados en 2020 que no se ajustaron al objeto de la subvención. Entre ellos destacan boletas de honorarios médicos no pagadas con la subvención municipal; servicios que no fueron prestados; omisión de descuentos establecidos en contratos; y duplicidad de subvenciones por gastos en arriendos. Por esta razón, la Contraloría formulará otro reparo y, además, derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Más de $580 millones no restituidos. La auditoría determinó que, en 2021, el Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vitadeportes y Vitaemprende no rindieron $268.055.923. En paralelo, la dirección de control municipal objetó gastos rendidos por Vitadeportes y Vitaemprende por $312.648.977. Así, suman $580.704.900 no aprobados por esa dirección, los cuales no han sido restituidos.

• Por tal motivo, la Contraloría ordenó al municipio realizar las acciones para que se restituyan los gastos observados y dio un plazo de 60 días hábiles para informar sobre las medidas aplicadas.

Subvenciones con cheques. Se pagaron $886.923.434 en subvenciones a Vitaemprende y Vitasalud mediante tres cheques. Al respecto, la municipalidad no acreditó que esos recursos hayan ingresado efectivamente en las cuentas corrientes de las organizaciones receptoras. Por ello, se ordenó a Vitacura adjuntar copia de los cheques y de las cartolas bancarias respectivas.

Uso de cuentas bancarias personales. Se pagaron $8.692.848 usando la cuenta corriente personal del asistente de contabilidad y finanzas en el Consejo Local de Deportes de Vitacura, y administrativo de tesorería y finanzas en Vitadeportes, y no mediante las respectivas cuentas corrientes del Consejo, Vitadeportes y Vitaemprende. La Contraloría iniciará un sumario administrativo con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades funcionarias. Además, se comprobó que las mencionadas organizaciones rindieron gastos asociados a remuneraciones y adquisiciones de bienes y servicios por $28.415.686, pagados mediante cheques firmados por el mismo funcionario. Los hechos objetados serán incorporados al sumario.

Doble rol y parientes. Una persona fue contratada por Vitadeportes como gerente de Administración y Finanzas -regido por el Código del Trabajo- y, en paralelo, fue contratado a honorarios por Vitapass, Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes, para asesorías contables y tributarias.

• Asimismo, otro funcionario fue contratado por el Consejo Local de Deportes y Vitadeportes como asistente de contabilidad y finanzas, y administrativo de tesorería y finanzas, respectivamente. También se advirtió que el Consejo Local de Deportes, Vitadeportes y/o Vitaemprende, contrataron a honorarios a seis parientes de estos funcionarios.
• Al respecto, las rendiciones aprobadas por Vitacura no contaban con el respaldo de los servicios prestados ni de los trabajadores ni de quienes presentaban parentesco con aquellos. La municipalidad no estableció las medidas de control necesarias.

Transferencias de $1.000 millones a asociaciones sin rendir. Vitacura transfirió en 2021 $1.035.712.500 a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente -AMSZO- ($864.500.000); Asociación de Municipalidades de Chile -AMUCH- ($25.212.500); Asociación Municipal de Sustentabilidad Ambiental -AMUSA- ($25.000.000); y Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de la RM -AMZO- ($121.000.000), que se otorgaron por concepto de aportes y/o cuotas ordinarias, para proyectos sociales dirigidos a vecinos de las comunas asociadas. Dichos recursos no fueron rendidos.

• Al respecto, Vitacura deberá exigir la rendición de los recursos otorgados a AMUCH y a la AMSZO en 2021. Sobre AMUSA, que actualmente se encuentra disuelta, el municipio deberá acreditar el reintegro de $40.000.000 por fondos no utilizados.

Ojo con: Se espera que prontamente la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, decida si aplicará o no las sanciones que la Contraloría sugiere para Raúl Torrealba y el grupo de funcionarios indagados. En particular, los antecedentes de Torrealba serán remitidos al Tribunal Electoral que podría declarar su destitución, es decir, inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años, la máxima sanción por falta grave a la probidad.

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