Este 13 de junio de cumplen 20 años de la emblemática declaración conocida como “Nunca Más” del ejército de Chile liderado entonces por el comandante en jefe general Juan Emilio Cheyre quien afirmaba que “el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado (…) unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse”.
Dicha declaración significó el inicio de un cambio de cultura institucional que incluyó la reformulación del sistema de inteligencia del ejército y el compromiso con los derechos humanos como uno de los ejes de la doctrina de los sucesivos comandantes en jefe.
El contenido de este mensaje del año 2003 se dio en el marco de la conmemoración de los 30 años del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y marca un primer y duro distanciamiento de la jerarquía militar respecto de la herencia más cuestionada de la dictadura: las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos por parte de agentes del estado, entre los cuales muchos altos oficiales del ejército.
Algunos de ellos han debido comparecer ante la justicia, han sido juzgados, condenados y cumplen sus sentencias en la cárcel de Punta Peuco o en otros recintos de Gendarmería. Algunos de ellos, como Manuel Contreras o Marcelo Moren o Odlanier Mena han muerto en prisión, mientras otros cumplen sentencias de por vida.
El Nunca Más del ejército bajo el mando de Cheyre debe ser contrastado con la reacción de la misma institución en 1991 cuando tras la aparición del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación el presidente Aylwin citó al Consejo de Seguridad Nacional para conocer la opinión de los comandantes en jefe de la época. Pinochet, según consta en las actas, declaró que “el Ejército de Chile, ciertamente no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esta patriótica labor”. Y puntualizó que la institución “declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento insistente de la civilidad”(La Tercera).
Otro documento relevante que sigue las ideas expuestas por Cheyre es el que dio a conocer el Comandante en Jefe General Ricardo Martínez el 28/02/2022 titulado “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, ampliamente discutido por la oficialidad superior de la institución, pero que lamentablemente hoy parece escasamente reivindicado.
En dichas reflexiones se afirma que las violaciones a los derechos humanos en las que miembros del ejército tuvieron participación “fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”, y ejemplifica con el caso Caravana de la Muerte, en que el general Sergio Arellano en su calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, recorrió cárceles y regimientos del país ejecutando a prisioneros políticos.
Al respecto, el documento sostiene que “Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el General Augusto Pinochet Ugarte, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, en la persona del General Sergio Arellano Stark”.
En otro párrafo el documento sostiene que una “gran vergüenza institucional” ha sido “el crimen del Excomandante en Jefe General Carlos Prats González y de su esposa señora Sofía Cuthbert, acaecido en Buenos Aires del que se responsabilizó a miembros de la DINA”. Al respecto, el documento rescata la posición que institucionalmente han sostenido los últimos comandantes en jefe quienes unánimemente han repudiado ese vil crimen afirmando que “estos actos tan aberrantes no tienen absolutamente ninguna justificación ni contexto al que se pretenda argüir”.
Al observar la evolución de la opinión del ejército sobre las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en dictadura -desde las afirmaciones de Pinochet hasta las de Martínez- se puede comprender y aquilatar la trascendencia del gesto de Cheyre, quien rompió con el negacionismo que hasta entonces caracterizó a los institutos armados. Su gesto nunca fue perdonado por los leales a la herencia de Pinochet.
La condena judicial en calidad de encubridor llevada adelante por el juez Mario Carroza por la participación de Cheyre -quien entonces oficiaba de ayudante del comandante Ariosto Lapostol del regimiento Arica de la ciudad de La Serena- en el caso del fusilamiento ilegal de 15 prisioneros políticos por parte de la Caravana de la Muerte encabezada por el general Sergio Arellano Stark, ha afectado el ascendente y el legado de Juan Emilio Cheyre, pero no desmienten la trascendencia del documento de hace 20 años en que por primera vez de manera institucional y sin excusas de contexto, el ejército de Chile afirmó que “el Ejército está viviendo una gran transformación. Estamos construyendo el Ejército del Siglo XXI. Junto a ello, hemos dado pruebas que nuestro proceso se ha comprometido a nunca más violaciones a los Derechos Humanos”.
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