La ofensiva de presos mapuches tras el bochornoso traslado de reclusos en Angol y el cuestionado rol de la ministra de Justicia

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La ministra de Justicia Marcela Ríos en imagen de archivo. Crédito: Agencia Uno.

El traslado la semana pasada de 2 presos mapuches a un centro de trabajo CET y un tercero al hospital luego de que la RMM amenazara al alcaide de la cárcel de Angol, fue seguido por el inicio de una huelga de hambre de otros 3 comuneros, que este martes comenzaron la medida de presión para ser llevados al CET de Victoria, denunció la asociación de oficiales. Paralelamente, otro grupo radical, la RML, se atribuyó este lunes un atentado incendiario donde piden la liberación de otro preso mapuche en huelga de hambre. La ministra de Justicia se desmarcó inicialmente de la decisión, argumentando que era parte de las atribuciones de Gendarmería. Luego pidió un informe al director.


Qué observar. Un flanco para La Moneda abrió la reunión a puertas cerradas que mantuvo el miércoles 17 el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, quien llegó a la cárcel de Angol para hablar por los 19 internos mapuches que mantenían desde hace 27 días una huelga de hambre pidiendo ser trasladados al centro de trabajo CET de la comuna.

  • La reunión ocurrió luego de que esa mañana Queipul llegara junto a docenas de personas al penal y se le autorizara el ingreso. La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios acusó en un oficio enviado el domingo 21 a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que esa jornada “organizaciones radicalizadas ligadas al denominado conflicto mapuche sitiaron las inmediaciones del C.D.P. de Angol, en una clara acción para presionar a la autoridad administrativa”.
  • Detallaron en el oficio que la “autoridad regional se reunió en privado con los comuneros al interior del módulo, ordenándole al personal de servicio que no grabaran el procedimiento con la cámara Go Pro que portaban y que se retiraran de las dependencias, lo que constituye un hecho inédito y que lesiona gravemente la transparencia de la función pública”.
  • La reunión ocurrió luego de que el grupo radical Resistencia Mapuche Malleco (RMM) se adjudicó el martes 16, a través de un lienzo, un ataque incendiario y amenazara al alcaide del penal. “Traslado inmediato al CET a los PPM (Presos Políticos Mapuches) en huelga de hambre”, decía la pancarta blanca escrita con letras negras y rojas. “Luis Poveda (…). Linda casa y hermosa familia. Te tenemos en la mira”.
  • El resultado inmediato de la reunión entre Queipul y el director regional de Gendarmería fue un acuerdo firmado esa noche para trasladar a 2 internos al CET y a un tercero al hospital de Angol. La asociación de gendarmes afirmó que éste carecía de legitimidad, puesto que, dijeron, excedía las atribuciones de Juan Navarrete.
  • El resultado mediato fue un “efecto dominó” en peticiones de traslados y cuestionamientos a la ministra de Justicia, quien se desmarcó inicialmente de la decisión, argumentando que era parte de las atribuciones de Gendarmería. Luego dijo que pidió un informe a la institución.
  • Parlamentarios de Chile Vamos anunciaron que están analizando acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, según advirtieron esta semana.

Las nuevas peticiones de traslados. El teniente coronel Andrés Muñoz, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, dijo este miércoles que “luego de los hechos ocurridos el 16 y 17, el día 23 otros 3 internos iniciaron una huelga de hambre seca, por cuanto entendieron que era la vía para obtener sus propósitos. Lo anterior ratifica nuestra postura en términos de que debemos ser cuidadosos con las señales que se dan a la población penal”.

  • Se trataría de internos mapuches de Angol distintos de los 19 que levantaron su huelga el miércoles 17. Estos pedirían ser trasladados al centro de trabajo de Victoria, dijeron fuentes conocedoras de la solicitud.

La petición de liberación de la RML. “Libertad a Víctor Llanquileo en huelga de hambre” decía un lienzo encontrado tras el ataque incendiario realizado por encapuchados armados a un fundo de Cañete, este lunes por la tarde.

  • En el atentado, reivindicado por el grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que opera en el Biobío, dispararon con perdigones a la cabeza, piernas y brazos de un hombre, quien sobrevivió.
  • Víctor Llanquileo es hermano mayor del ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ramón Llanquileo, y de la exintegrante de la Convención Constituticional, Natividad Llanquileo. En 2021 fue condenado a 21 años de cárcel por el asalto a una caja de compensación en Galvarino.
  • Llanquileo inició la huelga de hambre el 17 de agosto, mismo día en que Gendarmería autorizó el traslado de 2 internos a un CET y un tercero al hospital de Angol.
  • Los presos mapuches reivindicados por grupos radicales a través de lienzos superan los 20.

El desmarque y petición de informe de la ministra de Justicia. La respuesta inicial de la ministra Ríos fue desmarcarse del acuerdo de Gendarmería, que había sido monitoreado por la cartera el miércoles 17. La institución es un órgano auxiliar de Justicia.

  • “Hemos sido muy claros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la facultad de decidir traslados, es una facultad administrativa que la ley le entrega a Gendarmería de Chile”, dijo el jueves 18, en un punto de prensa. “Gendarmería de Chile es la que tiene los protocolos, los reglamentos y el conocimiento técnico para decir cuándo compete trasladar a un reo, ya sea por peligrosidad o en cuanto a beneficios (…). Se toman (las) decisiones en un comité técnico que está definido por reglamento y que responde a las necesidades de cada recinto penitenciario”.
  • Este martes 23 se refirió nuevamente al tema, durante una visita a Arica. “Todos los beneficios intrapenitenciarios son beneficios que otorga Gendarmería”, dijo, reiterando el sentido de lo dicho tras alcanzarse el acuerdo. Luego planteó un cambio de postura. “Apoyamos las decisiones técnicas que tome Gendarmería y, en este caso en particular, le hemos pedido al director que nos entregue todos los antecedentes para poder tener conocimiento, como ministerio, y evaluar cómo se realizaron las decisiones en ese caso”.

El caso de Celestino Córdova. Uno de los mayores traspiés que ha tenido Ríos ocurrió cuando, en una entrevista en El Mercurio del 8 de mayo, le preguntaron si Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio  Luchsinger Mackay, era un preso político o un homicida. Y respondió: “No me compete pronunciarme”.

  • Al día siguiente, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de los dichos de Ríos: “Con total claridad y firmeza, Celestino Córdova es un preso común que ha sido condenado por un incendio con resultado de muerte. Un delito sumamente grave”
  • Ríos también corrigió sus dichos: “Quisiera aclarar respecto del caso de Celestino Córdova, tanto para este ministerio como para esta ministra, se trata de un preso común, condenado por un homicidio. Ante una pregunta en que se me preguntaba sobre una falsa dicotomía, la respuesta iba en línea con plantear el respeto a los fallos judiciales, pero en ningún caso en desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio”.

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