El bajo crecimiento económico pronosticado, los altos niveles de inflación y el deterioro que se observa en el mercado laboral nos tienen en una situación económica compleja. Pero este escenario contingente no sería tan preocupante sin los problemas estructurales que enfrenta el país, que se ven reflejados en el bajo crecimiento proyectado de largo plazo. Se suma a ello que más de un 75% de los chilenos no confía en las empresas privadas (Encuesta CEP 2022). A pesar de que una Constitución no garantiza mayor inversión y prosperidad, sí define las reglas del juego económicas que nos regirán por las próximas décadas. Surge la pregunta entonces, ¿cómo nos deja el anteproyecto de la Comisión Experta?
Una regla fundamental corresponde a la garantía de que cualquier persona pueda realizar la actividad económica que libremente decida. En ella se reconoce el derecho fundamental de todo individuo a elegir y decidir cómo usar su tiempo y talento. La creación de bienes y servicios que surgen de la creatividad humana son ofrecidos libremente en el mercado, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad de la forma más eficiente posible. Al mismo tiempo que es una de las libertades más básicas del hombre, su relación con un mayor crecimiento, desarrollo y progreso está ampliamente documentada (Hall y Lawson 2014). Acertadamente, el anteproyecto reconoce este derecho sin otra limitación que el orden público, la seguridad nacional y la salud pública, con una redacción similar a la vigente. Aquí no es necesario innovar.
Para que la libertad para emprender rinda fruto, se requiere de una serie de otras condiciones habilitantes. El principio de que cualquier actividad económica debe desarrollarse en igualdad de condiciones para todos los actores es fundamental. Esto no impide el rol empresarial del Estado, pero lo circunscribe a las mismas reglas del sector privado. La experiencia fallida del Plan Piloto Gas de Chile nos entrega un ejemplo reciente de las limitaciones de la acción empresarial estatal. El anteproyecto correctamente habilita la creación de empresas públicas, pero con resguardos. Junto con ello, se incluyen disposiciones que protegen la propiedad privada y fortalecen las instituciones públicas, aislando su quehacer de los intereses de corto plazo, promoviendo los contrapesos necesarios. De esta forma, junto con entregar estabilidad macroeconómica, se promueven los incentivos necesarios para el esfuerzo y la inversión.
La Comisión Experta entregó al Consejo Constitucional un anteproyecto que incluye reglas del juego económicas sólidas que están en la base de un desarrollo próspero. A diferencia del texto vigente, esta propuesta también reconoce la necesidad avanzar a que todas las personas puedan alcanzar una base material necesaria que permita el pleno ejercicio de sus derechos, incluida la libertad económica. Así, en su artículo primero establece el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Asimismo, la propuesta reconoce que el libre intercambio de bienes no solo se trata de libertad, sino también de justicia. De esta forma innova explicitando el deber del Estado de promover y defender la libre competencia, así como la protección de los consumidores de prácticas abusivas. Chile tiene el deber de volver a la senda del crecimiento. Este anteproyecto pone las bases de un desarrollo inclusivo y justo para las siguientes generaciones.
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