Debemos ponerle fin a la aventura constituyente y asegurar la estabilidad democrática. Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

El texto que será plebiscitado está en línea con nuestra tradición constitucional y enfatiza que solo los métodos pacíficos son válidos dentro de la democracia. Hay condiciones, por lo tanto, para concluir el largo extravío constituyente, reparar la brújula dañada y tratar de que el país recupere la senda del crecimiento económico y la atención de las urgencias sociales.


Dentro de 9 semanas, iremos a votar a favor o en contra del proyecto de nueva Constitución que elaboró el Consejo Constitucional a partir del anteproyecto de la Comisión Experta designada por el Congreso. Será la quinta votación nacional relacionada con el proceso abierto por el gobierno y el Congreso a fines de 2019:

1.Plebiscito de entrada (25 de octubre 2020).

2.Elección de la Convención (15 y 16 de mayo 2021).

3.Plebiscito de salida (4 de septiembre 2022).

4.Elección del Consejo Constitucional (7 de mayo 2023).

5.Nuevo plebiscito de salida (17 de diciembre 2023).

¡Qué gigantesco abuso de la paciencia de los ciudadanos cometieron quienes metieron al país en una dinámica de inestabilidad y confusión respecto del orden constitucional! La crisis de seguridad pública y el grave deterioro de la economía le deben mucho a ese corrosivo factor. El país retrocedió respecto de los logros de los 30 años anteriores, perdió el rumbo, confundió las prioridades, se enredó en discusiones que deberían haber zanjado los parlamentarios, en fin.

Hemos sido testigos de una aventura política con enorme dispendio de recursos. ¿Está el ministerio de Hacienda en condiciones de informarle al país sobre cuál es el total de los recursos gastados por el Estado en los dos procesos constituyentes? ¿Las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara tienen alguna preocupación por saberlo? ¿Alguien en La Moneda experimenta ligera inquietud por este colosal despilfarro?

La mala política lo ha contaminado todo. Chile no tenía un problema constitucional en 2019: fue arrastrado a ello. Los activistas del reemplazo de la Constitución vigente, hoy en La Moneda, cabalgaron sobre el vandalismo para imponer la idea de que era necesario ponerlo todo en discusión. En ese cuadro, el Congreso jugó un papel bochornoso: en su seno, campearon la demagogia, la desaprensión y el miedo. La democracia real fue dañada por los ejercicios de imaginación de los colectivos identitarios que condujeron al proyecto por el cual el gobierno apostó a ojos cerrados.

Luego de la derrota del 4 de septiembre, Boric confirmó las peores sospechas sobre cómo razona respecto de los asuntos de Estado. Embarcó al país en un segundo experimento, con el entusiasta apoyo de los presidentes del Senado y la Cámara. Era la ilusión del desquite, pero el tiro salió por la culata: vieron convertirse a Republicanos y Chile Vamos en mayoría nacional. Si el 7 de mayo hubiera habido una elección presidencial, el representante de esas fuerzas habría ganado en primera vuelta.

Es hora de terminar con este capítulo que partió cuando la barbarie asolaba Santiago y otras ciudades en 2019. Si los líderes de entonces hubieran actuado con un mínimo de coraje democrático, pudieron ahorrarle al país muchas desventuras. Asustados, optaron por inventar una falsa solución a la crisis desatada por quienes no estaban preocupados de ninguna Constitución, sino de crear el caos y derrocar al presidente constitucional. Hace 4 años, vimos surgir una forma de “golpismo no tradicional”, sostenido por una oscura alianza político/delictual sobre cuyos actos, tarde o temprano, lo sabremos todo.

Es evidente que el oficialismo no sabe bien qué hacer frente al plebiscito de diciembre. Han sido notorias las vacilaciones del Partido Socialista. El equipo de La Moneda duda respecto de tomar distancia, o dejarse llevar por el PC y los maltrechos guerreros del Frente Amplio para hacer campaña por el voto en contra. Si hacen esto último, alentarán a los opositores a bregar con mayor brío por el voto a favor. Como sea, se va configurando un alineamiento de fuerzas semejante a las votaciones del 4 de septiembre y del 7 de mayo, en las que influyó, sin duda, la actitud de los electores frente al gobierno.

En este contexto, la izquierda gobernante quizás está arrepentida de haberse embarcado en esta segunda aventura, en la que no tienen nada que ganar: si se aprueba el nuevo proyecto, será la derrota de todo lo que defendieron en la Convención, y si se rechaza, seguirá vigente la Constitución que lleva la firma de Lagos, y contra la cual batallaron. Están angustiados frente a la elección municipal del próximo año, que saben que será muy difícil. Y tienen motivos para estar preocupados. Serán juzgados por muchas cosas, en primer lugar, las corruptelas de los convenios que investiga el Ministerio Público. Revolución Democrática se sigue hundiendo, y sus socios no pueden ilusionarse con que no serán salpicados por el lodo.

El nuevo proyecto de Constitución cumple satisfactoriamente las exigencias de una democracia moderna. Puede haber aspectos frente a los cuales haya dudas u objeciones, por ejemplo, si deben estar dentro de la Constitución asuntos como la exención de contribuciones a la vivienda, o si tiene presentación la desdichada paridad de salida, pero los pilares de la democracia representativa están garantizados: división de poderes, protección de las garantías individuales y defensa de las libertades.

El texto que será plebiscitado está en línea con nuestra tradición constitucional y enfatiza que solo los métodos pacíficos son válidos dentro de la democracia. Hay condiciones, por lo tanto, para concluir el largo extravío constituyente, reparar la brújula dañada y tratar de que el país recupere la senda del crecimiento económico y la atención de las urgencias sociales.

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