Septiembre 4, 2023

Convenios: El Contralor golpea versión de La Moneda por cambios a las auditorías del gobierno (y el informe clave de 2008)

Alexandra Chechilnitzky
Crédito: Agencia Uno.

El contralor Jorge Bermúdez asistió este lunes a la comisión investigadora del caso Convenios, tras lo cual se refirió a la versión que ha dado el gobierno respecto del cambio de criterio de junio de 2022, en que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno decidió no seguir reportando las transferencias. Bermúdez, al contrario del Ejecutivo, señaló que el consejo era un órgano de control y no solo un organismo “asesor”. Y, por el contrario, la auditora Daniella Caldana presentó dictámenes de la Contraloría para reafirmar la posición de La Moneda. El problema es que lo leído por Caldana habría sido descontextualizado, a partir de lo que se desprende de un informe del ente fiscalizador de 2008.


Qué observar. El 24 de junio de 2022, apenas 11 días después de que la abogada Daniella Caldana Fulss asumiera el cargo de auditora general de gobierno, autorizó un polémico instructivo del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG) enviado a los auditores y auditoras de las reparticiones públicas señalando que ya no sería necesario reportar en el informe trimestral las transferencias, consolidaciones bancarias, sumarios, normas de probidad y saldos pendientes.

  • En medio de las investigaciones por el caso convenios y los vacíos que permitieron el traspaso irregular de dinero a fundaciones, el cambio de criterio en el reporte de auditorías generó críticas de la oposición y apuntó las miradas hacia Caldana como auditora general del gobierno, así como a Giorgio Jackson, para entonces ministro de la Segpres, la cartera de la que depende el CAIGG.
  • Jackson abandonó el gabinete en medio de fuertes presiones, pero el gobierno sigue levantado como una línea de defensa que el consejo no es un organismo de control, sino solo “asesor” y que, si se hubiera mantenido el criterio que regía hasta junio de 2022, tampoco se habría logrado detectar a tiempo las irregularidades.
  • Más aún, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la subsecretaria Macarena Lobos ha dicho que “el control financiero contable le corresponde a la Contraloría” y la auditora Caldana incluso leyó -según dijo- lo que serían dictámenes de la Contraloría que “dicen claramente que el consejo es un órgano asesor” y que, por lo tanto, no un órgano de control.
  • En el trasfondo de esta disputa, piensan en la oposición, estaría el llamado “mecanismo” con que operaron los traspasos irregulares a fundaciones.

El desmentido al gobierno. El contralor Bermúdez asistió este lunes a la comisión investigadora, donde explicó el lapidario informe elaborado por los traspasos a Democracia Viva.

  • Pero, quizás más importante aún, en el punto de prensa abordó las contradicciones entre la Contraloría y el Ejecutivo.
  • “Creo que es bien importante esta aclaración porque en el fondo el CAIGG opera básicamente como lo hace la propia Contraloría. ¿En qué sentido? Que hay un órgano que es directivo, que en el fondo lo que hace es recopilar la información, levantar matrices de riesgo y planificar auditorias, y luego hay otros que tienen que ejecutar esas auditorías”, partió diciendo.
  • “Ambas partes, la directiva como la ejecutora, forman parte del mismo mecanismo, por lo tanto, el control interno está estructurado así y lo que debe hacer el CAIGG es eso, dar esos lineamientos y levantar esas alertas para poder decir bueno, esto es lo que tiene que auditar el auditor interno, así como lo hace la Contraría que tiene un nivel central que planifica, recopila la información y le dice a las regiones esto es lo que se tiene que auditar a nivel regional”.
  • Bermúdez fue consultado derechamente si el CAIGG audita o no.
  • Y respondió lo siguiente: “Es parte del mecanismo de control, por lo tanto a mí me parece que es como si uno dijese que se va a realizar una actividad sin la suficiente directriz. Tienen que haber directrices y esas directrices las hace el CAIGG. E históricamente, si uno piensa un poquito más atrás por ejemplo en el año 2020 a propósito de la pandemia, el CAIGG directamente también auditó entonces sí audita”.
  • No era la primera vez que el Contralor golpeaba a La Moneda. El mismo día en que expuso la subsecretaria Lobos en la comisión investigadora, Bermúdez aseguró que el consejo de auditorías era un órgano de control, y no meramente asesor.

Informe de Contraloría de 2008. Caldana leyó dos documentos en la mencionada comisión para ratificar que el consejo de auditoría tiene “un carácter meramente asesor”.

  • El problema, según explican quienes conocen del tema, es que lo citado por ella estaría descontextualizado.
  • Por ejemplo, el primer documento que leyó la auditora en el Congreso es de 2008. Se trata de un requerimiento de la Cámara de Diputados en que solicitaba un pronunciamiento de la Contraloría sobre la “naturaleza jurídica” del CAIGG, en el contexto de los contratos a honorarios de uno de sus funcionarios.
  • La auditora leyó esta frase del informe en el Parlamento: “En lo que concierne al Consejo de Auditoría cumple manifestar que por tratarse de un órgano asesor carece de las atribuciones propias de un servicio público y por ende, no procede que se le entreguen facultades decisorias”.
  • Ese dictamen indicaba después que “dicho Consejo no tiene una planta de personal, ya que está formado por funcionarios a contrata asimilados a la planta de la Segpres, destinados a dicho organismo”.
  • Así las cosas, dicen en el mundo judicial, la cita a la que hizo alusión Caldana era respecto de la contratación del personal y en ningún caso sobre el mandato del CAIGG.
  • Vale decir, dicho dictamen hace alusión a la orgánica interna del CAIGG, mientras que su mandato está dado por el artículo 1 del Decreto Supremo N°12 de 1997, el que explicita lo siguiente: El consejo “prestará su asesoría en la materia, efectuando proposiciones en torno a la formulación de políticas, planes, programas y medidas de control interno de la gestión gubernamental, en sus diversas instancias, conforme a las directrices definidas al efecto por el Gobierno y que tiendan a fortalecer la gestión de los organismos que conforman la Administración del Estado y el uso debido de los recursos públicos”.

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