La defensa de general (r) Juan Emilio Cheyre recurrió a la Corte Marcial a través de un escrito en el que pide que se le cite a declarar y que se dé curso a diligencias relevantes que a su juicio no fueron consideradas en la ampliación del procesamiento hecha por la jueza Romy Rutherford antes de dejar el cargo el pasado 1 de septiembre y que fue notificada el día 4.
Jorge Bofill, de Bofill Escobar Silva Abogados, señaló que no dejará de presentar ningún recurso que permita demostrar que “Juan Emilio Cheyre jamás tocó un peso de los gastos reservados”.
Entre los antecedentes no considerados, de acuerdo a la defensa, por la ex jueza del caso para decretar su ampliación de procesamiento se incluyen: cartolas de cuenta corriente de él y de su señora; declaraciones de bienes de cuando ingresó y cuando dejó el cargo; certificaciones de buen uso de los gastos reservados de la Contraloría y pruebas documentales que dan cuenta que cuando fue Comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre creó la Contraloría Interna.
Ahora, Bofill recurrió a la Corte Marcial solicitando que el general (r) sea interrogado en esa instancia y que además se tome declaración a personas vinculadas a los servicios de inteligencia de la época, con el objeto de corroborar que el ex Comandante en Jefe no tocó un peso de los gastos objetados.
Según ha señalado Bofill, Juan Emilio Cheyre no solo no perjudicó las arcas fiscales, sino que ordenó disminuir drásticamente el gasto, reduciendo el monto destinado a resguardar la seguridad de excomandantes en jefe. Ello especialmente respecto de los gastos para la seguridad de Pinochet y su familia. La defensa solicitó los oficios correspondientes al Ejército para que informe de la reducción de gastos por este concepto y se está a la espera de esta diligencia.
En relación con el informe pericial de la PDI, la defensa objetó el informe y solicitó careos de Cheyre con cuatro de los testigos mencionados en este informe: Sergio Álvaro Vásquez Undurraga, Juan Pablo de la Fuente Correa, Marcelo Ocampo Miño y Jaime Enrique Pantoja Moreno. Esta diligencia específica no fue autorizada por la entonces ministra, con el argumento de que pronto dejaría el cargo.
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