Desigualdad frente a la justicia. Un estudio efectuado por el movimiento ciudadano Salud Libre evidenció que la justicia hoy favorece mucho más a los usuarios de una isapre, que reclaman por alzas en los valores de sus planes, que a los usuarios de Fonasa, que exigen ser atendidos y que se cumplan los plazos GES. Así, mientras el 90% de juicios terminan a favor de los usuarios de isapre que presentan sus reclamos, en el caso de afiliados a Fonasa, que acoge a 15 millones de chilenos, apenas el 10% favorece a los pacientes y el 90% son rechazados.
Listas de espera GES. Las Garantías Explicitas en Salud (GES) fueron concebidas desde un principio como un compromiso del Estado de Chile para construir un sistema de salud universal. Sin embargo, de acuerdo con este estudio de Salud Libre, en 2019 la lista de espera de incumplimientos GES ya se había triplicado llegando a 19.653 casos. Para 2021, la cifra había aumentado a más del doble, llegando a 47.261 personas con incumplimientos. En marzo de 2022 este número llegó a 62.848 casos. Para marzo de 2023 se observó una leve baja llegando a 62.049 casos.
“Hemos normalizado la existencia de la lista de espera GES a un nivel de complacencia con el Estado que nos ha llevado a olvidar que en el fondo se trata del incumplimiento de una ley de la República. Es más, las mismas Cortes de Apelaciones no han considerado ilegal el actuar del Fonasa al denegar o retrasar el acceso a segundo prestador, siendo una materia clara en la ley y el reglamento”, señala Victoria Beaumont, fundadora del movimiento Salud Libre.
Recursos de protección ingresados a la justicia. Según Beaumont, entre 2021 y junio de 2023 fueron ingresados 214.374 recursos de protección correspondientes a GES en isapres, debido al alza del precio, mientras que en el mismo período de tiempo ingresaron 250 recursos contra Fonasa en las Cortes de Apelaciones y, de ellos, sólo 10 correspondieron a incumplimiento de las garantías GES.
“En estos casos, la materia del recurso es la denegación del segundo prestador, frente al incumplimiento del plazo de atención por parte del sistema público de salud (…) Esta realidad perpetúa la inequidad en el sistema de salud, pues los afiliados de Isapre encuentran rápida respuesta a su reparación por alza de precio, mientras pacientes de Fonasa se topan con miles de trabas para que se cumplan los plazos de acceso a las prestaciones garantizadas por ley”, agrega Beaumont.
De los 10 recursos presentados contra Fonasa por materias relacionadas con las GES, sólo 1 de ellos fue acogido. De los 6 rechazados, en 4 de los casos las cortes estimaron que no existió actuar arbitrario o contrario a la Ley por parte de Fonasa, pese a demostrarse los plazos vencidos y en otros 2 casos los rechazos se debieron al fallecimiento del beneficiario.
Finalmente, en el caso que se declaró inadmisible (se presentó en dos ocasiones), la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó que, tanto los procedimientos médicos como la oportunidad de atención, responden a criterios de la autoridad de salud que se estructuran en base a la administración de los recursos humanos y económicos de que dispone frente a las necesidades de las personas, cuestión que, a la larga, dice relación con políticas públicas en las cuales no cabe a los tribunales intervenir.
De acuerdo con Beaumont, “no se comprende entonces por qué frente a los incumplimientos de plazos de atención en prestaciones garantizadas y con protocolos estipulados en ley y reglamentos, los tribunales consideran que no existe ilegalidad, dejando a los afiliados de Fonasa sin poder ejercer su derecho a recibir la atención en los plazos estipulados, permaneciendo en las listas de espera, ni pudiendo reclamar efectivamente por la denegación de segundo prestador. Lo anterior mientras existe un comprobado deterioro en la salud, pues la gran mayoría de estos casos son pacientes de cáncer”.
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