La bancada de diputados de la UDI envió este viernes una carta a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos en las que solicitan un pronunciamiento por las solicitudes de refugio de deportistas cubanos, lo que “contribuiría de sobre manera a que el Gobierno se decida a tomar lo antes posible una decisión al respecto”, dice la misiva. En el documento, además, critican las declaraciones de las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo, además de los dichos del presidente del PC.
Una carta dirigida a distintos organismos internacionales de Derechos Humanos fue la que envió el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, y los parlamentarios gremialistas Cristian Labbé y Natalia Romero exponiendo lo ocurrido durante esta semana con integrantes de la delegación de deportistas cubanos en los Juegos Panamericanos.
La misiva fue enviada a la ONU, al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, al ACNUR, a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, a la Federación Internacional por los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y al INDH.
En ella solicitan a los distintos organismos que “tenga a bien emitir un pronunciamiento oficial respecto a la situación que viven los ocho atletas de nacionalidad cubana que, tras participar de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, decidieron abandonar su delegación y permanecer en Chile”. Esto, porque consideran que un pronunciamiento “contribuiría de sobre manera a que el Gobierno se decida a tomar lo antes posible una decisión al respecto, brindándole así una tranquilidad y seguridad a los deportistas afectados”.
En la misiva plantean que hay ocho atletas que abandonaron la delegación para permanecer en Chile por “las consecuencias y las graves restricciones que desde hace décadas impone la dictadura totalitaria que rige en ese país” y que en palabras del abogado que los representa, Mijail Bonito, en la eventualidad de que los deportistas decidieran o se vieran obligados a regresar a la isla, “si a Cuba se le ocurre señalar que son funcionarios públicos porque iban en representación del Estado, hay sanciones que van incluso hasta los 8 años de privación de libertad”.
Añaden las declaraciones de una de las hockistas, Yunia Milanés, quien planteó que cuando están en Cuba “podemos ver a nuestras familias dos veces al año” y que “pasamos rachas muy malas, donde no teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato sí y otro no, sin implementos ni protectores para la cara (…) recibimos una donación y tuvimos que esperar a que el país (Cuba) aprobara si nos podían dar o no para entrenar”.
Más allá de eso, los parlamentarios plantean a los organismos de Derechos Humanos que “la mayor preocupación ” son “las señales confusas que han dado las actuales autoridades”, luego de que se diera a conocer que los deportistas dejaron la delegación y que solicitaran refugio. “Transcurrida casi una semana desde que se divulgó la primera información relacionada con los atletas cubanos, el Presidente Gabriel Boric no se ha referido públicamente al hecho“, señalan los diputados.
Y añaden que quien sí se refirió al tema fue la ministra Carolina Tohá “de manera absolutamente inoportuna”, aludiendo a que llamó a “no especular” y que “perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo”. También plantearon que el presidente del PC, Lautaro Carmona, “desdramatizó” los hechos considerando que dijo que “otras veces ha pasado lo mismo y los tratamientos son los correctos, luego ellos vuelven a Cuba, al país donde se quedaron también” y que “yo no le doy ninguna dimensión, salvo que alguien quiera construir de esto una cosa de marca mayor”.
También citaron los dichos de la ministra Camila Vallejo quien “si bien reconoció que el caso les generaba una “preocupación”, reiteró que “hasta el momento ninguno de estos deportistas ha presentado algún tipo de requerimiento”, indicando que “no corresponde pasar por encima de los procedimientos”.
Por lo anterior, dicen desde el gremialismo, “vemos con gran preocupación que las actuales autoridades no le estén dando la relevancia que merece un caso como este” y recuerdan a los organismos internacionales que en febrero el Ejecutivo informó que ofrecieron protección y nacionalidad a 300 opositores al Gobierno de Nicaragua luego de que fueran exiliados.
Este hecho, dicen, “refleja, lamentablemente, que en este caso en particular existirían otras razones, más bien de carácter político, que impedirían a las autoridades poder actuar de la misma forma que antes, las que a nuestro juicio guardan directa relación con el Partido Comunista de Chile”.
Lea acá la carta completa:
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