Varios son los actos de fiscalización que han iniciado los diputados por el caso de los convenios firmados entre el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y el entonces representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Entre ellas, está la presentación de distintas Comisiones Especiales Investigadoras.
La primera en ser presentada —y que alcanzó las 62 firmas necesarias— fue por parte de RN. De ella ya se dio cuenta en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El parlamentario PDG Rubén Oyarzo también alcanzó las firmas para otra sesión especial. La iniciativa cuenta con la firma de la diputada Catalina Pérez.
En sus objetivos, la comisión especial arremete contra el Minvu, liderado por el ministro Carlos Montes, al señalar que la instancia busca “recabar antecedentes de las actuaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la entrega, fiscalización y ejecución de fondos públicos, especialmente aquellos que se realizan por la vía del trato directo, con el objeto de conocer los estándares y mecanismos determinados para la elección de entidades con las que se contrata, como también, los protocolos implementados a nivel nacional para velar por la probidad y transparencia en la toma de decisiones por parte de sus autoridades”.
El primer eslabón de la crisis fue Democracia Viva, cuyas operaciones golpearon en la línea de flotación a RD -y a La Moneda- por los millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por Carlos Contreras (RD), y la fundación, liderada por Daniel Andrade (RD).
El primero fue un influyente asesor de la parlamentaria de la misma región, Catalina Pérez (RD), mientras que el segundo fue pareja de ella. Por el caso el partido expulsó a Contreras y Andrade, se suspendió la militancia de Pérez -quien debió forzadamente dejar la vicepresidencia de la Cámara y ha sido blanco de críticas desde su propia colectividad- y fue despedida Tatiana Rojas, la ex subsecretaria a la que en principio apoyó Montes, pese a que ella tenía antecedentes del escándalo desde el 2 de mayo.
Quienes estuvieron al tanto de la conformación de la Comisión Investigadora señalan que la firma de Pérez habría ocurrido entre las 16:00 y las 17:00 horas de este jueves.
Durante este lunes por la mañana, desde el equipo de Pérez se señaló que la diputada estaba con licencia médica, la que finalmente se presentó durante la tarde de este lunes —antes de las 16:00 horas— y que comprende desde hoy hasta el 23 de julio.
Al respecto, la senadora Paulina Núñez (RN) exigió lo siguiente a través de una declaración:
“Se hace extremadamente relevante que en el transcurso de la investigación de los posibles hechos delictuales, la parlamentaria sea consecuente con lo que hace tan solo uno años atrás pensaba y que solicite su desafuero para que enfrente la Justicia como a cualquier persona que se encontrara en esas circunstancias. Este es un problema más profundo: ¿Dónde quedó la “escala de valores” que se pontificaba? ¿Dónde quedó la eliminación de los privilegios? ¿Dónde está la igualdad ante la ley que tanto se propugnaba?”
“Siendo consecuentes, el desafuero debe ser una iniciativa de la parlamentaria, y en su defecto, de su partido, RD, que es querellante. Si su inocencia es tal como lo afirma, no debe tener temor alguno a enfrentar la justicia sin privilegios procesales, una respuesta distinta no se entendería”.
“Durante su licencia médica sería bueno que la diputada reflexione sobre la renunciar a su fuero parlamentario porque es la única manera que la justicia resuelva sobre su responsabilidad en todo este caso, sin esa protección”.
LEA A CONTINUACIÓN LA DECLARACIÓN DE LA SENADORA PAULINA NÚÑEZ (RN):
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