Caso De la Carrera: Sanciones en el Congreso, un privilegio que debe cesar. Por María Jaraquemada

Sobre actuar de Gonzalo de la Carrera: ¿Qué pasaría si una Ministra o Ministro incurriera continuamente en estas faltas? ¿O un trabajador de una empresa en el sector privado? Probablemente, en el primer caso sería removido de su cargo por el Presidente de la República, además de ser sujeto a una acusación constitucional, con altas probabilidades de acogerse, lo que le impediría ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. En el caso de un trabajador en el sector privado, probablemente sería despedido de modo justificado sin derecho a indemnización alguna.

Una vez más el diputado Gonzalo de la Carrera (ex Partido Republicano) hizo noticia por un escándalo y logró un repudio transversal a sus dichos que básicamente atentan contra la dignidad de una de sus compañeras de hemiciclo y contra toda una comunidad que suele ser víctima de discriminación y violencia. A esto se le suman otros hechos como cuando golpeó al vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Suman y siguen las polémicas, algo que al parecer ya parece ser parte de una estrategia comunicacional y política.

Así, nuevamente pasará a la Comisión de Ética, la que deberá determinar si este hecho infringe de algún modo sus obligaciones como diputado, tal como las establecidas en el reglamento de actuar con fraternidad frente a sus colegas, absteniéndose “cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales de ellos”, ejercer el cargo con respeto a las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias o ser justos y respetuosos en el trato con los demás diputados.

¿Qué sanciones arriesga este contumaz parlamentario? Tal como señala el reglamento, puede ser sancionado con llamado al orden, amonestación y censura (prácticamente un llamado de atención o anotación en el libro de curso por mal comportamiento), a lo que se puede agregar una multa que va desde el 2% al 15% de la dieta mensual. De hecho, por el puñetazo al Vicepresidente de la Cámara obtuvo la máxima sanción: censura y la retención de un 15% de su dieta mensual, lo mismo que podría recibir ahora al considerar como agravante la reiteración en este tipo de conductas.

¿Qué pasaría si una Ministra o Ministro incurriera continuamente en estas faltas? ¿O un trabajador de una empresa en el sector privado? Probablemente, en el primer caso sería removido de su cargo por el Presidente de la República, además de ser sujeto a una acusación constitucional, con altas probabilidades de acogerse, lo que le impediría ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. En el caso de un trabajador en el sector privado, probablemente sería despedido de modo justificado sin derecho a indemnización alguna.

Esto nos vuelve a poner en un asunto largamente discutido: ciertos privilegios de los cuales gozan los parlamentarios a diferencia de otras autoridades o trabajadores del sector público o privado. A mi juicio, esto es una de las causas relevantes del desprestigio actual del Congreso (un escuálido 8% confía en éste según la última CEP).

Algunas personas plantean que este tipo de hechos merecen la cesación en el cargo y el Gobierno anunció que pondrá urgencia a un proyecto de ley que establece esta máxima sanción en el caso de incitar al odio. Se trata de un tema complejo, donde hay que buscar el delicado equilibrio entre tener sanciones reales ante hechos de gravedad (como faltas a la ética y la integridad), pero también que den la debida garantía que no serán mal utilizados para censurar o cesar a personas elegidas por el voto popular por motivos exclusivamente políticos (algo que alega el diputado en cuestión, quien se considera a sí mismo una víctima del sistema político).

Para esto, a mi juicio, es clave avanzar en dos aspectos: el primero, sanciones que realmente “duelan”. Esto puede implicar multas más altas, hasta considerar otros aspectos como la pérdida del derecho a la palabra por algunas sesiones (en algunos congresos de Estados Unidos existe esta medida) y, claramente, para hechos muy graves, la destitución en manos de una entidad independiente y con un debido proceso, como hace unos años se estableció para quienes infrinjan gravemente las normas de financiamiento electoral, como recibir aportes de empresas.

El segundo, establecer una entidad que sea independiente de los parlamentarios que fiscalice y sancione cuando corresponda, por infracciones a sus deberes y obligaciones. Al gobierno lo fiscaliza la Contraloría, una entidad autónoma. En el caso del Congreso, esto no es así. Las Comisiones de Ética están integradas por diputadas y diputados, que son pares de a quienes juzgan, de la misma coalición u opositores, lo que puede generar conflictos de interés y no garantizar una adecuada imparcialidad o rigurosidad en las sanciones. Tal como se dice coloquialmente “entre bueyes, no hay corneadas”.

Hoy se discute en el Congreso la Reforma Tributaria y la oposición ha planteado reparos de nuevas atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras que se le quieren otorgar al Servicio de Impuestos Internos. Hace un tiempo, el Tribunal Constitucional recortó fuertemente las facultades que el Congreso otorgó al Sernac de sancionar, por no dar garantías a los fiscalizados.

Estas preocupaciones, son más acuciantes en el caso del Congreso y desde hace muchos años se han planteado soluciones concretas por parte de la sociedad civil basadas en experiencias exitosas de otros países, como el establecimiento de una Dirección de Ética, integrada por personas autónomas, con un perfil adecuado y con competencias suficientes para realizar las investigaciones y sanciones adecuadas, garantizando un debido proceso. Lamentablemente el proyecto de ley que lo recogía, se encuentra “durmiendo el sueño de los justos” en la Comisión de Constitución del Senado desde el año 2017.

El Congreso es una de las instituciones clave en un sistema democrático y nos representa en la toma de decisiones más relevantes. Es urgente retomar la confianza en él y quienes lo integran. Para esto, los privilegios frente a otras personas, como las sanciones inocuas deben modificarse ante quienes utilizan el escándalo y la agresión como una estrategia política. Son los propios parlamentarios los que tienen en su poder cambiar esta situación ¿Hasta cuándo tendremos que esperar y seguir lamentando estas situaciones?