Caso convenios: Ministro Cordero ahora pone énfasis en que Crispi es funcionario de la Presidencia para justificar su silencio

“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, dijo el contralor Bermúdez, derribando la tesis que levantó el ministro Cordero inicialmente respecto a que el Jefe del Segundo Piso de La Moneda Miguel Crispi (RD) no estaba obligado a acudir a la comisión especial del caso Convenios, dado que estaba contratado a honorarios, lo que no le otorgaba la calidad de funcionario público. Esta vez puso el foco en las condiciones de reserva de los asesores presidenciales, lo que encendió los ánimos en la derecha, pero también en diputados del Socialismo Democrático.

Un golpe inesperado. “Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, señaló al mediodía el contralor Jorge Bermúdez en la comisión investigadora del caso Convenios. Bermúdez puso así una lápida a la estrategia judicial y política que había levantado hasta entonces el gobierno para evitar que el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), acudiera a la mencionada comisión, tal como ya lo ha hecho en 2 ocasiones.

• De Crispi se han instalado dudas sobre cuándo se enteró del caso Democracia Viva y su decisión de validar -en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional- un convenio entre el gobierno regional de Antofagasta y la cuestionada Fundación ProCultura para el pintado de fachadas por $630 millones (su valor fue de $260 mil por metro cuadrado).
• El ministro Luis Cordero había planteado que Crispi no estaba obligado por ley a concurrir a la comisión, dado que es un funcionario a honorario.
• “Miguel Crispi es una persona contratada a honorarios y en esto yo voy a hacer referencia a lo señalado por la jurisprudencia de la Contraloría: La jurisprudencia de la Contraloría históricamente ha calificado a lo honorarios y ha señalado que no son funcionarios públicos, sin perjuicio que prestan servicios al Estado y están obligados a ciertas obligaciones públicas”, indicó el viernes el ministro de Justicia a radio Duna.

El discurso del ministro. El que Bermúdez señalara que todos quienes reciben fondos públicos están sujetos a rendición de cuentas derribó el núcleo de la tesis de Cordero, que había llevado el viernes a la ministra Carolina Tohá a decir que el sociólogo RD no estaba obligado a ir a la comisión.

• Cuatro horas después de la intervención del contralor en el Congreso, el ministro realizó un punto de prensa en La Moneda donde puso el foco en otro argumento para justificar la ausencia de Crispi en la comisión.
• Esta vez dijo lo siguiente: “La discusión de este caso en concreto es si la Presidencia de la República y quienes se prestan servicios en ellas, por la naturaleza los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora y entregar información de los asuntos de los cuales tienen conocimiento en el desarrollo de su función”.
• “En opinión del Ejecutivo existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso en materia que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto”.
• La primera vez que había esbozado esa tesis el ministro fue el viernes pasado, cuando, también en radio Duna, señaló que la inasistencia de Crispi “no solo tiene que ver con la condición del contratado a honorario, sino que también de quienes se encuentran en el gabinete presidencial sujetos a ciertas condiciones de reserva”.
• Este lunes, Cordero no distinguió entre funcionarios públicos y funcionarios que reciben su sueldo a honorarios, sino que instaló el conflicto en la Presidencia de la República y el papel que desempeñan los asesores (pese a que a las comisiones investigadoras suelen acudir ministros de Defensa o del Interior, que manejan información muy sensible).
• Para algunos, el que ministro llevara el caso hasta la Presidencia fue un error político, dado que expone a Boric ante la porfiada decisión de que Crispi no acuda a la comisión investigadora, un asunto que solo ha terminado acrecentado las interrogantes sobre su rol en el caso Convenios.
• “Sobre este punto el Gobierno quiere ser bastante claro: esto es un asunto que no tiene que ver con Miguel Crispi, esto es un asunto que tiene que ver con el Estatuto de la Presidencia de la República”, indicó el ministro, quien, de todas formas, dejó el caso en manos del contralor.

La comparación con el caso Caval. Buena parte de los hechos por los cuales fue citado al Congreso Crispi -que ha guardado completo silencio desde el 16 de junio, cuando estalló el caso Democracia Viva- tienen relación con su rol como subsecretario de Desarrollo Regional de la administración Boric y no como Jefe del Segundo Piso.

• Por lo demás, la ministra Jeannette Jara, que habló cerca de las 2 de la tarde en su calidad de vocera subrogante del gobierno, había puesto el foco en otro punto.
• “Revisados los casos anteriores, que no hay mucha jurisprudencia sobre esta materia, si podemos encontrar un caso que el año 2015, la jefa de gabinete de la Presidenta en ese entonces, fue citada a declarar a un caso dentro de la comisión investigadora, pero la misma comisión investigadora, en atención a verificar la situación particular de los funcionarios que ejercen su trabajo, el rol de las personas que trabajan en Presidencia, determinó enviarle un cuestionario por escrito”, indicó Jara, lo que inicialmente fue interpretado como un eventual interés de que Crispi responda a través de un cuestionario las interrogantes de la comisión investigadora.
• Lo que no dijo Jara es que el caso al que aludió, relativo a la comparecencia de Ana Lya Uriarte al Congreso por el caso Caval, se trataba de un tema entre dos privados -Uriarte asesoró a Caval antes de ser designada por Bachelet como su jefa de gabinete- y no un asunto que la involucrara como funcionaria de gobierno.

Molestia en el Congreso. Desde julio que el ministro Cordero tomó el control de la crisis que desató el caso Democracia Viva, luego de los dichos de Boric respecto a cómo y cuándo se había enterado del escándalo. Antes lo había hecho con los indultos, cuya intervención fue bien evaluada en el Segundo Piso de La Moneda, pese a que ni él ni el Presidente se hicieron cargo de la gravedad de los informes de Gendarmería desfavorables -no vinculantes- para buena parte de los indultados del 18-O.

• El problema es que esta vez, al intentar eludir que Crispi acuda a la comisión, terminó cuestionando la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
• Las críticas por los dichos de este lunes del ministro no solo se hicieron sentir en la derecha, sino también en la centroizquierda, como ocurrió con Marcos Ilabaca (PS) y Raúl Soto (PPD).

Lo que viene. Para este viernes 20 de octubre está programada la última sesión de la comisión especial investigadora del caso Convenios, pero que podría ser prorrogada hasta el jueves 9 de noviembre si es que la sala de la Cámara de Diputados lo aprueba. Si ello ocurre, el jefe del Segundo Piso de La Moneda podría ser citado por tercera vez a la instancia.