“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, señaló el contralor Jorge Bermúdez luego de que el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, se excusara en dos instancia para asistir a la comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados. Además Bermúdez apuntó al rol de la Dipres, liderada por Javiera Martínez, en el caso de la transferencia a privados por parte de los gobiernos regionales y expuso la disminución de requisitos para ello en la ley de presupuesto del año 2023.
Qué observar. En dos ocasiones, el jefe del Segundo Piso de La Moneda Miguel Crispi (RD) se excusó para no asistir a la comisión especial investigadora que analiza los traspasos a fundaciones bajo el programa Asentamientos Precarios del Minvu.
- Fueron dos citaciones las que envió la comisión liderada por el RN Juan Luis Castro luego de que el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señalara en la misma comisión que fue el sociólogo, en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional, quien validó a la Fundación ProCultura para el pintado de fachadas por $630 millones (con un valor de $260 mil por metro cuadrado).
- Para la primera de ellas, desde La Moneda plantearon que Crispi no estaba obligado a asistir a la instancia, ya que, técnicamente, quienes tienen ese deber son los “funcionarios públicos” y no el personal contratado a honorarios, como es el caso del Jefe del Segundo Piso. Para aquello se cita el dictamen N° 11.588, de 2009, de Contraloría.
- La tesis la levantó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien tomó el control de la crisis que desató el caso Democracia Viva, luego de los dichos de Boric respecto a cómo y cuándo se había enterado del escándalo. Antes lo había hecho con los indultos, cuya intervención fue bien evaluada en el Segundo Piso de La Moneda, pese a que ni él ni el Presidente se hicieron cargo de la gravedad de los informes de Gendarmería desfavorables -no vinculantes- para buena parte de los indultados del 18-O.
- El jueves, Cordero profundizó en otro eje su defensa y planteó que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos”. Ese mismo día, Crispi estaba citado por segunda vez a la comisión. También se excusó y envió una carta, apuntando a la responsabilidad de otros organismos en el caso de los traspasos a la Fundación ProCultura.
- La ministra Carolina Tohá también salió en su defensa: “No hay ningún impedimento, él no está obligado a asistir”.
- La presión de la oposición a La Moneda aumentó durante los últimos días e incluso el viernes desde la UDI explicitaron que, de no asistir Crispi a la comisión, la partida del presupuesto 2024 respecto a Presidencia sería rebajado a $1.
- Tras los dichos de Bermúdez, el diputado PS Marcos Ilabaca, integrante de la comisión, dijo que “la decisión que ha adoptado el gobierno en orden a persistir con una postura que es la no asistencia del señor Crispi le hace daño al gobierno (…). Creo que el gobierno en esta materia se equivocó”.
El golpe de Bermúdez. Por la ausencia de Crispi, la comisión investigadora definió la semana pasada recurrir a la Contraloría para “iniciar un procedimiento administrativo sancionador”. Pero no fue necesario que el ente contralor se pronunciara, ya que Jorge Bermúdez estaba invitado a la comisión para este lunes.
- “Nosotros desde la contraloría lo vemos así: En un Estado democrático uno de los principios fundamentales es el de rendir cuentas. Eso no significa solo dar cuenta de cómo se usan los recursos. Dar cuenta significa dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de expresar. Eso independientemente de la denominación que tenga su cargo”, explicitó el Contralor.
- Y continuó: “Hay distintos mecanismos de control: Uno de esos mecanismos de control en un estado democrático es efectivamente una comisión especial investigadora que tiene legitimación democrática, por lo tanto, evidentemente uno tiene que tener como mínimo una deferencia respecto de esa entidad”.
- “Nosotros tenemos que darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión”.
- “La tendencia de la Contraloría ha sido el que uno tenga que atender a la función que se desempeña más que a la denominación, que quiero decir con esto, nosotros hemos ido entendiendo que no es tan relevante la denominación que puede tener una fórmula contractual”.
- “No existe jurisprudencia y hoy nos corresponde esperar que nos responda para emitir el dictamen a la brevedad”.
El caso de la Dipres. Jorge Bermúdez no solo apuntó a Crispi, sino también a cómo se flexibilizaron los criterios en la ley de presupuestos del 2023 para la transferencia de recursos desde los gobiernos regionales hacia las fundaciones.
- Lo primero, pero algo ya conocido, es que se eliminó que las instituciones privadas sin fines de lucro que puedan recibir recursos debían tener “una personalidad jurídica no inferior a 2 años”, algo que se establecía en la ley de presupuesto del 2022.
- Lo segundo que planteó fue que la ley de presupuesto le encargó a la Dipres, organismo liderado por Javiera Martínez (RD), realizar un procedimiento que regule los traspasos a privados, pero lo que finalmente hizo esa resolución, firmada por Martínez, fue encargarle “a los gobiernos regionales que ellos dicten un reglamento para que puedan hacer la asignación directa”, explicitó Bermúdez.
- Y en tercer término planteó que en el caso de los proyectos que realicen los municipios con dineros del Fondo Regional de Iniciativa Local, “no podrán hacer objeto de división o fraccionamiento, respecto de su costo total, en iniciativas cuyo monto sea inferior a 3.000 UTM”. En 2022 ese monto era de 2.000 UTM, es decir, alrededor de $64 millones menos.
- Por este motivo, la comisión acordó oficiar a Javiera Martínez.
- Todo esto es de especial relevancia en medio de presiones de la oposición a La Moneda para que Martínez no continúe en su cargo: La semana pasada, Chile Vamos le envió una carta al Presidente Gabriel Boric para que le solicite la renuncia y además desde la oposición explicitaron que no dejarán entrar a la directora de la Dipres a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se discuta la ley de presupuesto 2024, a mediados de noviembre.
15 días más. El contralor Jorge Bermúdez llegó temprano este lunes al Congreso. Estaba invitado a la comisión investigadora y su presentación era de las más esperadas en la instancia. Explicó que ya despachó las observaciones a los GOREs y a las distintas Seremi de Vivienda, que los informes, por ahora, tienen carácter de reservado, y que esperan tener los informes finales el 30 de octubre, con las respuestas de cada organismo ya entregadas.
- De todas formas adelantó que algunas de las observaciones ya vistas en el caso de la Seremi de Vivienda de Antofagasta “tienden a repetirse en otras entidades analizadas”.
- Así las cosas, Bermúdez podría realizar en 15 días más otro duro golpe en el caso Convenios.
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