La sola posibilidad de que el Ministerio Público cite a declarar a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, al jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y el ex ministro Giorgio Jackson endureció a la oposición. Crispi, un hombre de total confianza de Boric, no asistirá por segunda vez a la comisión especial investigadora del caso Convenios, lo que encendió un fuerte malestar en Chile Vamos, que recurrirá a la Contraloría para que analice la posibilidad de sancionarlo. A Martínez, cercana al ministro Marcel, el bloque evalúa no dejarla entrar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para la discusión del proyecto de ley del Presupuesto 2024.
Panorama general. La Fiscalía de la Región de Antofagasta amplió el pasado 8 de agosto la querella criminal en los términos presentados por los diputados republicanos Cristian Araya y Juan Eduardo Irarrázaval, lo que significó ampliar la investigación tanto a la directora de la Dipres Javiera Martínez como al jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y al ex ministro Giorgio Jackson.
- Los tres militantes de RD están actualmente en calidad de querellados en una causa que se encuentra desformalizada. Y si bien aún no han sido citados a declarar, todo apunta a que la fiscalía lo harán próximamente.
- De ahí que este miércoles Chile Vamos y el Partido Republicano profundizaron una arremetida que comenzó hace al menos dos meses.
Negarle la entrada a la sala a Javiera Martínez. Para el jueves 26 de octubre está programado que las subcomisiones de Presupuesto entreguen un informe de las partidas revisadas del proyecto de ley de presupuestos 2024 ingresado por el Ejecutivo a finales de septiembre. Posterior a eso, y hasta el 9 de noviembre, será la comisión mixta encargada de la materia de continuar con el análisis de la iniciativa para que luego sea votada en las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.
- Aunque las tramitaciones del proyecto de presupuesto son siempre difíciles para los gobiernos de turno, este año se entrecruza con las indagatorias del Ministerio Público.
- Históricamente es el encargado de la Dirección de Presupuesto (Dipres) quien tramita el proyecto de presupuesto, de la mano con el ministro de Hacienda. De ahí que Martínez tomará especial protagonismo durante las próximas semanas.
- La tarde de este miércoles, los jefes de bancada de Chile Vamos enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric en que plantean que la continuidad de Martínez en su cargo “parece un escollo insalvable con miras a la tramitación del presupuesto”.
- Algo similar indicaron desde la bancada del Partido Republicano, quienes a través de una declaración pública pidieron a Boric “que tome medidas concretas y solicite su renuncia inmediata”.
- Pero más allá de las declaraciones, ya existe un asunto que está meridianamente conversado entre los parlamentarios de oposición: Cuando a mediados de noviembre se discuta el proyecto de presupuesto en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, no dejarán entrar a Martínez.
- Reglamentariamente, se requiere la unanimidad de los parlamentarios presentes para que una autoridad de gobierno que no sea ministro pueda ingresar a la sala.
- “Nuestra bancada lo más probable es que no la va a dejar entrar”, dice el jefe de bancada de los republicanos, Agustín Romero.
- Lo mismo plantea el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum: “Cualquier diputado puede levantar la mano y negarse permanentemente a que entre”.
- En este caso, y de manera inédita, deberá ser el ministro Marcel o la subsecretaria Heidi Berner quienes asuman las labores de explicar las partidas del año 2024.
- Algo similar puede ocurrir en las comisiones. Si bien a Martínez no se le puede prohibir el ingreso a estas instancias, si es que uno de los parlamentarios presentes no entrega la unanimidad, se le puede prohibir hablar mientras se realicen las sesiones. Eso último ha ocurrido, por ejemplo, con el asesor de Interior, Rafael Collao, en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Pedir la renuncia de Miguel Crispi. El caso de Miguel Crispi es distinto. Como jefe de asesores de Boric no tiene un rol en el Congreso y la única vez que podría haber estado presente podría haber sido en la comisión especial investigadora que analiza las transferencias realizadas en el marco del Programa Asentamientos Precarios del Minvu.
- Crispi fue citado para la sesión del lunes pasado luego de que el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señalara en la misma comisión que fue el sociólogo, en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional, quien validó a la Fundación ProCultura para el pintado de fachadas por $630 millones (con un valor de $260 mil por metro cuadrado).
- Sin embargo, a través de un correo, declinó asistir.
- El presidente de la instancia, José Miguel Castro (RN), lo citó para este jueves, pero otra vez declinó asistir.
- Esta vez envió una carta para excusarse: “Considerando en análisis técnico favorable del GORE de Antofagasta, el 14 de junio de 2022, se informó la validación de la fundación ProCultura como sub ejecutor del Programa Puesta en Valor del Patrimonio”, dice parte del documento que hizo llegar a la comisión. “En el mismo oficio, se realizó la prevención de que la aprobación de recursos para el cofinanciamiento de esta iniciativa requiere el cumplimiento de requisitos, como la aprobación del Consejo Regional. Además, señaló que la respuesta a una eventual solicitud de este tipo estaría determinada por la disponibilidad presupuestaria del Fondo de Apoyo a la Contingencia”, añade, apuntando a la responsabilidad de otros organismos.
- “Es una provocación a este Congreso”, respondió el diputado Castro, quien explicó que en la sesión de este jueves de la comisión -que está citada para las 12:30 horas- buscará tomar el acuerdo de los presentes para enviar una solicitud a la Contraloría para que “puedan tomar sanciones” por la ausencia de Crispi.
- Entendidos en esta materia que fueron consultados por Ex-Ante plantean que Contraloría no podría sancionar, pero sí podría llegar a amonestarlo en el caso de que se demuestra que tenía la obligación legal de acudir a la comisión..
- Este jueves, además, ocurrirá otra votación en la comisión investigadora en la que se buscará enviar una carta al Presidente Boric pidiendo la salida de Crispi del Segundo Piso.
El caso de la Directora de la Dipres. Javiera Martínez ha sido cuestionada por rectificar en 4 ocasiones su declaración de patrimonio e intereses (la última vez omitió su trabajo como asesora de Giorgio Jackson) y flexibilizar en la Ley de Presupuestos 2023 los requisitos de transferencias de las gobernaciones. De lo último, la jefa de la Dipres se ha defendido señalando que la iniciativa fue posterior a los casos de irregularidades que investiga el Ministerio Público, que en mayoría datan de 2022.
- Martínez también forma parte del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, organismo cuestionado por ordenar en junio de 2022 que las fiscalías internas de los ministerios y reparticiones públicas, dejaran de reportar en sus informes las transferencias, así como cuentas corrientes, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar, entre otros ítems.
- Pero además, ha estado bajo la mira la Fundación Rumbo Colectivo, centro de pensamientos ligado a RD que Martínez presidió entre 2020 y 2022. La ONG registraba entre sus colaboradores y aliados a la Fundación Democracia Viva de Daniel Andrade.
- Otro tema que generó polémica, fue el visto bueno que dio desde la Dipres al proyecto de la fundación ProCultura, del psiquiatra Alberto Larraín, para la restauración de fachadas en Antofagasta por un monto de $630 millones. Iniciativa validada por la Subdere, que entonces dirigía el actual jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD).
- Dipres respondió ante eso, que dicha tramitación fue procedimental, según normativa, y no sobre el mérito del gasto o de la institución ejecutora.
- A eso se suma que en la declaración que realizó Edson Dettoni, ex secretario general de RD, al Ministerio Público, señaló que con fecha 21 de junio, ya estallado el escándalo de Democracia Vica, Martínez le informó que había escuchado que Catalina Pérez sabía con meses de antelación -por lo menos entre marzo y mayo de 2023- de lo que ocurría con la fundación.
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