La vocera del gobierno, Camila Vallejo, dio un punto de prensa en el cual cuestionó que la Comisión Investigadora del caso convenios citara al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD). Se han planteado dudas sobre cuándo Crispi se enteró del caso Democracia Viva. Otro punto haber validado un convenio entre el gobierno regional de Antofagasta y la cuestionada fundación ProCultura. Además del Congreso, otro problema para Crispi es el flanco judicial. De hecho ya contrató al abogado Luis Hermosilla. El jefe de asesores está citado para este jueves a la comisión investigadora.
Lo que se dijo. Este miércoles la vocera de gobierno Camila Vallejo salió a desdramatizar las versiones que apuntan a que Crispi, la directora de la Dipres, Javiera Martínez y el ex ministro Giorgio Jackson, todos de RD, fueron citados en calidad de imputados por el Ministerio Público ante una querella del Partido Republicano, en el marco del caso Convenios.
- En altas fuentes del mundo judicial señalan que aquello no ha ocurrido hasta ahora, pero que sí serán citados a declarar ante la Fiscalía sin distinguir si como testigos o como imputados, lo que representa una diferencia en términos legales.
Citación a la Cámara de Diputados. El lunes pasado, el jefe del Segundo Piso estaba citado a la Comisión Especial Investigadora de los traspasos realizados por las Seremi de Vivienda a organismos privados bajo el Programa de Asentamientos Precarios.
- Crispi, sin embargo, respondió que no podía asistir, sin entregar otras opciones para asistir, pese a que, señalan en la oposición, los funcionarios públicos están obligados a ir cuando están citados en comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Desde que estalló el caso públicamente, el 16 de junio, Crispi ha guardado silencio frente al tema. Y todo apunta a que no asistirá este jueves a la segunda citación de la comisión.
- Crispi ejerce un cargo estratégico muy cercano al del Presidente.
- “¿Ha solicitado Miguel Crispi asistir a la comisión?”, le preguntaron a la ministra. Y respondió: “El gobierno ya ha sido muy claro y transparente en señalar cuándo y cómo se enteró de este caso, entonces la insistencia en personalizar una supuesta versión distinta de eso por parte de algunos parlamentarios la verdad es que cabe en lo que es la pequeña política. Yo esperaría que el Congreso Nacional dedicara más tiempo en poder sacar los proyectos relevantes para el país, que tienen que ver con pensiones, con pacto fiscal, con la misma agenda de probidad que hemos presentado, para enfrentar de manera seria esto en vez de estarlo utilizando de manera permanente como una pelea política o un ánimo de llegar lo más cerca del Presidente para hacerle un daño al Presidente, porque eso es lo que está detrás”.
Defensa política y legal. Hasta ahora el gobierno ha sostenido que Crispi no está obligado a asistir a la comisión con el argumento de que técnicamente, quienes tienen ese deber son los “funcionarios públicos” y no el personal contratado a honorarios, como es el caso del Jefe del Segundo Piso. Esa interpretación legal no es unánime entre abogados expertos en derecho administrativo. La derecha ya anunció una ofensiva ante la Contraloría para que se pronuncie sobre su ausencia.
- En forma paralela, en el ámbito circunscrito a lo legal, Crispi fichó a Luis Hermosilla como su abogado ante la querella de los republicanos. Hermosilla, un abogado de gran trayectoria y muy reconocido en la plaza. defendió a Andrés Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente en el Congreso. Boric fue uno de los 10 firmantes del líbelo junto a Catalina Pérez.
- La declaración del secretario ejecutivo de RD. La tarde del lunes 3 de julio, La Tercera publicó que la directiva de RD, liderada entonces por Juan Ignacio Latorre, se enteró 10 días antes de que estallara el escándalo -a través de una reunión que sostuvieron de manera telemática con Daniel Andrade, Carlos Contreras y parte del equipo de la diputada Catalina Pérez, todos para entonces militantes de RD- de antecedentes del caso.
- En una rueda de prensa, Latorre dijo que la información no se la entregó a Carlos Montes y al entonces ministro Jackson, pero no respondió en 2 ocasiones si le había comentado lo ocurrido a Miguel Crispi, el también RD que como Subsecretario de Desarrollo Regional designó a la tercera línea de gobierno, incluyendo a los Seremis.
- Tres horas después, Latorre envió una rectificación a los medios señalando que él no había traspasado información alguna a ningún asesor presidencial.
- Crispi, junto a Carlos Durán, son probablemente los asesores más estrechos del Presidente.
- La administración pública exige que sus funcionarios entreguen a la justicia antecedentes de corrupción dentro de las primeras 48 horas de enterarse de aquello.
El oficio que llevó el caso al Segundo Piso. El 14 de junio de 2022, Crispi -entonces subsecretario de Desarrollo Regional- envió el oficio 2377 / 2022 al gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz (ex RD).
- En el documento respondía a la solicitud de validación del convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”, que la gobernación había asignado en forma directa a la fundación ProCultura, por $630 millones.
- La adjudicación había ocurrido pese a que sus actividades económicas registradas en el SII eran por “venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza” y “fundación y corporaciones; asociaciones que promueven actividades”.
- Según La Tercera, la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín -a quien se le ha atribuido cercanía con el Presidente Boric- está siendo investigada en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, por al menos seis convenios que suman en total $ 3.149.671.689.
- El oficio enviado por Crispi al gobernador para visar la operación señala lo siguiente: “La fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”.
- El problema fue que la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios, que suman 2400 metros cuadrados en Antofagasta -lo que según la fundación Procultura incluye el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas- costó $630 millones. El valor aproximado por metro cuadrado fue de 262 mil pesos, muy por sobre el precio de mercado.
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